La crisis del agua y las sanitarias

En la localidad de Los Molles, comuna de La Ligua, la sanitaria San Isidro ha incurrido en frecuentes episodios de irregularidades que deberían ser noticia nacional. Hoy la comunidad desconfía de la calidad y constancia de sus servicios básicos de aprovisionamiento y tratamiento de agua. La situación exige que las autoridades den garantías para que la situación no continúe exponiendo a miles de personas a no tener acceso a este vital elemento y/o a la destrucción de ecosistemas.

El último de estos episodios generó la contaminación del humedal Estuario Los Molles, recientemente declarado, a través de la Ley 21.202 (https://humedaleschile.mma.gob.cl/humedales-urbanos/), como humedal urbano protegido. El vertimiento de agua de color ladrillo desde la sanitaria a uno de sus principales afluentes provocó una mortandad masiva de peces y otras especies. Desde hace un tiempo, en conjunto con la Fundación Territorios Colectivos, juntas de vecinos y la agrupación socioambiental Protege Los Molles, hemos trabajado en generar labores investigativas, con estudios de agua y actos administrativos legales en la Seremi de Medio Ambiente, Sernapesca, DGA, SIS y el Parlamento para buscar soluciones a estas irregularidades. Ante este último desastre ambiental en el humedal, generamos denuncias que esperamos sean investigadas y sancionadas por los organismos del estado correspondientes. Además, nos encontramos movilizados formando parte una Mesa Técnica del Borde Costero, donde estamos trabajando con la participación del gobernador regional Rodrigo Mundaca, Protege Los Molles, juntas de vecinos y organizaciones sociales de la comunidad, además de representantes de la Municipalidad de La Ligua.

Recordemos que el escenario de la crisis hídrica que afecta a Chile ha cambiado, intensificándose en estos últimos 10 años en conjunto con el crecimiento urbano, demográfico, industrial, agrícola y otros que estresan los servicios ecosistémicos del territorio, lo que hace necesario una actualización de políticas públicas y marco normativo, tanto en materia hídrica como de ordenamiento y gestión territorial, considerando todo el ciclo del agua, desde su potabilización, hasta su tratamiento y vertido.

La gravedad de la crisis hídrica que afecta al país se profundiza en nuestra región con el actuar de las sanitarias que, por ejemplo, continúan entregando factibilidad para proyectos inmobiliarios para una densidad de población que es imposible abastecer con un embalse Peñuelas  en el 0,2% (https://www.esval.cl/personas/noticias/listado-de-noticias/reporte-esval-estado-de-embalses/) de su capacidad, lo que demuestra que en esta región no hay seguridad hídrica ante la crisis de sequía.

Además, la evidencia demuestra que, en la práctica, el Decreto Supremo 90, que “tiene por objeto regular la descarga de contaminantes hacia cursos de aguas marinas y continentales superficiales mediante la fijación de límites máximos permisibles para la descarga de residuos líquidos, previniendo así de la contaminación de dichos cuerpos de agua”, no es suficiente y producto de esto se suma a la escasez hídrica la contaminación de las aguas, como otra arista de los problemas de este modelo de administración, uso y gestión, que avala que el destino del recurso y las inversiones de su tratamiento sean definidos sólo según criterios económicos, con escasa consideración de los aspectos sociales o ambientales.

Tal como lo plantea la Mesa de Sanitarias de Valparaíso, impulsada por la core Nataly Campusano, indica que la problemática del actuar irregular y la falta de inversión de las concesionarias del agua no es local, si no que se replica a lo largo de todo el país, indicando que “si bien en el marco general, la asociación pública privada pareciera ser el camino por profundizar, son las sanitarias y los conflictos asociados a ellas, las que ponen en tela de juicio dicho camino” (https://cl.boell.org/es/2018/10/19/historia-repetida-como-fracasan-las-asociaciones-publico-privadas).

En este escenario, urge que el Estado tome un rol activo en la modernización de los servicios sanitarios y elevar los estándares de calidad e inocuidad del elemento vital. Se requiere urgente inversión en infraestructura con especial foco en el resguardo de la calidad del agua para consumo y el saneamiento de las aguas vertidas.