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¡66 no vale lo mismo que 34!

Por: Felipe Portales | Publicado: 21.09.2021
¡66 no vale lo mismo que 34! | Agencia Uno
Previendo que la elección final de los miembros de la Convención seguiría una pauta histórica logrando la derecha más de un tercio de ella, la dirigencia de la Concertación quedaría muy probablemente en la “cómoda” situación de 1989: “sin mayoría” y pudiendo “culparla” a aquella de no poder obtener una Constitución que permitiera sustituir el modelo. El terremoto electoral de mayo de 2020 constituyó un severo traspié para ello. Ahora tendrá que quedar mucho más transparente para todos la existencia de las dos derechas. La derecha tradicional sola no tendrá el derecho de veto que se preveía y que no hacía ningún misterio en estar dispuesta a utilizar. Necesitará el concurso de la ex Concertación, a lo que muy probablemente se agregarán los “independientes no neutrales” afines a ella.

Al absurdo aritmético y de sentido común de igualar 66 con 34 nos lleva el quórum de los dos tercios impuesto por el poder constituido al poder constituyente en nuestro país; el Congreso, a la Convención Constitucional. Esto, además de ser completamente antidemocrático al desconocer la esencia del concepto democrático que es la regla de la mayoría. Todo quórum supra-mayoritario significa, en la práctica, concederle a la minoría un poder de veto sobre la mayoría. Una cosa es considerar más deseable que algo se apruebe por una mayoría más amplia que por una mayoría más estrecha; pero otra cosa totalmente distinta es que, so pretexto de lo anterior, la minoría tenga facultades de neutralizar el gobierno de la mayoría. El que en algunas otras partes (pocas) se haya hecho no lo valida para nada; ni desde el punto de vista aritmético, lógico, político ni ético.

Y constituye una gran falacia sostener que así la futura Constitución ganará legitimidad y estabilidad. ¿Cómo va a ganar más legitimidad (y consecuente estabilidad) una Ley Fundamental en que, por ejemplo, en artículos fundamentales una minoría de 35% obligue virtualmente a una mayoría de 65% a adecuar sus puntos de vista a la primera? Por cierto que dicha amplia mayoría quedará insatisfecha con el resultado final y, por tanto, las bases de dicho “consenso” constitucional serán mucho más febles.

Además que, si hablamos con propiedad de una Constitución efectivamente democrática, ésta no necesitará cambiarse nunca en cuanto tal, porque siempre contemplará los mecanismos mayoritarios para que el pueblo –a través de las asambleas legislativas y de un plebiscito ratificatorio– pueda modificar cualquier artículo que ya no responda a su voluntad política. O para incorporar nuevos artículos que considere pertinentes.

El problema de fondo que padecemos en Chile es que la dirigencia de la ex Concertación –como lo reconoció crudamente el principal “arquitecto” de la transición, Edgardo Boeninger, en su libro de 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad)– llegó a fines de los 80 a una “convergencia” inconfesable con la derecha. Inconfesable para no perder su imagen de “centro-izquierda” y así poder “culpar” siempre a “la derecha” de –una vez gobernando– no hacer los cambios prometidos cuando era oposición a la dictadura. Por ello es que solapadamente le regaló a través de una Reforma Constitucional concordada en 1989 la futura mayoría parlamentaria que le aguardaba, de acuerdo a los quórums establecidos para aprobar las leyes ordinarias en la Constitución original del 80. ¡Algo que hasta hoy no sabe la generalidad de la sociedad chilena!

Y por eso mismo es que en los 90 dicha dirigencia se negó a hacer pactos meramente electorales para las elecciones parlamentarias; pactos que le ofreció el Partido Comunista y que –extrapolando los resultados obtenidos– le habrían permitido a la Concertación haber obtenido mayoría absoluta por sí misma en el Congreso a partir de 1997. Y también por ello es que cuando finalmente obtuvo dicha mayoría con Lagos (entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros fortuitamente combinados de Pinochet y de Francisco Javier Errázuriz) y con Bachelet (en sus dos gobiernos) continuó aprobando TODO en consenso con la derecha; ¡incluyendo la Constitución actual proclamada por Lagos en 2005 como una Constitución democrática; y que fue solemnemente refrendada por aquél y por todos sus ministros el 17 de septiembre de ese año! Entre ellos, recordemos, por Yasna Provoste, Francisco Vidal y Nicolás Eyzaguirre.

