La energía se juega en la Constitución

En la última jornada de votaciones de las normas permanentes de la Convención Constitucional, que se realizará este sábado para las normas de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes, se votará la norma de energía.

Las consecuencias de aprobar o no esa norma determinan dos escenarios muy distintos. Si no se aprueba, se mantiene la actual situación de la matriz energética de Chile que se caracteriza por la generación eléctrica a gran escala en un sistema interconectado operado por grandes corporaciones.

No existe un rol importante del Estado en la definición de los proyectos, sólo se remite a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que se otorgan después de un proceso de evaluación. Son las corporaciones las que determinan el lugar y las características del proyecto, el cual se evalúa de manera individual, sin estar contenidos en un plan nacional de energía que considere un ordenamiento territorial.

El escenario con la norma de energía propuesta es completamente distinto. En primer lugar, se garantiza un mínimo vital para todas las personas, en tiempos en que la dependencia del suministro energético es fundamental. Con respecto al rol del Estado, éste tendrá una labor de planificación en la matriz energética, en donde podrá establecer prioridades para los futuros proyectos de inversión.

Uno de los aspectos más importantes de la norma es el fomento de una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. Ello posibilitará una generación distribuida, con empresas pequeñas y medianas, que le da autonomía energética a los territorios. Además, el Estado fomentará y protegerá́ a las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo.

Para decidir cuál escenario es el apropiado, debemos considerar la forma de Estado social y ecológico que ya hemos aprobado en la nueva Constitución.

Desde el punto de vista ecológico, una generación distribuida es la alternativa correcta, por la menor huella ecológica que ella conlleva y también es menos riesgosa que una generación centralizada. Respecto de lo social, la participación de las comunidades podrá ejercerse a través de empresas comunitarias y cooperativas. Además, se garantiza un acceso equitativo y no discriminatorio.

Si la norma de energía no es aprobada, la economía ecosocial que ya hemos aprobado en el Pleno de la Convención Constitucional no tendrá el soporte de abastecimiento energético distribuido y ecológico que se requiere para apalancar a las economías locales, que le darán autonomía real a las regiones.

En síntesis, la norma de energía permitirá el reemplazo progresivo de las energías contaminantes con esta nueva perspectiva que distribuye la generación eléctrica de manera más ecológica, social y colaborativa.