Los partidos políticos v/s ¿los particularismos políticos?

Concluido el segundo tiempo constitucional este 4 de septiembre de 2022, se inauguró inmediatamente un nuevo proceso, avanzando en la tarea de concordar algunos límites o bordes constitucionales, lo que se ha materializado en un acuerdo de 12 puntos generales, buscando ahora una definición por el órgano redactor de la nueva Constitución. Este ejercicio debe coincidir con la expectativa de un pueblo que habló en el “Plebiscito de Entrada Constitucional” y eligió a un 64% de independientes, en desmedro de los partidos políticos.

Conocido el resultado en el plebiscito de salida, la responsabilidad de los partidos políticos de conducir este proceso de tercer tiempo constitucional se ha puesto a prueba, máxime, la desconfianza que representan en la sociedad/pueblo, a lo que se suma una condición de diáspora o fragmentación intensa de los mismos producto de una combinación de: a) individualización de la política; b) un sistema electoral proporcional; y c) una intensa agenda de políticas identitarias. Sin embargo, existen algunas certidumbres de inicio en este tercer tiempo: a) la ciudadanía se pronunció en el plebiscito de entrada por una nueva Constitución; b) por un órgano 100% electo; y c) solicitando otro texto constitucional en el plebiscito de salida.

A esta nueva coyuntura se suman voluntades declaradas por representantes del Bloque Apruebo y del Bloque Rechazo, ex–ante del 4 de septiembre. Esto, desde una perspectiva sartoriana, podría proyectarse en el sistema de partidos políticos con presencia en el Congreso, a lo menos en tres ideas:  a) que el caudal votos y elegibilidad alcanzada sea utilizada para la ciudadanía y no para sectores o grupos de interés; b) fortalecer la capacidad de lograr acuerdos políticos, en favor de un bien común; y c) finalmente, evitar una escalada de chantajes (in)nutritivos, prioritariamente desde el Congreso.

Constatar la implementación de ellas conlleva una comprensión del sistema de partidos y actora/es política/os respecto de su actuar, implicando fuerzas centrífugas y centrípetas que ella/os misma/os originan, desarrollan y finalizan, a propósito de las tres variables consignadas. Los hechos han demostrado que la ciudadanía va más allá de votar, buscando enjuiciar cómo es su desempeño en el Congreso y en los territorios, buscando involucrarse en la toma de decisión. Se entiende que es una de las causas de la desconfianza instalada en el sistema sociopolítico en general y, en específico, sobre los partidos políticos y el sistema que logran articular, dada la distancia entre lo pactado/prometido y lo obrado. Esta desconfianza o confianza crece y disminuye, en función de los resultados y cómo estos se relacionan distante o directamente con las demandas de la ciudadanía.

Un ejemplo, es el previsional. Pre-estallido social, la demanda de más y mejores pensiones era una prioridad. Pero luego, en la propuesta constitucional presentada en septiembre del 2022, compartió preocupación y debate con la idea de plurinacionalidad y cuidado del medioambiente, entre otros tópicos, que terminaron eclipsándola. ¿Implica una desvinculación entre octubre 2019 y septiembre 2022? La ineludible necesidad de debate en el particularismo identitario-temático sociopolítico tuvo sus costos, desafiando asertividad al sistema de partidos en este tiempo. De igual forma, hablar del voto obligatorio hoy es aumentar la desconfianza, pero hablar de justicia en las pensiones es disminuirla. Esto bordea el accionar de populistas que basan sus afirmaciones de acuerdo con las encuestas más que de las prioridades sociales (hay una mezcla, para ser precisos).

Así, se colige la urgencia de acuerdos asertivos para canalizar las demandas ciudadanas desde sus territorios, apurando el tranco por una nueva Constitución, sin perjuicio de una u otra encuesta o propuesta política (los dedazos constitucionales),  pues la dilatación afecta al todo y al poco andar se tendrá una mayor complejización de requerimientos pues se sumarán, ya no solo los partidos con representación en el Congreso Nacional sino que otros grupos de interés, poniendo sobre el interés colectivo demandas específicas con chantajes asociados. Esta dinámica, en medio de la responsabilidad de gobernar, sea desde el oficialismo, o bien desde la oposición (en el Congreso), requiere sin duda de partidos políticos a la altura del desafío.

Si bien la experiencia con la Lista del Pueblo, así como con Independientes No Neutrales, en el proceso constitucional anterior, representan expresiones distintas de un mismo fenómeno, donde el distanciamiento hacia los partidos fue y es una regla, son estos últimos los que buscan reconducir el proceso constitucional. Es decir, mientras los partidos buscan acuerdos-coincidencias, por medio de un actuar responsable, las otras expresiones que participaron en el proceso constituyente aún sintetizan los resultados del plebiscito pasado. No obstante, lo anterior, el re-perfilamiento de los partidos políticos, es lo que se debería cautelar, por ello se demanda mayor responsabilidad a quienes están esculpiendo hoy acuerdos.

Mientras, el oficialismo logra la dirección de la testera de la Cámara de Diputados/as, en la búsqueda de una mayor gobernabilidad y gobernanza posible, precaviendo que “no hay que caer en la euforia” (https://pagina19.cl/destacado/un-gran-logro-pero-cuidado-con-la-euforia/), dada la incertidumbre en su logro y proyección, el emergente Partido de la Gente y su resquebrajada unidad enfrentan el desafío de la consolidación (mientras se aventuran fragmentaciones). Más grave es el actuar o “las salidas de libreto” de algunos representantes del Partido Republicano, ya que en sus expresiones muestran lo que la sociedad reclama y no aprueba de la/os política/os.

Por otra parte, la Democracia Cristiana, en cuanto partido, goza de representación política interescalar (senadores, diputados, alcadesa/es y concejala/es), no así en lo que fue la Convención Constitucional, donde sólo uno de sus militantes, más un independiente, ingresaron al órgano, cuestión explicativa del resultado del plebiscito constitucional de salida, ya que a la luz de los datos, varia/os representantes de la DC vigentes y otra/os ya alejada/os se transformaron en verdaderos francotiradora/es del proceso. El centro político PDC no estuvo en la Convención Constitucional (sí fue promotor del acuerdo del 15 de noviembre), contribuyendo al Rechazo, provocando una ingobernabilidad interna del mismo (una institucionalidad por el apruebo v/s figuras importantes por el Rechazo).

Por ello el desafío de materializar el mandato ciudadano vía organizaciones que viven en un tobogán de des-confianza para el logro de un órgano redactor 100% electo v/s las variantes que, al amparo de los resultados del 4 de septiembre, el sector político que se considera equivocadamente ganador, buscando imponer con a) fórmula mixta y una menor cantidad de personas electas vía urnas (50 a 78 representes) y b) más un Consejo de Expertos electo por el Congreso, coloca al sistema de partidos general en una encrucijada sustantiva para  el logro de tal propósito. El resultado, sin dudas, cualquiera sea, profundizará las grietas internas y aumentará la fragmentación del sistema de partidos políticos con el surgimiento de algunos nuevos y la segmentación de otros. Así, ocupando la nomenclatura sartoriana (otra vez), el mismo sistema pasaría en el corto plazo desde el pluralismo extremo a uno atomizado, logrando destacar aquellas organizaciones que, con lideresas y líderes, expresan el sentido colectivo y social, de forma responsable, ante los desafíos sociales del periodo.