Por lo mismo, también, luego que el movimiento estudiantil-ciudadano de 2011 culminara sus postulados con la demanda de una Asamblea Constituyente, quienes con más énfasis se opusieron a ello fueron los dirigentes de la ex Concertación; y entre ellos los socialistas Ricardo Lagos, Camilo Escalona (la descalificó como “fumar opio”), José Miguel Insulza (la definió como un “enfrentamiento” indeseable y como algo de lo cual “se sabe dónde se entra, pero no donde se sale”) y el presidente del PS de entonces, Osvaldo Andrade, quien le señaló burlonamente a El Mercurio que “la nueva Constitución será para los tataranietos”…

Por todo esto, se entiende que la dirigencia ex concertacionista concordara nuevamente con “la derecha”, luego del “estallido” o “revuelta” social de octubre de 2019, la búsqueda de un diseño político que impidiera el fin del “modelo chileno”, impuesto por la dictadura y consolidado luego por la Concertación. Para ello –de modo maquiavélico, como ya les es costumbre– buscaron apropiarse de la idea de la Asamblea Constituyente que aprobara una nueva Constitución, pero torciendo su idea de fondo. Así, en lugar de un plebiscito que definiese si el pueblo quería o no una real Asamblea Constituyente, impidieron dicha posibilidad, al plantear dos alternativas (“Convención Mixta” o “Convención Constitucional”) limitadas en sus facultades por el poder constituido y –lo que es peor– AMBAS con el mismo quórum antidemocrático de los dos tercios. Aunque, por cierto, esto último se omitió de ser resaltado, de modo que la mayoría no tomara real conciencia de que, sí o sí, el 25 de octubre del año pasado ella misma “aprobaría” tal quórum…

Y, por cierto, previendo que la elección final de los miembros de la Convención seguiría una pauta histórica logrando “la derecha” más de un tercio de ella, la dirigencia de la Concertación quedaría muy probablemente en la “cómoda” situación de 1989: “sin mayoría” y pudiendo “culparla” a aquella de no poder obtener una Constitución que permitiera sustituir el modelo. El terremoto electoral de mayo de 2020 constituyó un severo traspié para ello. Ahora tendrá que quedar mucho más transparente para todos la existencia de las dos derechas. La derecha tradicional sola no tendrá el derecho de veto que se preveía y que no hacía ningún misterio en estar dispuesta a utilizar. Necesitará el concurso de la ex Concertación, a lo que muy probablemente se agregarán los “independientes no neutrales” afines a ella.

Pero además se agregó en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 un actor adicional: la mayoría del Frente Amplio que –insólitamente dadas las credenciales anti-neoliberales que ostentaba– aceptó subordinarse a las dos derechas, incluso al costo de quebrarse como coalición. A tal punto se ha subordinado que incluso ahora –en que se supondría que la derecha tradicional ya no tendría nada que perder con la supresión del quórum de los dos tercios– se sigue sumando a la incómoda postura de la ex Concertación de mantener a todo trance aquel derecho a veto del tercio. Y, además, ha descartado también la idea que prevaleció en Sudáfrica –país que estableció en principio el quórum de los dos tercios– de instaurar plebiscitos dirimentes para aquellas materias que en la Convención o Asamblea sudafricana alcanzasen mayoría, pero no los dos tercios.

De todas maneras, los convencionales de izquierda podrán también hacer eficaz uso del estrambótico diseño impuesto el 15 de noviembre. Esto es, si se suman los miembros de la ex Lista del Pueblo, los PC, los sectores minoritarios del Frente Amplio, otros independientes de izquierda y la bancada de pueblos originarios que se ha manifestado resueltamente contra el modelo neoliberal, superarán con mucho el tercio de convencionales y podrán hacer uso de su derecho a veto con la finalidad de forzar la realización de una efectiva Asamblea Constituyente. Y, si la derecha concertacionista y los “independientes no neutrales” no acceden (que sería lo más probable), de todas formas podrán evitar que emerja una “nueva” Constitución que siga sustentando –obviamente con maquillajes– un modelo neoliberal de sociedad, quedando en vigor la deslegitimada actual, mucho más fácil de ser sustituida en el futuro. Porque esta “nueva” Constitución tendría mucho más legitimidad que la actual ya que sería luego ratificada popularmente con un “plebiscito de salida” (algo de lo cual algunos líderes de la derecha tradicional se han arrepentido públicamente de no haber hecho en 2005). Y sería incluso más difícil de modificar en el futuro que la actual de Ricardo Lagos. Recordemos que en esta última, para muchos apartados, sólo se requiere de un quórum de un 60% para su cambio. Pero si las dos derechas lograsen aprobar de nuevo una Constitución a su gusto, naturalmente terminarán poniéndole el mismo antidemocrático quórum de dos tercios para su transformación futura.

Felipe Portales
Sociólogo.