La Nueva Educación Pública, con un profundo sabor añejo

Durante décadas, la lucha de los y las docentes de nuestro país ha tenido foco en la desmunicipalización de la educación pública. Sin lugar a dudas, la educación municipal se convirtió en el botín de guerra de los municipios, convirtiendo las Direcciones de Administración Municipal (DAEM) o corporaciones municipales en verdaderas cajas pagadoras de compromisos políticos, dejando a la deriva su objetivo prioritario: administrar la educación pública de los habitantes de las comunas.

Una deficiente administración, unido a un precario financiamiento vía subvención por estudiante matriculado y asistencia media, provocaron a poco andar un profundo déficit económico, lo que repercutió en la infraestructura y equipamiento de los establecimientos educacionales y en la vulneración de los derechos de los trabajadores de la educación como en su perfeccionamiento y cotizaciones previsionales.

Desmunicipalizar, devolver las escuelas, liceos y jardines infantiles a la administración directa del Estado, se convirtió en un objetivo de alta prioridad pues en ese acto se reflejaba el deseo de rescatar la educación pública de las manos de los alcaldes, quienes la asumían más como un lastre que como una oportunidad de proyectar y transformar el presente y futuro de su territorio.

Como una forma de tapar el problema de raíz, nace en 2017 la Ley N° 21.040, documento que regula el traspaso de los establecimientos educacionales a un nuevo sistema llamado Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y con ello se instala un manto de dudas sobre los diversos actores del mundo de la educación. De hecho, esta ley refleja improvisaciones en su desarrollo e implementación, o bien una acción premeditada que tiene por objetivo no detener la franca caída de matrícula en nuestro sector. Es paradojal que esta propuesta nace con el objetivo de fortalecer la Educación Pública, pero después de cuatro años de implementación en algunas zonas importantes del país ha acentuado la precariedad del sistema, promoviendo de forma soterrada el éxodo de estudiantes al sector particular subvencionado quienes siguen aumentando su matrícula en desmedro de la pública.

Uno de los elementos centrales que sostiene el anterior comentario es el financiamiento de la educación vía voucher o asistencia media. El traspaso de los establecimientos al nuevo Servicio no cambió la forma de financiamiento, dejando intacta la fórmula que ha destruido paulatinamente nuestras escuelas y liceos: ingresos variables versus gastos fijos.

Por otro lado, el traspaso evidenció una sobredotación docente y de asistentes que de una u otra manera explica la visión política que estaba impregnada en el desarrollo de las políticas educativas al interior del sistema municipal de educación. Esto no es menor, pues aumenta el déficit económico y tienta a administradores o tecnócratas a realizar recortes de personales aumentando la cesantía en nuestro sector. La sobredotación radica no en el segmento docente, sino que en el bloque de docentes directivos quienes la mayoría de las veces ingresaban al sistema producto de compromisos políticos.

En el ámbito pedagógico, podemos advertir que existe una sobreburocratización del proceso educativo, radicándose en lo administrativo más que en lo pedagógico. Este hecho implica que el foco del Servicio Local deja de ser lo educativo, centrándose en el acomodo administrativo y financiero. Esta situación se evidencia, por ejemplo, en que no cuentan con recursos financieros para contratar reemplazos y cubrir licencias médicas, dejando a los estudiantes sin cobertura escolar. Este hecho vulnera el primer objetivo de la Dirección de Educación pública que es garantizar el derecho a la educación.

El traspaso o desmunicipalización es una iniciativa que se mantiene con respirador artificial y se mantendrá de la misma manera si no existe la voluntad política del gobierno de turno de tomar en serio la urgencia de fortalecer la educación pública, comenzando por poner en discusión el cambio al modelo de financiamiento que sólo ha significado precariedad para los establecimientos. También se requiere poner en el centro del quehacer educativo el foco pedagógico, donde se respeten y valoren los proyectos educativos institucionales que tengan identidad territorial, fuera de las lógicas estandarizadas y centralistas, y que den dignidad a nuestros y nuestras estudiantes.

Hoy tenemos la oportunidad histórica de realizar los cambios profundos que el sistema educativo de Chile requiere, comenzando por garantizar el derecho a la educación a través de la discusión constitucional y también teniendo un gobierno que ponga en el centro de su quehacer un sistema de educación pública con el fin de avanzar hacia la justicia social y una vida más digna de los habitantes de nuestro país.