Primera infancia: ¿una sola institución del Estado?

Ante los cambios emergentes de la estructura organizacional derivados de la renuncia de Irina Karamanos como coordinadora sociocultural de la Presidencia, se inicia un proceso de modificación estatutaria en Fundación Integra. Dicha reforma considera que el ministro de Educación designe a un/a profesional con experticia e idoneidad.

Lo anterior trae consigo un análisis necesario respecto del impacto de estos cambios tanto en lo administrativo como en lo pedagógico. Cabe preguntarse cuál es el futuro de la organización y de qué manera puede implicar una transformación en su gestión. Si bien, en principio no afectaría su permanencia como fundación, renueva la discusión de la necesidad que existan dos instituciones orientadas a la primera infancia, como es el caso de Junji e Integra. Su paralelismo ha sido motivo de análisis y reflexión, sobre todo en lo que concierne a la posible integración.

Ya existen antecedentes de experiencias en que ambas instituciones han realizado actividades articuladas y han colaborado de manera integrada, lo que demuestra puntos en común en torno a la educación de la primera infancia. Por otro lado, el marco curricular vigente (Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 2018), establece un referente que convoca a todo el ciclo educativo, razón por la cual ambas instituciones adhieren a su aplicación.

Se evidencia entonces un espacio de similitudes, donde una de ellas es trascendental: ambas instituciones reciben financiamiento público. Ello merece atención en cuanto al uso de los recursos y la gestión, puesto que sería más optimo para el Estado contar con una sola institución que administrara la educación infantil. Esto colaboraría con el uso más eficiente de los recursos y la agilidad de la administración. Todo lo anterior dirigido al propósito más elemental: una educación de calidad para niños y niñas.

Ahora bien, la hipótesis de la fusión institucional trae consigo múltiples desafíos, sobre todo en lo que concierne a las condiciones laborales del personal, puesto que en Fundación Integra están regidos por el Código del Trabajo, mientras que en Junji por el estatuto administrativo. El hecho de unificar las instituciones generaría múltiples desafíos operacionales que van desde la confluencia de dos culturas organizacionales distintas explicitadas en sus propias visiones y misiones, su despliegue territorial hasta la definición contractual de sus trabajadores.

Este punto, sin duda generará una ardua discusión política entre quienes quieren más Estado o reducir su tamaño, ya que una de las opciones posibles será otorgar a los trabajadores de Integra el estatus de funcionarios públicos.

En caso de optar por una eventual fusión, dada sus complejidades, esta deberá desarrollarse de manera progresiva y participativa, considerando la voz de los trabajadores y no perdiendo su finalidad, que no es otra que mejorar las condiciones generales de acceso, funcionamiento y favorecer una educación de calidad.