«Des-violar» la ley

Hace algunos años asistí a un control médico con mi hijo recién nacido en una institución de salud privada. La pediatra que nos atendió me dijo algo así como: “Mamá joven, prepárate porque en la crianza de tu hijo se va a meter hasta la vecina”. En esa advertencia realizada por la profesional hace ya bastante tiempo existía un argumento claro y manifiesto del actuar de la sociedad; es que tanto en las maternidades como en la opción de no maternar existe un cuestionamiento sobre la capacidad de ejercer (o no) roles de cuidado que se extiende a lo largo de toda nuestra vida y sobre cada decisión/elección/acción que realicemos como mujeres.

El 28 de septiembre se conmemoró el “Día de la acción global por el aborto legal”, una de las tantas luchas históricas que ha sostenido el movimiento feminista, respecto de la capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Sin embargo, en este mismo día y de forma simultanea a los actos conmemorativos en distintas partes de Chile, en el Congreso Nacional se ingresaba un proyecto de ley que buscaría derogar dos de las tres causales que regulan el acceso al aborto en Chile y endurecer las penas respecto de quienes lo practiquen o se sometan a este tipo de procedimientos. En ese contexto, el diputado Cristóbal Urruticoechea, en la presentación de la iniciativa, se atrevía señalar con total liviandad que “una mujer que ha sido violada y aborta no se desviola (SIC) ni física ni moralmente”.

Claro está que el aborto es una realidad que existe en todas partes del mundo, la diferencia radica sustancialmente en las posibilidades de quienes pueden acceder de forma digna, legal y bajo condiciones de salud mínimas. No se trata de una discusión moral, sino, muy por el contrario, de un problema de salud pública del cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha entregado cifras contundentes: en el mundo 47.000 mujeres mueren anualmente y cerca de 5.000.000 sufren lesiones graves. Del mismo modo ha sido categórica en referirse al respecto: “Todas las mujeres deben poder decidir sobre sus cuerpos y salud. El aborto seguro es parte de la asistencia sanitaria”, señaló Tedros Adhanon, director de la OMS, en junio de este año.

Sin embargo, me quiero detener en lo que menciona el diputado Urruticoechea: la violación. De acuerdo con la información obtenida desde el Primer Informe de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile, realizado por la Corporación Miles en 2016, en Chile cada 25 minutos una mujer es violada (Servicio Médico Legal, 2011). En esa misma línea, y de acuerdo con el último informe de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (2021), “los tres primeros meses de 2021, a nivel nacional, la Policía de Investigaciones registró un total de 1.686 víctimas y denunciantes en casos de delitos sexuales. Cifra que representa un 5% de aumento respecto a los 1.598 casos que se presentaron en 2020, durante el mismo periodo”. El delito más frecuente es el de abuso sexual contra niños de menos de 14 años, con 589 casos en 2020 y 691 en 2021. Si bien esto es un 17% más, el delito con mayor porcentaje de aumento (113%) fue el “abuso sexual de mayor de 14 años por sorpresa y/o sin consentimiento” que pasó de 75 víctimas a 160”.

Resulta imposible dejar de hacer referencia a uno de los datos más horribles, y es que en Chile el mayor porcentaje de delitos sexuales ocurre en contra de menores de edad. Aún más grave es que en relación a la información presentada  en el “Informe del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales CAVAS de la Policía de Investigaciones de Chile (2003)”, este tipo de delitos son perpetrados en su mayoría “no por un desconocido en un callejón oscuro o en medio de la vía pública o porque la víctima se encontraba a altas horas de la noche en medio de la calle o porque ese día se le ocurrió vestir sugerentemente”, sino que corresponden a  personas cercanas a la víctima (89%), ya sea un conocido o un familiar versus que sólo un 11% serían personas desconocidas.

Es también preocupante que de los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados de derechos que se encontraban en dependencias del Sename en el año 2013, de un total de 43.292 que han sido víctimas de abuso sexual y maltrato, cerca del 10% (5.649 casos) corresponden a delitos de abuso sexual, con el desglose por género de 667 violaciones de niñas y menores de 18 años. Es decir, la vulneración no se constituye en el mero hecho de que los NNA sean víctimas de violación, sino que a su vez fueron enviadas a “un espacio seguro” a ojos del sistema judicial, pero que sin embargo son de conocimiento público la serie de procesos legales e investigaciones sobre delitos ocurridos contra menores de edad al interior de este espacio.

Con todos estos datos, me permito argumentar sobre un hecho evidente: la cantidad de violaciones afecta aún más a niñas y adolescentes en Chile que, en palabras del diputado, deberían poder realizar un proceso moral y físico alternativo al aborto para “desviolarse”. Sí, las mismas niñas y adolescentes que son parte de las cifras mencionadas anteriormente. ¿Quién podría borrar un hecho de semejantes características? ¿A quién se le podría ocurrir que un aborto podría “desviolar” a alguien o ser una especie de premio de consuelo para quien sufrió un hecho tan aberrante y que tuvo como consecuencia un embarazo no deseado? ¿Quién podría señalar siquiera un cuestionamiento en torno a la indefensión de las víctimas? Preguntas que hacen patente la indolencia ante las consecuencias tanto físicas como psicológicas, y en las que el trauma emanado de la violación es tan solo la punta del iceberg de un profundo daño que atenta contra la integridad de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. Entre quienes han sido víctimas, la violación es la principal causa de mortalidad y morbilidad femenina (OMS, 2021).

En Chile el número de mujeres que se ha practicado abortos amparadas en la ley de interrupción del embarazo en las tres causales no ha sufrido un aumento significativo, aun accediendo al procedimiento en instituciones de salud reguladamente y que, en los datos contenidos en la misma fundamentación del proyecto de derogación de ley de Urruticoechea, solo 608 mujeres han abortado por esta causa en el periodo 2018-2022.

Juzgue usted con toda la información de los párrafos precedentes, si efectivamente el porcentaje de quienes toman esta compleja decisión corresponde a un número elevado o si corresponde a un acto de desesperación de quien ha sido víctima de un delito que atenta contra su integridad física y psicológica. Hacer responsable a la víctima del peso de una violación y someterlas al arbitrio de un sistema legislativo/judicial que las revictimiza y condena, tanto pública como privadamente, se constituye como un grave atentado contra la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes a lo largo del territorio nacional.

La discusión política en torno al aborto no puede ser entendida como una obligación, imposición o generalidad aplicable a todas las mujeres gestantes que se encuentren en riesgo vital y que por consiguiente la interrupción del embarazo sea la única opción de tratamiento. Ni de aquellas que sus embriones o fetos posean incompatibilidad con la vida extrauterina. Ni mucho menos de aquellas que han sido víctimas de violación. No debemos seguir culpando a las mujeres por sus decisiones, ni menos por la serie de sucesos anteriores que las obligaron a llevar a cabo dicho proceso deliberativo. La institucionalidad y la sociedad en su conjunto hoy más que nunca tienen la obligación de promover el derecho legítimo de las mujeres para decidir sobre sus vidas y cuerpos, así como también deben exigir condiciones mínimas de atención sanitaria indistintamente de quienes bajo alguna de las causales se sometan a este tipo de procedimientos.

Bien señalaba Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”. Palabras que hacen eco de la situación actual y evidencian la estructura patriarcal de sectores conservadores que desean dominar una vez más la existencia y capacidad reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.