Opinión

Sobre mi participación y la del FA+ en la Convención Constitucional

Por: Fernando Atria | Publicado: 24.09.2022
Sobre mi participación y la del FA+ en la Convención Constitucional Convención Constitucional | Agencia Uno
A pesar del fracaso de la Convención, la cuestión constitucional no se encuentra en punto cero. Aunque la Convención no logró solucionar el problema constitucional, nos permitió avanzar en la construcción de una visión constituyente común.

Toda derrota reclama una explicación política. Explicar una derrota no es mostrar que no fue una derrota, sino buscar sus causas y su significado político. Las causas pueden ser más o menos profundas, pueden afectar de modo más o menos radical el proyecto político derrotado, y por eso una explicación sugiere un curso de acción para el futuro.

La derrota también exige a quienes participaron del proceso que llevó a ella, especialmente cuando tuvieron un mandato popular, explicar sus acciones. En esta columna, por razones de espacio, me referiré solo a esto, a mi participación y la del FA+ en la Convención Constitucional. Mi explicación sobre qué fue rechazado el 4 de septiembre y por qué fue rechazado, de lo que el proceso constituyente hasta ahora deja como avance, y cómo en las condiciones actuales este debe continuar, son cuestiones discutidas en un texto más extenso, del cual lo que sigue es una parte, y que se encuentra disponible en este vínculo.

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Llegué a la Convención después de defender por mucho tiempo la necesidad de una nueva Constitución. En mi opinión, la Constitución de 1980 es una Constitución “tramposa”, porque fija las bases de un modelo económico y social neoliberal y protege ese modelo mediante un diseño orgánico cuya finalidad es, declaradamente, neutralizar la política institucional.

Desde al menos 2006 se había venido manifestando, cada vez con más fuerza, una demanda transformadora del modelo neoliberal, en la forma de una superación del Estado subsidiario por un Estado social de derecho. La neutralización constitucional de la política hizo imposible la realización de esta demanda, que entonces se fue progresivamente reorientado hacia lo que hacía imposible las transformaciones requeridas, la Constitución. Por eso el estallido en menos de un mes tomó dirección constituyente; y por eso la interpretación constituyente del estallido fue ratificada por el 80% de los chilenos en el plebiscito de octubre de 2020.

Lo anterior significaba que el núcleo de la nueva Constitución debía ser el Estado social y un sistema político eficaz, sin trampas, diseñado para fortalecer, no para neutralizar, la agencia política del pueblo. Por eso mi eslogan de campaña para la Convención fue “el poder para el pueblo”.

Pero la neutralización de la política había acallado no solo las demandas de transformación del Estado subsidiario. Dadas las condiciones y composición de la Convención, era evidente que muchas más cosas iban a salir en la discusión: la situación de los pueblos originarios, las demandas del movimiento feminista, de los grupos ecologistas y muchas otras. La Convención debía reconducir todo esto a una propuesta a ser formulada al pueblo de Chile.

Postulé a la Convención como parte de la lista de Apruebo Dignidad, por el Frente Amplio: pertenezco al movimiento Fuerza Común, que había ingresado al Frente Amplio en 2020 y que no tiene existencia legal. Por eso postulé como independiente, en un cupo de Revolución Democrática. En la Convención, participé en el colectivo “Frente Amplio más independientes” (“FA+”), que incluía a casi todos los convencionales que fueron elegidos por los partidos del Frente Amplio al que se sumaron dos convencionales que habían sido elegidos en otras listas. Este colectivo constituyó un espacio de discusión política y de acción coordinada. Sin perjuicio de desacuerdos en algunos puntos relevantes, el FA+ en general fue capaz de mantener una posición común y por eso puedo, con excepciones que serán debidamente notadas, usar la primera persona del plural en lo que sigue.

