Aulas hospitalarias: otro síntoma de un sistema educativo en crisis

Producto de la pandemia se ha rebajado o derechamente suspendido el pago de subvenciones a las aulas hospitalarias, las que corresponden a escuelas dispuestas para niños, niñas y adolescentes que ingresan a los hospitales y clínicas por periodos prolongados y que están en el sistema escolar.

Para la ciudadanía parece ser inaceptable que esta situación ocurra en momentos que en el país gira la discusión política en búsqueda de derechos garantizados para todos y todas. Es bueno recordar, entonces, que hemos vivido en esta lógica de ausencia de responsabilidad del Estado por niños, niñas y adolescentes (NNA) que están en edades de desarrollo escolar durante las últimas 4 décadas, no habiendo entonces garantía de trayectorias educativas continuas y oportunas, las que obligan a tener un acompañamiento permanente que aleje el fracaso de la experiencia escolar.

Es importante señalar que en hospitales y clínicas hay una ausencia de lo público como responsabilidad política, factor predecible a propósito de un Estado subsidiario que entrega a un privado su propia responsabilidad. Se hace urgente que sea el Estado, entonces el que garantice la trayectoria educativa de todos y todas las estudiantes en el país, con mayor razón en aquellos casos que están en condiciones de enfermedad quienes deben ejercer su derecho a educarse más allá de la complejidad de los contextos.

Para que ocurra esta garantía, debe abolirse la lógica de financiamiento vía voucher o subvención y generar un sistema que asegure recursos basales, eliminando el lucro definitivamente, lo que debe permitir garantías para desarrollar los proyectos educativos en los diversos contextos, incluidas aquellas realidades más complejas como las aulas hospitalarias, educación de personas jóvenes y adultas, Educación Especial y educación en contextos de encierro.

Por otra parte, en las escuelas hospitalarias se suma la necesidad de salud laboral de los profesionales que atienden en este contexto altamente demandante; esta política de cuidado también debe estar asegurada. El daño emocional y psicológico debe dar pie a una política que permita autocuidado e intervenciones profesionales multidisciplinarias. En este sentido, se hace urgente mejorar la inversión pública en estos espacios educativos mejorando las condiciones para dar continuidad a las trayectorias educativas. Esto pasa por un equipamiento necesario de conexión e informática, elementos que deben estar presentes para acompañar esta experiencia educativa, cuidando así también el momento vital que implica transitar en espacios hospitalarios. El foco de fortalecimiento de la educación pública en estas situaciones de complejidad debe responder a que la trayectoria educativa no sea interrumpida, sino contextualizada y acompañada para no provocar fracaso en los y las estudiantes.

Ningún niño, niña o adolescente debe salir del sistema educativo por una experiencia de fracaso, pues no se trata de responsabilidades personales o individuales: es una responsabilidad colectiva, política y del Estado hacer realidad que ningún NNA abandone el sistema educativo. La vida de quienes transitan por la educación pública es nuestro compromiso y vamos a trabajar para que no haya espacio a castigos sociales producto del fracaso de un sistema que no reafirma la vida y su trayectoria.