El Rechazo y las malas razones

En el actual debate sobre la propuesta constitucional hemos escuchado diferentes razones de los defensores del Rechazo. En esta columna analizaremos algunas de ellas, demostrando por qué son malas razones, excusas e incluso falsedades.

PRIMERO: La propuesta establece dos clases de chilenos, favoreciendo a los pueblos originarios. Esto no es verdad. La igualdad ante la ley exige tratar “igual a los iguales” y “desigual a los desiguales”. Es decir, hacer diferencias no implica por sí mismo una injusticia, salvo cuando son arbitrarias y discriminatorias. Reconocer, por ejemplo, la autonomía territorial indígena (arts. 234 y 235) responde mínimamente al despojo de que fueron objeto por el Estado chileno, y a su parcial exterminio en la mal denominada “Pacificación de la Araucanía”. Esta autonomía no afecta a los demás chilenos (que no soportaron despojos territoriales o semi exterminio militar); por el contrario, hace justicia con nuestros pueblos originarios cuya sangre llevamos en nuestras venas. Por esta vía, se sigue la experiencia de países como Canadá o Nueva Zelanda, los cuales llevan la delantera en estos temas.

SEGUNDO: El texto tiene errores graves en el sistema político, parlamentario y de justicia. No existen las constituciones ni los sistemas perfectos. Es evidente que el texto podrá ser perfeccionado en el futuro. Cabe recordar que el gran jurista Hans Kelsen estimó que el régimen presidencialista de la Constitución de 1925 no era democrático, sino autoritario. En la Constitución actual, de 1980, es aún más autoritario el presidencialismo y en este contexto la propuesta de nueva Constitución resulta razonable, dado que atenúa el presidencialismo extremo. ¿Qué se elimina el Senado? La verdad es que numerosos países desarrollados sólo tienen Cámara de Diputados; por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia. Obviamente hay países autoritarios unicamerales también, como China y Corea del Norte, pero convengamos que no son dictaduras por ser unicamerales. ¿Que la justicia indígena será independiente? Falso, la Corte Suprema velará por la correcta aplicación del derecho y por su interpretación uniforme (Art. 328.1), conocerá de las impugnaciones a las decisiones de la justicia indígena (Art. 329) y esta justicia indígena deberá respetar los derechos fundamentales de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos (Art. 309).

TERCERO: La propuesta dividirá a los chilenos y chilenas. Nuestro pueblo está muy dividido en la actualidad, hay salud para algunos y angustia frente a las enfermedades para una gran mayoría, educación y barrios selectos para privilegiados y de baja calidad para el resto de la población, oportunidades para algunos y trabajo precario para otros, etc. No ver el Chile real implica vivir en una burbuja. Por el contrario, esta propuesta se toma en serio los derechos sociales y puede ser un excelente camino para una sociedad más justa en el mediano plazo.

CUARTO: El texto disminuye derechos, “puedo perder mi casa”, “no se heredarán los fondos de pensiones” y un largo etcétera. Se han difundido falsedades acerca de la propuesta que son evidentes al leer su texto. El listado de derechos fundamentales (y sociales) entre la actual Constitución de 1980 y la propuesta que deberemos votar el 4 de septiembre no tiene comparación. Esta última recoge los derechos contemplados en el sistema internacional de derechos humanos y en las constituciones de los países desarrollados. ¿Si la propuesta es objetivamente mala, por qué se han repartido textos falsos para fomentar el Rechazo?

QUINTO: La propuesta excluye a los privados tanto de la salud como de la educación. Esto no es verdad. Tanto en los arts. 36.1 como 44.4 se reconocen que los privados podrán participar como prestadores en ambos casos. En el primero se dice que el sistema nacional de educación estará conformado por las entidades creadas y reconocidas por el Estado (36.1). Estas entidades reconocidas por el Estado son entidades privadas. Y en el otro artículo citado se dice que corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, regulando, supervisando y fiscalizando a las instituciones públicas y privadas (44.4). Debemos precisar que, en la actualidad, el tan citado “derecho de opción o libertad de las personas para elegir entre los sistemas públicos o privados” no es real, ya que depende del bolsillo y del dinero que se tenga. Por ejemplo, más de la mitad de la población gana menos salario de lo que cuestan los colegios de élite y un buen seguro complementario catastrófico familiar puede costar un cuarto del ingreso mínimo o más. En otras palabras: el actual derecho de opción es un lujo de los que tienen dinero. Este lujo no se termina con la propuesta, pero el Estado deberá asegurar salud y educación de calidad para todos aquellos que no pueden darse ese lujo.

SEXTO: Los convencionales y su conducta no estuvieron a la altura del desafío. Lo que hicieron o dijeron los convencionales es absolutamente irrelevante. La altura del desafío se demuestra con el producto terminado: el texto. Además, si comparamos conductas no es bueno olvidar que la Constitución de 1980 fue impuesta en la peor dictadura que hemos tenido, a diferencia de esta propuesta generada en un acuerdo transversal y redactada por convencionales (humanos y por cierto con defectos) elegidos por todos y todas.

SÉPTIMO: Implementar esta nueva Constitución es muy caro y riesgoso. No debemos operar en base al miedo. Los riesgos son oportunidades y nos diferencian de los otros seres vivientes por nuestra capacidad de soñar. La implementación del texto constitucional será progresiva e implicará gastos, que obviamente deberán ser financiados con impuestos. Es una excelente oportunidad de que el porcentaje más rico de la población obtenga legitimidad ciudadana y de que tengamos paz social real.

OCTAVO: Da igual la Constitución, todos los gobernantes son corruptos. Existe mucha corrupción en Chile y el mundo. Es cierto. Pero no todos los gobernantes ni todas las constituciones son iguales. No da lo mismo. La propuesta constitucional no asegurará que no haya corrupción, pero delitos de esta naturaleza deberán al menos ser sancionados como corresponde. En efecto, se incluye en la propuesta una norma especial anti corrupción (Art. 170), que precisa que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático, y que el Estado debe velar por su erradicación y aplicar la sanciones que pueden ser administrativas, civiles y penales según determine la ley. Por su parte, se contempla una norma anti colusión o abusos (Art. 182.5), que señala como deber del Estado prevenir y sancionar los abusos de mercado, manifestando que la colusión es una conducta contraria al interés social. Ambas normas son muy relevantes, estarán en el texto constitucional y podrá exigirse a los políticos su implementación.

¿Pero qué pasará si finalmente no se dictan estas leyes? Debemos recordar que con la nueva propuesta constitucional los ciudadanos y ciudadanas podrán presentar proyectos de ley que deberán ser tramitados por el Poder Legislativo (con un 3% del padrón electoral: Art. 157). Además, podrán presentar proyectos de derogación (supresión) de una ley en particular, que serán votados en referéndum nacional por toda la población (propuestas por un 5% del padrón electoral: Art. 158).

En otras palabras, la ciudadanía podrá presentar leyes que sancionen la corrupción o proponer derogaciones de leyes que faciliten o creen impunidad para los corruptos. Las derogaciones serán decididas por todos y todas en referéndum nacional Y, desde luego, las propuestas de ley podrán ser rechazadas por el Congreso, pero en ese caso los parlamentarios deberán explicar a sus electores por qué amparan a los corruptos y nadie debiera votar por reelegirlos.

En fin, hay otras razones para votar Rechazo que no analizaremos, como el temor a perder los privilegios o creer que es mejor una Constitución autoritaria.

Este 4 de septiembre se decidirá el futuro de Chile. De aprobarse la propuesta se hará historia, con un Chile que alcanzará su mayoría de edad y podrá decidir su camino en forma democrática y civilizada.