Expertos contra la democracia

Es penoso lo sucedido luego del plebiscito del 4 de septiembre. El rechazo mayoritario del texto de una nueva Constitución fue recibido con júbilo por la clase política, el gran empresariado y sus medios de comunicación. El alma volvió al cuerpo y el poder constituido no pierde tiempo en reemplazar al poder originario, cuyo titular es el pueblo. Sin contemplaciones, vulnera la democracia.

En efecto, el Parlamento, apoyado por las direcciones políticas de los partidos de derecha y del “socialismo democrático” han encontrado el camino para elaborar una Constitución que sea aceptable para el establishment económico y político del país. Apruebo Dignidad, a regañadientes, se ha debido plegar a esta iniciativa, exigido por la estrechez política que acosa al gobierno.

El “Acuerdo por Chile”, instalado básicamente por el Parlamento, con el apoyo de Amarillos, propone que la nueva iniciativa constitucional sea redactada mediante la participación de tres organismos: una Comisión Experta, un Comité Técnico de Admisibilidad y un Consejo Constitucional. Los miembros de los dos primeros designados por el Parlamento y el tercero, elegido por votación popular, de manera similar a como se realiza la elección de los senadores.

Antes de esta decisión, el Parlamento fijó límites (bordes) a quienes elaboren la nueva Carta Magna; vale decir un “rayado de cancha” dónde debe moverse la nueva discusión, para impedir cualquier idea “refundacional” en la redacción de la nueva Carta Magna. A ello se agrega un “árbitro” para garantizar el cumplimiento de tales bordes: el denominado Comité de Admisibilidad.

Por cierto, los “bordes” y el “árbitro” vulneran la libertad del pueblo para darse libremente su ley fundamental. Pero lo más delicado en la nueva iniciativa es la propuesta que unos “expertos” redacten la propuesta constitucional: la Comisión Experta.

“No siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general jamás puede enajenarse, y el Soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo”. Es lo que nos decía hacer tres siglos J.J. Rousseau, en su Contrato Social. Los parlamentarios chilenos, olvidándose de Rousseau y de la Revolución Francesa, cuestionan la voluntad soberana del pueblo y la reemplazan por “expertos”.

La Comisión Experta, elegida el 23 de enero, estará compuesta por 24 miembros de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”: 12 nominados por la Cámara de Diputadas y Diputados, y 12 por el Senado.

Se ha dicho, curiosamente, que con esta decisión se acaba el comportamiento “partisano” (partidario, según la RAE) que habría estado presente en el anterior proceso constitucional. Sin embargo, la nominación de esos “expertos” es decisión de los partidos políticos, lo que pone en duda su independencia y, por tanto, no evita su comportamiento partidario.

Así las cosas, con “bordes”, “árbitro” y, sobre todo, “expertos”, los 50 miembros elegidos para el Consejo Constitucional se verán seriamente limitados en sus atribuciones, a lo que se agrega el hecho de que las listas para la elección a este Consejo sólo podrán estar conformadas por partidos políticos y no por independientes.

La decisión adoptada por la clase política tradicional, con el apoyo empresarial y los medios de comunicación, cierra las puertas a esa mayoría nacional, cuyas movilizaciones de octubre de 2019 instalaron en la agenda el cambio constitucional. Y, no hay que confundirse: el rechazo que se vivió el 4 de septiembre no debe entenderse como un rechazo a las demandas económicas, sociales y políticas de ese pueblo, que entendía que sólo una nueva Constitución podía atenderlas.

En consecuencia, la solución que encuentra el establishment para la nueva discusión constitucional es equivocada y peligrosa.

Pretender que una Constitución sea redactada y vigilada por un grupo de privilegiados, con requisitos técnico-profesionales y 10 años de experiencia de trabajo, es una forma de descalificar a la mayoría nacional y dar un visto bueno al modelo excluyente que vivimos. Es, además, arremeter contra el poder constituyente originario. Ello representa una visión y propuesta autoritaria, que vulnera fundamentos democráticos elementales.

Por otra parte, los partidos no elegirán personas neutras, porque no existen, ya que tienen la misma visión que los partidos que las eligen.

En consecuencia, difícilmente esos “expertos” podrán representar a los movimientos sociales e identitarios, que fueron fundamentales en la instalación del cambio constitucional.  Esos “expertos” representarán la defensa del sistema de desigualdades e injusticias que vive el país hace 40 años. Probablemente ello explica que encuestas recientes estén indicando que una gran mayoría de la sociedad está en desacuerdo con que la nueva Constitución sea redactada por los 24 expertos. Se estima una injustificada imposición a la discusión constituyente.

Es difícil encontrar un caso parecido en el mundo en que “expertos” sean determinantes en la elaboración de una Constitución. Ello es especialmente preocupante en nuestro país, con un Parlamento y partidos políticos que asumen la responsabilidad de designar a los “expertos”, a pesar de su escasa legitimidad ante la ciudadanía. Así las cosas, el resultado de este proceso constitucional, construido por la clase política tradicional, apunta al fracaso.