Sanitarias: desprivatización para “volver al futuro”

En nuestro ejercicio de creación de propuestas de normas para la nueva Constitución, presentamos una que plantea la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de producción y distribución de agua potable, así como los de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas, todos directa y exclusivamente mediante entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley o por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento.

Como era de esperar, esta última parte generó una fuerte reacción de parte de las empresas privadas que hoy cuentan con concesiones para la prestación de dichos servicios. En este contexto, la presidenta ejecutiva de Andess A.G., Jéssica López, declaró que la norma «es como retroceder 30 años». Sin embargo, más que una vuelta al pasado, el retorno a la administración pública de las empresas sanitarias es una tendencia mundial, de la que hacen parte ciudades como Berlín o París, donde la administración municipal de las mismas fue la solución ante las constantes alzas en las tarifas de agua para la población (McDonald, 2018).

Al respecto, el informe de 2020 del relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de las Naciones Unidas, Leo Heller, puso en evidencia que la gestión privada conlleva riesgos relevantes para la garantía y el disfrute de estos derechos. En su informe plantea que estos riesgos son consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder que ha significado la intromisión del sector privado. Por lo mismo, en los últimos años se han concretado al menos 267 re-municipalizaciones de empresas sanitarias en 37 países, reincorporado a la administración pública el servicio de abastecimiento y saneamiento de más de 100 millones de personas.

¿Por qué se desprivatizaron estos servicios básicos? Tarifas en aumento, bajas en la calidad del servicio, corrupción en las concesiones, incumplimiento de inversión comprometida y/o contractual, desigualdad en el acceso al servicio, escasa transparencia financiera, irresponsabilidad medioambiental, así como también social, como la privación del derecho a huelga o despidos injustificados, entre otras situaciones, donde cada una responde a las particularidades de cada contexto (Ávila et al., 2019; Kishimoto et al., 2019).

¿Y cómo ha resultado el proceso de remunicipalización? Por lo general, disminuyen costos y tarifas, así como también se mejoran las condiciones laborales y ambientales, mientras se alcanzan mejores índices de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.

Como se mencionó, este proceso no pasa en países que suelen ser nombrados en medios como las antípodas del modelo chileno, sino en países como Francia, corazón del agua privada mundial, dado que significan una verdadera alternativa para democratizar la gestión de los recursos naturales para el bien común y han tenido como resultados una reducción del 8% de sus tarifas en su primer año de aplicación, lo cual permite plantear este proceso como estrategia para una garantía real del derecho humano que buscamos consagrar en la nueva Constitución.

En Chile más del 80% de la población está cubierta por servicios básicos de agua y saneamiento gestionados por empresas con fines de lucro. Ante esto, diversos estudios han concluido que los conflictos hídricos del país tienen su origen principalmente en la orientación del modelo de gestión actual de los recursos, y en una menor proporción por una disminución y/o falta de disponibilidad física del agua.

La narrativa que promueven las concesionarias sanitarias es que es gracias a su labor que las ciudades en permanente crecimiento pueden contar con agua, a pesar de la sequía que vivimos en el país. Es más, construyen su éxito desde el contraste que significan las comunidades rurales afectadas por la reserva del Estado de gestionar en estas zonas. Sin embargo, estas teorías tienen sendas omisiones para alimentar este contexto.

La primera, sobre coberturas, es cierto que desde el Decreto con Fuerza de Ley N° 382 de 1989 del MOP, la Ley General de Servicios Sanitarios, y de la Ley 19.549 de 1998 que profundizó el régimen jurídico sobre servicios sanitarios, han aumentado los porcentajes de población con acceso a estos. No obstante, la omisión radica en que la mayoría de la cobertura se da gracias a la preexistencia de la red construida mientras las empresas fueron estatales.

Además, las sanitarias cuentan con el Decreto con Fuerza de Ley N° 70 de 1988, la Ley de Tarifas, que traslada el costo “real” del servicio al cliente para que este se autofinancie. Este DFL ha avalado casos como el de Aguas Chañar en Copiapó, cuyo valor casi se cuadruplicó entre 1993 y 2020, con uno de los peores índices de calidad de servicio a nivel nacional.

Y la segunda omisión corresponde a la escasez rural por la supuesta ineficiencia estatal. Esto es un silogismo, pues señalan que como hay escasez donde gestiona el Estado, entonces el problema es la provisión pública. Lo que no considera esta aseveración es, primero, la concentración de derechos de agua y la naturaleza mercantil del código vigente; y, segundo, no es comparable una empresa que factura millones anuales con comunidades y entidades que hoy cuentan con restricciones presupuestarias. Y se enfatiza en el hoy, ya que al contar con ingresos de servicios en un futuro próximo se podrá reinvertir en zonas periurbanas y rurales para mejorar las condiciones de la población rural del país.

Las concesionarias de servicios sanitarios, beneficiarias de los procesos privatizadores adelantados luego del Consenso de Washington (1989) y los principios de Dublín (1992), y como consecuencia del condicionamiento de los créditos que concedieron organismos multilaterales a países en desarrollo como el nuestro, comenzaron a hacerse del monopolio de la prestación a partir de la privatización adelantada bajo el gobierno de Frei.

A partir de allí han fortalecido su narrativa también con el mito de la eficiencia del sector privado. Ponen el ejemplo de SMAPA (en Maipú) para hablar de incumplimiento en términos de inversiones debido a que los ingresos pasan a las arcas municipales, pero no hablan sobre los desastres de Freirina y Osorno y de las omisiones que se hicieron en la cámara de diputados para continuar con la otorgación a ESSAL.

En el caso de Osorno se contaminó los ríos Rahue y Damas con el derrame de 1.100 litros de petróleo, debiendo suspender el suministro de agua de 49.000 hogares de la ciudad, afectando a cerca de 180.000 habitantes (98% de la población de la ciudad). La respuesta de la empresa fue lenta y negligente, el agua suministrada durante la crisis fue insuficiente y de mala calidad. Los servicios de suministro de agua no fueron restaurados completamente por 10 días, y la emergencia sanitaria se extendió por más de un mes. Una investigación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) consideró que la empresa sanitaria entregó información errónea tanto a las autoridades como a la comunidad, lo que resultó particularmente complicado al inicio de la emergencia. Hasta hoy, la empresa privada se niega a pagar la multa de más de 1.600 millones de pesos, incluso acudió al Tribunal Constitucional para apelar tal multa.

Para hacerle frente a esta situación, en el marco del actual proceso constituyente, es que como Modatima impulsamos una norma constitucional que va en línea a la tendencia observada en países desarrollados, en cuanto a la restitución de la administración estatal de las empresas sanitarias, la cual claramente incomoda a quienes por años se han enriquecido con las licitaciones, haciendo alarde de los costos que esto traería para el Estado, catalogándonos de irresponsables, aseverando que además queremos que el país retroceda 30 años .

No, Jéssica, no: la norma propuesta no retrocede 30 años, sino que se acopla a la tendencia mundial que apunta a no preservar eternamente la gestión privada, permitiéndonos como sociedad mirar hacia el futuro, y al Estado ser garante de un derecho humano tan importante como el acceso a agua potable y saneamiento.

Hoy, pensando en las próximas generaciones y no en el negocio de unos pocos, las y los constituyentes tenemos en nuestras manos la oportunidad de devolver al Estado y las comunidades que habitan el país la administración del agua y los servicios sanitarios, para avanzar así de forma significativa en la dignificación de la vida que por tantas décadas hemos venido reclamando.