Discursos capacitistas en la política chilena

La semana pasada en el programa Mentiras Verdaderas y en horario estelar, la diputada Pamela Jiles, en referencia a la ministra Izkia Siches, señaló: “parece estar declarada interdicta o minusválida porque se ha visto su ausencia en la política”, en alusión a que, según su parecer, la ministra no es competente o no está haciendo las cosas de manera correcta. En otras palabras, señala que ella se comporta como una persona con discapacidad y por eso no está actuando bien.

Luego de esta situación, en un punto de prensa en el Congreso Nacional, el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, dijo que “queda claro que, cuando menos, en materia de perseguir a los violadores de Derechos Humanos Chile ha estado tuerto de un ojo…”, utilizando como analogía a las personas con discapacidad visual para manifestar su mala opinión en relación a la actuación del Estado respecto de un tema. La comparación es aún más sensible cuando pensamos que en Chile existen más de 400 personas víctimas de trauma ocular.

Estos casos no pueden quedar como una simple anécdota. Recordemos que el 20% de la sociedad chilena vive en situación de discapacidad, y somos uno de los colectivos más olvidados y relegados. Lamentablemente, lo sucedido con estos parlamentarios no es una situación excepcional, sino que es parte de una serie de discursos y relatos que tiene una sociedad capacitista, que se acentúa cuando figuras públicas las utilizan en los medios de comunicación masivos, y salvo contadas excepciones, nadie repara en ellas o le toma la gravedad que corresponde.

Cuando la discapacidad se utiliza como un insulto, se perpetúa la estigmatización, la exclusión y la discriminación de la que es víctima nuestra comunidad y que lamentablemente vivimos día a día. Esta discriminación y exclusión se vive desde la primera infancia. Un estudio de la Defensoría de la Niñez afirma que la infancia con discapacidad se siente menos protegida y tienen una percepción de mayor vulneración de sus derechos, especialmente en los centros educativos. Entonces, debemos preguntarnos: ¿podemos dejar pasar los dichos de los diputados sin decir ni hacer nada? ¿Basta con recibir una disculpa, que aún no llega?

Las palabras y expresiones que habitualmente son utilizadas para describir conductas de connotación negativa, como las emitidas en ambos casos, son más graves cuando son expresadas con el fin de causar daño, porque pese a los años de lucha y reinvindicación, nos confirman que para muchas personas seguimos siendo personas no deseadas y de las que solo les acomoda hablar cuando es desde el asistencialismo y la caridad.

Es por eso que es urgente que las autoridades y medios de comunicación se eduquen y reflexionen a partir de estos episodios. A su vez, les invitamos a ser cuidadosos(as) y responsables con las expresiones que utilizan. El Servicio Nacional de la Discapacidad, desde el año 2015, tiene en su web un manual de “Recomendaciones para el uso del lenguaje en discapacidad”, que señala la terminología correcta que debieran utilizar para referirse a las Personas con Discapacidad. Leerlo y comenzar a comprender esta realidad desde un enfoque de derechos humanos, es un mínimo acto de reparación.

Las personas con discapacidad venimos exigiendo hace décadas el respeto por todos nuestros derechos y dignidad humana desde la autonomía y la independencia, para lo anterior es clave que la sociedad en su conjunto asuma este deber. Un país más accesible e inclusivo es posible, pero requiere del compromiso de todas y todos.

Finalmente, me gustaría enfatizar lo siguiente, aprovechando que estamos en pleno proceso constituyente: un país no se puede construir de forma armoniosa y en dignidad para todos y todas, cuando más del 20% de la población es excluida. No hay democracia, ni respeto por los derechos cuando una comunidad es humillada y ridiculizada a diario.

No hay posibilidad de civilización cuando representantes del poder constituido utilizan la discapacidad como un “arma” para sus barbaries.