La amplia mayoría que fue elegida para cambiar la Constitución del 80 a través de la Convención Constituyente busca una vida digna para todos y todas en el país. Esto, en oposición a quienes desean conservar los privilegios que conquistaron mediante la Constitución de la dictadura, reduciendo esa calidad de vida fundamentalmente a sectores sociales que profitan de transacciones de mercado a costa de derechos sociales y ambientales.
La creación de los “Amarillos”, por poner el caso, tendría el objetivo de desestabilizar el proceso constituyente con personajes conspicuos y que asoman como expresión de moderación y de una pseudo sensatez de “ilustrados” que “al momento de emitir sus opiniones en los medios tradicionales soslayan sus conexiones con el sector financiero y con la gran empresa en general” (Tromben y Schiappacasse, Todo legal, 2022) y, por otra parte, se desentienden de la profunda crisis institucional que provocó el estallido social y el pronunciamiento democrático de una amplia mayoría. Ellos, una expresión más de la élite cuestionada, representan una de las iniciativas desestabilizadoras del proceso constituyente para obstruir las transformaciones y mantener su influencia de poder y sus privilegios conservadores, como por ejemplo a través del lucro con la educación. Su idea es hacer caso omiso de la lógica de avances y retrocesos propios de ese proceso. Les interesa crear una situación de incertidumbre que vaya erosionando el apruebo en el plebiscito de salida.
Esta ofensiva conservadora ha ido tomando cuerpo desde antes que se tuvieran contenidos constitucionales. Los medios y las redes sociales (“tropa digital”) atacaban coordinadamente a la Convención y a su presidenta, Elisa Loncon (Estudio PUCV, Ciper, 25.08.21). Difundían prejuicios racistas y clasistas en contra de intervenciones en mapudungun, simplemente mintiendo: flojera, fiesta inventada de convencionales, eliminar símbolos patrios, etc.
En el difícil proceso de instalación (sin infraestructura adecuada, apoyo financiero, desidia gubernamental) de una entidad inédita, y de una amplia diversidad, se fueron dando avances significativos que hicieron posible el funcionamiento de la Convención. Sin embargo, se buscaban errores para el desprestigio oportunista e instalar su estrategia de defensa ideológica de sus privilegios, sin valoración alguna, por ejemplo, del proceso democrático participativo como las Iniciativas Popular de Normas, los acuerdos de definición del reglamento vigente, la conformación de comisiones temáticas, la aprobación por 2/3 de sus articulados y del texto final de la Constitución.
Ahora empieza el ataque a los contenidos, defendiendo principios y estructuras que han afectado la dignidad de la mayoría de los chilenos y chilenas. Su estrategia es el desprestigio, socavar su legitimidad y disminuir al máximo el apoyo del Apruebo. Por un lado, promueven el rechazo independientemente de las graves consecuencias que tendría la mantención de la Constitución del 80. Por otro, su idea es lograr también el rechazo y entregar el texto constitucional a nuevos convencionales o jibarizar la representación democrática entregando al Parlamento la redacción de la Constitución. Esta estrategia, que desconoce el poder constituyente y su origen democrático, expresa la oposición entre un modelo neoliberal dominante y un nuevo modelo de Buen Vivir que está en su proceso de creación.
La demanda ciudadana es cambiar el modelo, erradicar la inequidad, instalar los derechos fundamentales, ampliar la participación y asegurar la sobrevivencia del planeta, de chilenas y chilenos. Para cumplir con este gran desafío, los/las convencionales deben asegurar su resultado y centrarse en los conceptos básicos del nuevo modelo, haciéndose eco del actual proceso reflexivo nacional para una Constitución de todas y todos para aprobar el texto constitucional por una mayoría significativa en el plebiscito de salida. El sector extremo -que hará todo lo posible por mantener la esencia de la Constitución de Pinochet- debe someterse al destino democrático.
Se trata de acuerdos mínimos sobre los contenidos esenciales que nos orienten a un nuevo modelo que congregue a diferentes corrientes de pensamiento y a una mayoría ciudadana que, estando por el cambio, usan su derecho a disentir sin alterar el objetivo del Buen Vivir.
Se deben lograr acuerdos con quienes no afectan la coherencia del cambio sistémico que demanda Chile. Si hay diferencias no significativas en la esencia del modelo (por ejemplo, el sistema político y la eficiencia en la promulgación de leyes), se debería buscar una opción consensuada. El desafío es un nuevo Chile, así lo ha interpelado una amplia y diversa mayoría, y para ello es necesario el diálogo con amplios sectores de la ciudadanía que hacen aportes significativos para crear este nuevo modelo de convivencia nacional.
¿Cuáles serían algunos factores esenciales para el consenso de un nuevo modelo de desarrollo?
Con el fin de revisarlos, mejorarlos y complementarlos, selecciono algunos que me parecen centrales.
- Diferenciarse del concepto de soberanía de la Constitución del 80 para que ésta resida en la ciudadanía y el pueblo informado que, con participación vinculante, decide sobre temas atingentes a su hábitat.
- Superar la subordinación del Estado a los intereses del mercado y las grandes riquezas eliminando la subsidiariedad, poniéndolo a disposición de las necesidades de la gente.
- Instalar un sistema de derechos sociales que termina con el lucro en la educación, la salud, la vivienda y previsión.
- Lograr la soberanía del Estado sobre sus riquezas básicas, donde se subordine la ganancia de las empresas mineras a las necesidades de inversión en infraestructura hospitalaria, educación, vivienda y otras.
- Promover y orientar una política de modernización productiva y sustentable, de industrialización, de desarrollo de las ciencias y la educación.
- Considerar el reconocimiento del genocidio hecho en contra de los pueblos originarios descrito en el documento “Verdad histórica y nuevo trato de los pueblos indígenas” (Lagos, 2003). Esto implica no sólo la recuperación de tierras y derecho de propiedad, sino el reconocimiento de sus derechos en lo cultural, jurídico, político-social. Este criterio debería integrarse con un principio de compensación de propietarios privados que adquirieron tierras legítimamente (no por despojo).
- Integrar conceptos de una sociedad feminista construida por una política de género que no discrimine a ningún sexo garantizando derechos de igualdad en cualquier aspecto del acontecer social.
- Focalizar las medidas público-privadas como país para superar la Urgencia Climática a través de medidas de adaptación transformativa (estructural) que impliquen un desarrollo sustentable en donde la rentabilidad se subordine a las necesidades de la población y supervivencia del planeta.
- Descentralizar el país poniendo énfasis en los intereses regionales sin afectar la equidad en el reparto de beneficios y deberes de necesidad nacional.
- Si bien es cierto, el carácter técnico que se le ha dado al Banco Central implica una característica introducida por el neoliberalismo, esto no ha obstruido el logro de significativos acuerdos. La ratificación unánime de la autonomía del Banco y sus atributos adicionales (protección y conservación del medioambiente, pleno empleo, crecimiento con integración paritaria y representación territorial) reconstituye su rol político.
De eso se trata. De lograr amplios acuerdos en beneficio de una sociedad que satisfaga la necesidad de amplias mayorías: “las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras”.