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La Convención Constitucional debió operar bajo condiciones adversas que no eligió: extrema desconfianza inicial entre sus miembros, sin articulación política externa a la Convención (que es lo que en circunstancias distintas habría podido proveer los partidos políticos), con una composición que implicaba que el bloque de dos tercios capaz de proponer a Chile una nueva Constitución solo podría construirse en conversación con los colectivos de independientes, que representaban grupos que se entendían a sí mismos como tradicionalmente excluidos y que entonces no llegaban precisamente agradecidos por su inclusión.

En este contexto, nuestra participación estuvo siempre orientada a asegurar que la Convención fuera exitosa en un sentido inmediato: que lograra hacerle al país una propuesta de nueva Constitución.

El día de la ceremonia inaugural se hizo pronto evidente que existía una posibilidad muy real de que, ante un país entero que miraba expectante, la inauguración fracasara. Esto habría sido un signo fatídico, y logramos evitarlo. Lo hicimos asumiendo el compromiso de que la Convención discutiría la situación de los presos de la revuelta. Eso llevó a la declaración del 8 de julio, en la primera sesión normalizada que logramos realizar. Esa declaración fue crucial para lo que siguió, porque cumplió varios objetivos: en primer lugar, cumplir el compromiso asumido el día de la inauguración, lo que fue un primer paso en la creación de confianza entre colectivos que se miraban recíprocamente con recelo; en segundo lugar, mostrar que en la Convención era posible construir una voluntad respaldada por 2/3, lo que enviaba una necesaria señal respecto de la posibilidad misma de éxito de la Convención; y tercero, que la Convención reconociera sus propios límites y las competencias y atribuciones de los otros órganos del Estado, algo que era importante entonces dado el temor de que la Convención pretendiera atribuirse todos los poderes.

En cuanto a su contenido, la demanda de una ley de amnistía debidamente circunscrita nos (me) parecía entonces y ahora de justicia, y por eso defendí esta declaración en el Pleno en la sesión de 8 de julio (sin justificar esos hechos ni defender, pese a todo lo que se ha dicho, la violencia “como método de acción política”).

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Luego vino la discusión reglamentaria. En ella lo que nos guiaba, además por cierto de dotar a la Convención del mejor reglamento posible, era asegurar que la Convención asumiera y respetara las condiciones acordadas para el proceso constituyente. Por eso votamos en contra de que el reglamento fijara para la aprobación de normas constitucionales un quórum inferior al fijado por la Ley N° 21.200, y en contra de lo que en su momento se denominó “plebiscitos dirimentes” hasta que llegamos a un acuerdo que los permitía sujetos a la dictación, por el Congreso, de la reforma constitucional respectiva.

En la discusión de los demás reglamentos, actuamos guiados por defender las condiciones de la participación de todos en la Convención. Por eso nos opusimos a la idea de que las vicepresidencias de la mesa se eligieran en votaciones separadas, lo que todos sabíamos era para excluir a la derecha en su totalidad, y a que el reglamento de ética contemplara como sanción la suspensión de los derechos de un convencional; con un FA+ dividido, me opuse a una caracterización amplia del “negacionismo”, que podría ser utilizada para limitar o impedir la discusión, y a la iniciativa de “comisiones transversales” que podían servir para que unos convencionales juzgaran la discusión de otros.

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Cuando comenzó la discusión de fondo sobre las normas constitucionales, estuve principalmente envuelto en la discusión sobre el sistema político. Fue una comisión en la que lograr un acuerdo resultó especialmente difícil. Pero lo logramos, y sigo pensando que el propuesto era un sistema político razonable. No perfecto ni mucho menos, pero un enorme avance respecto de lo que hay hoy y también respecto de lo que es probable que surja de la discusión actual (sobre el sistema político y las críticas que ha recibido véase el documento completo).

