La recta final para una nueva Constitución

El 4 de julio de 2021 se inició el proceso de instalación de la Convención Constitucional en medio de una gran expectación nacional e internacional. El caso de Chile era y sigue siendo mirado con interés por dos razones: representa el último gran paso para que Chile deje atrás el legado institucional de la dictadura cívico-militar; y se hace a través de un proceso democrático, paritario y con representación de la pluralidad del país.

Si bien estamos ante un proceso de deliberación constitucional en pleno desarrollo, es perfectamente posible realizar un breve balance y formular algunas proyecciones.

Para evaluar lo que está ocurriendo en la Convención tenemos que recordar dos cosas. Por una parte, que las Constituciones son un acuerdo político que permite organizar la vida en sociedad a través de instituciones, procedimientos de toma de decisiones colectivas y límites a los poderes constituidos. Por otra parte, el proceso constituyente representa una salida institucional ante la mayor crisis política, social y de derechos humanos desde el retorno a la democracia en 1990 y que fue demandada por el pueblo movilizado ante el agotamiento de la institucionalidad post dictatorial.

Así las cosas, propongo evaluar el trabajo de la Convención sobre la base de dos criterios básicos de legitimidad: el proceso de toma de decisiones y las normas concretas que se van adoptando.

En primer lugar, el proceso de toma de decisiones ha sido democrático, participativo y dialogante. Democrático, porque se discute en un órgano electo popularmente, paritario, con representación de los pueblos originarios y con participación relevante de movimientos sociales e independientes. Ha sido participativo, ya que en todas las etapas se han abierto canales para que la ciudadanía pueda ser parte de la discusión constitucional (audiencias, propuestas de normas, diálogos ciudadanos, cabildos, etc.). Finalmente, ha sido dialogante, ya que ningún sector tiene el control de la Convención, lo que ha obligado a tener que negociar cada norma para poder alcanzar el alto quórum establecido para la toma de decisiones (103 de los 154 votos).

En segundo lugar, en lo que dice relación con los contenidos, hasta ahora se avanza en varios de los puntos que la ciudadanía viene exigiendo hace décadas como mínimos de un acuerdo constitucional legítimo. Así, la Convención ha aprobado sustituir el actual Estado “subsidiario” por un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho; de la actual forma de organización de Estado centralizado, se pasa a uno regional con mayor poder y autonomía para las regiones; del mito excluyente de una nación única, se reconoce la pluralidad de naciones (plurinacionalidad) y la necesidad que estas vivan en respeto y armonía (interculturalidad).

En materia de derechos humanos, se pasa de una Constitución que ni siquiera los nombra, a una que establece claramente el deber del Estado de respetarlos y garantizarlos; también se consagran derechos individuales y colectivos; da un paso fundamental en materia de derechos sexuales y reproductivos; por primera vez se reconoce el derecho a la identidad de género; y, a la vez, se mantiene el derecho de propiedad y de emprendimiento.

En cuanto al Sistema de Justicia, se reorganiza la administración del Poder Judicial y se crea un órgano superior de administración (Consejo de la Justicia); también se reconocen los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y la necesidad de que estén debidamente coordinados con el sistema de justicia general (pluralismo jurídico); se garantiza la independencia judicial; y se consagra la perspectiva de género como un principio interpretativo que obliga a los tribunales a hacerse cargo de la discriminación histórica contra las mujeres y disidencias sexuales.

Un aspecto que me parece debe ser destacado de una manera especial son las decisiones que está tomando la Convención en las materias vinculadas con medioambiente y la Naturaleza. Sin duda un sello del texto constitucional que se discute es la centralidad que ha tomado el tema medioambiental. Como resultado, se está avanzado en varios temas esenciales para diseñar una nueva relación entre el desarrollo y el medioambiente y la Naturaleza. Por ejemplo, ya se han aprobado algunas normas sobre la Naturaleza como sujeto de derechos, se consagran obligaciones del Estado en la materia, se establece a los animales como sujetos de especial protección, y se reconoce el deber del Estado de adoptar medidas ante la crisis climática, entre otras materias.

Este rápido recorrido por algunas de las normas aprobadas, a la fecha, por la Convención nos muestra que se está dejando atrás el modelo heredado por la dictadura (neoliberal en lo económico, autoritario en lo político y conservador en lo cultural) y se está construyendo un acuerdo político acorde a los desafíos de una sociedad compleja y plural como la chilena.

En las semanas que vienen (hasta el 6 de mayo se seguirán discutiendo en el Pleno de la Convención las normas que se incorporarán al borrador de Constitución) aún se deben tomar decisiones importantes. Por una parte, está pendiente definir el sistema político que nos regirá. Como hemos dicho, el actual modelo se basa en una idea autoritaria, donde la Presidencia tiene una total preeminencia respecto de los otros poderes (Legislativo y Judicial). Por ello, todo avanza hacia un acuerdo político donde se redistribuya el poder a través de un modelo presidencial fuerte, pero con mayores contrapesos en el Legislativo; un Congreso de dos cámaras, pero diferente al actual modelo, ya que el poder político estará en la Cámara de Diputados/as y una segunda cámara territorial que ya no será una cámara revisora con tintes conservadores, sino que tendrá atribuciones centradas en la representación de las regiones en el nuevo modelo de Estado regional. Sin duda, esta es la mayor modificación al sistema político en 200 años.

Por otra parte, queda pendiente la decisión que adoptará la Convención en materia de derechos económicos y sociales, que es una de las demandas más sentidos por parte de la ciudadanía. Los próximos días veremos de qué manera quedan consagrados en la Constitución derechos como educación, salud, vivienda, seguridad social, agua, laborales, entre otros. No hay duda que su consagración constitucional representa un paso esencial para que el Estado chileno adopte las medidas necesarias para reducir las desigualdades que afectan a amplios sectores sociales.

En definitiva, reorganizar y redistribuir el poder no es tarea sencilla. No sólo están presentes las dificultades propias de llegar a acuerdos amplios en materias tan relevantes, sino que estas decisiones tocan intereses de sectores poderosos del país. De ahí surge la brutal campaña de quienes se resisten a perder los privilegios que durante décadas les han dado poder y riquezas.

Por ello, es necesario informarse y socializar lo que está sucediendo, lo que representa para el país, y para esta y las futuras generaciones. Es nuestro deber combatir la campaña de desinformación y mentiras que promueven sectores dentro y fuera de la Convención y que tiene una alta resonancia en medios de comunicación en manos de los mismos privilegiados de siempre.

No olvidemos que este proceso constituyente es nuestro y debemos cuidarlo.