¿Los medicamentos como derecho o como negocio?

Hace unos días el Gobierno de Chile anunció un nuevo convenio entre las cadenas de farmacias y Fonasa, iniciativa que forma parte del paquete de propuestas de apoyo a la economía familiar.

La propuesta presentada por el gobierno contempla la ampliación de los convenios con cadenas de farmacias que permite la rebaja de precios a 6.900 medicamentos y a cerca de 1.400 insumos médicos para los beneficiarios de Fonasa, ampliando además la cobertura con venta online sólo presentando la receta. Incluso, el anuncio habla de medicamentos que estarían un 90% más baratos. Las cadenas de farmacia asociadas y su cobertura son las siguientes: Salcobrand en todas las regiones del país; Farmacias Ahumada en las regiones Metropolitana y O’Higgins; RedFarma en las regiones de BioBío y Los Lagos; y Farmex en la Región Metropolitana. Sí, algunas de las farmacias que estuvieron involucradas en el bullado caso de colusión de precios de medicamentos en nuestro país.

Según el estudio “Gasto de Bolsillo en Salud, Una mirada al gasto en medicamentos” (CEP, 2019), Chile supera el promedio de los países OCDE respecto al gasto de bolsillo en salud en medicamentos, alcanzando el 38% del total de este ítem. Datos de la OMS indican que cada año 100 millones de personas caen en la pobreza porque tienen que pagar los medicamentos de su bolsillo (OMS, 2022), lo que ha provocado una preocupación mundial sobre el alto costo de ellos y que sumado al contexto de recesión económica que vive nuestro país vale la pena priorizar en la agenda de gobierno.

De ahí que cabe preguntarse, ¿por qué dar preferencia a grandes cadenas incluyendo a las cuestionadas por colusión? ¿Por qué no apuntar a las renacientes farmacias de barrio o la experiencia de farmacias populares que gracias a la Ley Cenabast de 2020 pueden disponer de medicamentos a menor costo a los usuarios? ¿Por qué no apuntar a una cobertura territorial hacia todas las comunas de Chile, superando la cobertura acotada a las capitales regionales?

No se entiende que el gobierno optara por subsidiar a las grandes cadenas farmacéuticas, a pesar de que las farmacias independientes y de barrios pueden garantizar a través de Cenabast un precio justo y al mismo tiempo, cobertura en todo el país.

Si revisamos los medicamentos que se ponen a disposición a partir del convenio, veremos que no se han priorizado los medicamentos genéricos o bioequivalentes, sino que los de algunos laboratorios y que, además, tampoco los descuentos de precios se han focalizado en aquellos medicamentos que sirven para tratar enfermedades crónicas en las cuales recae el gasto mensual de las familias chilenas. Es decir, se mantuvo el modelo de negocio oligopólico de las grandes cadenas de farmacias también en cuanto a los laboratorios, excluyendo además los medicamentos más demandados por la ciudadanía.

Por otro lado, si profundizamos en las diferencias de precios, veremos que tampoco existe mucha variación. Para mostrarlo, hemos tomado el ejemplo de un medicamento para tratar la diabetes tipo 2, conocido con el nombre de fantasía Jardiance, de 25 mg. de 30 comprimidos, cuyo principio activo es la Empaglifozina.

En 2022, antes del actual convenio, se podía encontrar en la Farmacia Cruz Verde a $ 35.792 con su club de descuentos. Hoy, tras el convenio, vemos que el precio normal publicado por el proveedor (Salcobrand) es de $ 46.999, pero que con el convenio Fonasa, le quedaría en $ 34.548, marcando sólo una diferencia de alrededor de $1.200 más barato de lo que se encontraba en la Farmacia Cruz Verde hace un año.

Y más aún, si revisamos en la plataforma habilitada por Cenabast, allí se informa que el precio máximo al cual las farmacias independientes pueden vender el principio activo Empaglifozina de 25 mg. de 30 comprimidos es de $ 32.640, alrededor de $3.150 más barato que en la Cruz Verde y más barato que con el convenio entre las farmacias y Fonasa. Una evidencia que podría ser considerada para una renovación de este convenio.

Hemos hecho este ejercicio no por la mera crítica, sino para mostrar que esta medida es insuficiente. Y proponer una política de acceso a medicamentos enfocada en aquellos que tratan enfermedades crónicas, las cuales de no ser tratadas a tiempo se puede apresurar el deterioro de las personas, el avance de la enfermedad e inclusive, la muerte.

Hay antecedentes y experiencias que muestran que los precios justos no vendrán de la mano de las grandes cadenas de farmacias, simplemente porque para ellos es un negocio y su característica es que existe una frontera clara de quienes acceden y quienes no: los que tienen dinero y a quienes no les alcanza. Por ese mismo motivo, tampoco aseguran cobertura, porque simplemente hay lugares donde no les “conviene” abrir una sucursal, porque si fuese así habría farmacias en La Pintana o Chaitén.

La salud no es un negocio. Con la salud de las personas no debe jugarse y tampoco lucrar, menos generar expectativas falsas. La salud es un derecho, que debemos garantizar como sociedad para que los medicamentos lleguen donde hoy no se llega, para tratar a las personas que hoy están esperando una mano. Existe la institucionalidad, existen las experiencias, sólo falta la voluntad política.