Desenterrar la historia: recuperar a los desaparecidos en dictadura

Las conmemoraciones y las performances de resistencia en septiembre de cada año refrescan la memoria, transmiten los crímenes ocurridos en Chile a partir de un martes 11 de septiembre de 1973. Se recuerdan las privaciones arbitrarias de libertad, las ejecuciones masivas, los centros de tortura, las fosas clandestinas, los cuarteles, los lugares de exterminio de la vida, las inhumaciones ilegales, la persecución, los crímenes y asesinatos de todas y todos aquellos que no pudieron regresar a sus hogares y con sus familias.

A lo largo y ancho del territorio nacional son muchas las historias y, asimismo, las preguntas al respecto. Las verdades aún no son lo suficientemente claras, no hay justicia generalizada, no habría reparación posible, ni menos perdón ni olvido; las muertes no son transables. Fueron personas sometidas por las fuerzas represivas, atravesando la detención, el desplazamiento, la tortura, la muerte y el abandono a través del ocultamiento de los cuerpos.

Tomando en cuenta el universo de los casos que han sido denunciados, se estima que más de 35.000 personas fueron víctimas de la violencia política, la violencia política sexual y la constante violación de sus derechos humanos fundamentales. De estas, 2.095 fueron ejecutados y no se ha podido establecer la ubicación de alrededor de 1.102 detenidos desaparecidos. Es decir, más de mil casos y familias que en estos años han demandado y requerido la realización de procesos de búsquedas y la recuperación de los cuerpos.

La especificidad de este ambiente fue conformando experiencias traumáticas en las que la muerte impactó de manera brutal, ya que la condición de los desaparecidos –la ausencia de los cuerpos– conlleva a una falta sistemática de esclarecimientos y de verdades, puesto que, muertos bajo el contexto de asesinatos con motivos políticos, además de la paralización y desaparición de sus aparatos biológicos, se pretendió el desplazamiento y la eliminación total de sus identidades socioculturales. Esto rápidamente trajo consigo repercusiones y movilizaciones por parte de los familiares y parte de la población, en primer lugar, para saber las verdades sobre los hechos ocurridos, con los fines de recuperar los cuerpos de las detenidas y los detenidos desaparecidos. Para resolver las situaciones en que sus vidas fueron arrebatadas –las formas en cómo murieron–, para realizar una despedida y, de alguna manera, realizar los rituales mortuorios correspondientes. En conjunto de buscar vías para hacer justicia, para tener pruebas que faciliten la realización de procesos judiciales y la apelación de sentencias para los responsables directos e indirectos.

En este sentido, dentro del tratamiento político de muertes bajo aquel contexto de persecución y exterminio, quienes han cumplido un rol “vital” en el acompañamiento, colaboración y la reestructuración de las verdades y los procesos de búsqueda y la recuperación de sus cuerpos (o restos de ellos), son las y los profesionales forenses, que desentierran las omisiones y los intentos del olvido, por medio de lo que algunos han llamado la arqueología del terror.

En este marco, la desaparición forzada de personas constituye un hecho dramático, siniestro y devastador para aquellos en los que la violencia política y estatal se vio reflejada en múltiples planos sociales y personales. Los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, los fusilados, exiliados, sus familiares y las personas que vivieron aquel fragmento histórico de dilemas institucionales, de masacres y de constantes violaciones a los derechos humanos, constituyen hechos marchitos en el que muchas personas se vieron obligadas y destinadas a vivir en la incertidumbre, el terror y el miedo.

A partir de ello, con el paso del tiempo, la labor y servicios forenses se han articulado con los familiares, a través de relaciones intersubjetivas brindando un soporte que posibilite devolverles a los restos humanos un nombre y reconstituirlos dentro del mundo social con el objetivo de darle fin –dentro de lo posible– a la incertidumbre de los y las familiares a través de soportes emocionales y vínculos afectivos. Con ello se materializan las identidades de los nombres sin cuerpos –desaparecidos– y se proporciona el derecho a su historia y su lugar en este país y en el mundo, con el derecho a su inhumación con el acompañamiento de sus seres queridos y la realización de las ceremonias mortuorias que cada familia estime conveniente.

Es importante recalcar que una de las cosas importantes para el desarrollo y continuidad de los procesos de búsqueda es la necesidad de ruptura de los pactos de silencio. Si bien se han realizado procesos de judicialización y criminalización, son variados y conocidos los casos de impunidad total o parcial. Aquellos victimarios, quienes cometieron los secuestros permanentes y responsables de crímenes atroces en el contexto de la dictadura, se encuentran en libertad, con arrestos domiciliarios o privados de libertad en “cárceles” de élite independientes como el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, con privilegios que siguen dando cuenta de las desigualdades del país, en comparación con los demás centros penitenciarios.

Aún en la actualidad, a 48 años del comienzo de la dictadura, no se ha podido dar con el paradero de todas y todos los desaparecidos, por lo que la necesidad de hacer las investigaciones correspondientes sigue siendo más que imprescindible, en conjunto de su financiamiento, como la adquisición de las mejores herramientas y tecnologías para poder realizar las pericias. Las manifestaciones y los actos públicos cada año presionan por la necesidad de un conjunto de medidas y de políticas públicas reales y concretas que expresan las obligaciones del Estado frente a la desaparición forzada y posicionen los procesos de exhumación como un tema de alta importancia no sólo para los familiares, sino que también para la población en general.

El acto del desentierro, las exhumaciones y su reconocimiento son el resultado de procesos históricos y sociales. Su importancia se construye dentro de profundos cambios en los que la resolución de las búsquedas adquiere una significación propia, siendo entre otras cosas una sanación colectiva que se gesta a través de los vínculos que se han construido con los años, en los que se revaloran las diversas dimensiones afectivas y sentimentales del colectivo. Las y los detenidos desaparecidos, mientras tanto, permanecen como cuerpos anclados en una pena de esperanza, con duelos cerrados y suspendidos,  y se hacen presentes cada septiembre, en los recuerdos y sentimientos de sus familiares y del colectivo, invitando a pensar y sentir nuestra historia reciente, mirando atrás y pensando el futuro y la importancia de la búsqueda y recuperación de sus cuerpos para reconstruir y transformar aquellas acciones cometidas en manos de la institucionalidad que hasta hoy sigue violando los derechos humanos y causando la ruptura de importantes lazos.