Estuve también especialmente envuelto en la discusión sobre derechos fundamentales, particularmente en educación, donde la propuesta terminó asegurando el deber del Estado de fomentar la educación pública y al mismo tiempo, de modo claro aunque menos explícitamente de lo que creo que era conveniente, la existencia y libertad de proyectos educativos no estatales; en sistemas de justicia, donde me opuse a ideas como la dirección colegiada del Ministerio Público y que los jueces desempeñaran sus cargos por un periodo fijo, y apoyé la idea de un Consejo Nacional de la Justicia, con una participación mayor a la originalmente acordada de jueces en él; también en temas medioambientales, donde contribuimos, entre otras cosas, a construir un novedoso régimen de “bienes comunes naturales” que estaba a la altura del “Estado ecológico” pero sin afectar otros derechos constitucionales.

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Vista mi actuación en retrospectiva, ¿habría hecho algo distinto? Claro que sí. Conscientes de que era un error excluir de la conversación a la derecha, hicimos diversos intentos para incluirla. Siempre asumimos, sin embargo, que esos intentos tenían un límite: no podían poner en riesgo la articulación de 2/3 que nos podría dar una nueva Constitución.

Este límite era muy real y decisivo para colectivos con los que necesitamos conversar. Incluso desde nuestra propia coalición, Apruebo Dignidad, el FA+ fue denunciado por estar “conversando con la derecha”. Pero ahora sabemos que lograr esa articulación de 2/3 con exclusión de la derecha fue un éxito en la Convención pero un fracaso con vistas al plebiscito, y que debimos haber insistido en la necesidad de ampliar la conversación. ¿Qué podríamos haber hecho para eso? Simplemente negarnos a continuar. Esto habría puesto en riesgo el desarrollo de la Convención, porque había sectores que no sentían mayor responsabilidad por avanzar en la propuesto de una nueva Constitución, sino que buscaban principalmente hacer visibles sus propias demandas. Hoy, con la claridad que permite la mirada retrospectiva, creo que era un riesgo que debimos haber asumido.

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En una elección o plebiscito se manifiesta una voluntad popular que decide. Su resultado es una decisión, no un argumento. Una derrota electoral no es el tipo de cosas que puede cambiar convicciones políticas, que descansan en argumentos. Quienes votaron por J. A. Kast en la última elección presidencial no necesitan, para mostrar su compromiso democrático, decir que se equivocaron en apoyar a Kast y ahora apoyan a Boric. Análogamente, el resultado del plebiscito no obliga a quienes creíamos que la propuesta era una buena Constitución para Chile a pensar que estábamos equivocados y que era, después de todo, una mala Constitución para Chile.

Por mi parte, sigo creyendo que Chile necesita una nueva Constitución, porque necesita nuevos términos de la vida en común, términos que sean experimentados por las personas no como abuso sino como reciprocidad.

De eso se trata el Estado social y democrático de derecho y su deber fundamental de remover los obstáculos que de hecho impiden la igual libertad de todos. Porque los derechos sociales no son derechos de igualdad, son derechos de libertad; pero una libertad que es para todos, y que supone la satisfacción de sus condiciones materiales.

Sigo pensando que Chile necesita un sistema político que no esté, como el actual, neutralizado y que por eso sea incapaz de tomar decisiones transformadoras, decisiones que sigo creyendo que la sociedad chilena demanda y necesita. Creo todavía que el desarrollo futuro de Chile necesita que Chile esté en paz consigo mismo, lo que exige una nueva relación con los pueblos originarios.

Sigo pensando que el triunfo del Rechazo significa un callejón sin salida, del cual solo se podrá salir si los vencedores, contrariando la conducta normal de los agentes políticos, actúan en la victoria con la magnanimidad que a los vencedores sugería Churchill, lo que nunca hicieron durante 30 años y lo que la Convención tampoco hizo.

Quizás ayuda a esto que, a pesar del fracaso de la Convención, la cuestión constitucional no se encuentra en punto cero. Aunque la Convención no logró solucionar el problema constitucional, nos permitió avanzar en la construcción de una visión constituyente común.

Fernando Atria
Abogado, doctor en Derecho. Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Presidente del movimiento político Fuerza Común y de la Fundación La Casa Común. Ex convencional constituyente.