Los dilemas de ser universidad estatal

Un profesor canadiense llamado Jacques Tardif, doctor en psicología de la educación, escribió, hace tiempo, la metáfora de las cosas-fotos y las cosas-películas en el contexto de las evaluaciones ya que, en educación, en general, se tiende a mirar las cosas como en una sola fotografía. Con ello se define, por ejemplo, si un estudiante tendrá éxito o sufrirá un fracaso en un curso o asignatura, pero sin observar a las cosas en un continuo, como en una película.

En efecto, así debiera ser puesto que las personas siempre estamos en movimiento y en un permanente cambio o itinerario evolutivo. De la misma manera, debe haber una metáfora para concebir el trayecto que han tenido las universidades estatales en el país y, a su vez, conocer la línea de transformación del sistema de educación superior de Chile en los últimos 50 años.

El primer tema es todo un caso porque no se entiende que el Estado señale con abundante discurso que tiene 18 universidades estatales, pero que a estas solo le alcanza a brindar un 17% de todo su financiamiento. El resto es, siempre, de procedencia de los apetecidos proyectos o de iniciativas específicas de los académicos que están más conectados con la innovación, investigación, tecnología y emprendimientos y, por cierto, del tema aranceles que conectan, de manera permanente, con los números de las matrículas.

La polémica es neurálgica ya que el financiamiento estatal de las universidades públicas chilenas sigue en pie puesto que tampoco queda en claridad el porcentual indicado. Hubo años en que una universidad, por ejemplo, recibía el 34,3% de su presupuesto; pero también hubo otra que logró solo el 5% del global financiero para operar. Lo que debería haber sido un escándalo, con todas sus letras, y haber motivado un gigantesco movimiento estudiantil y académico, generó pasividad puesto que la burocracia se coludió con el control de todos los actos administrativos junto con la sumatoria de una serie de leyes públicas donde nadie se hace responsable de nada. Pervivir en ese mar de lo excesivamente burocrático ha generado conexiones con la mal llamada “institucionalidad de las condiciones” donde, asunto aparte, no hay confianzas, comprensiones y ganas de solucionar la disputa para un buen funcionamiento de nuestro sistema universitario.

El segundo tema tiene que ver con la propia política pública que ha definido el quehacer de las universidades estatales en un ámbito de financiamiento donde la educación es vista y asumida como un bien privado y donde la segregación del mismo modelo genera discriminación para las instituciones regionales ya que no se observa el ámbito de las realidades demográficas de los territorios. Es la educación universitaria, envuelta en el modelo tipo voucher o de cuponerías, más allá de todas las teorías sobre Choice System (CS), el sistema va asociando precios, valorizaciones de carreras, aranceles y matrículas, pero alejado de toda injerencia o conexión familiar o humana.

El asunto es bien simple y claro: lo que importa es la demanda, pero entregada a las ofertas de las universidades donde, en algunos casos, no hay ni siquiera competencias para abrir carreras o para seguir insistiendo en algunas que, simplemente, no tienen campo laboral. Debido a lo anterior, nunca ha estado la sinceridad o la franqueza, de muchos actores en el tema, para saber si el derecho público tiene que ver con lo estatal. Visto así, las insistencias conceptuales siguen reduciendo los factores explicativos a una sola forma de ver las cosas o a una sola acción.

El tercer tema dice relación con lo que expone acertadamente el abogado José Julio León, quien señala que el problema de la universidad estatal en Chile es un asunto empírico con línea multifactorial. Es decir, “el cambio de políticas depende de la conducta de los actores sociales y de las acciones que llevan a cabo como de los conceptos que utilizan o emplean”. Actualmente, se ha señalado hasta el hartazgo que “la educación no es un bien de consumo sino un derecho social” y eso genera consecuencias prácticas para la política pública y para las decisiones de la orgánica estatal.

Por lo mismo, mi hipótesis es que tenemos un sistema de educación superior secuestrado por las leyes del modelo de mercado ya que todavía rige la Ley N° 18.962 (la conocida Ley LOCE), una ley de amarre brutal, por sobre incluso la Ley N° 21.091 (del año 2018), por lo que cada gobierno de turno y los propios funcionarios no inciden mayormente en las formas de configurar la educación superior en universidades estatales. Los juristas, de una u otra condición técnica, dirán que es una ley derogada en el año 2009, pero la absurda curiosidad nos dirá también que no toda, en su completitud, ya que hasta el día de hoy sigue vigente a través de su Título III (salvo su párrafo segundo) y su Título IV, en sus normas referidas básicamente a la educación superior.

De manera general, hay que decir que son tantos los cerrojos de un modelo neoliberal, con roles todavía subsidiarios, que todo eso ha generado enormes repercusiones en los distintos ámbitos de las universidades estatales. A mi juicio, el más sensible es que se perdió el rol docente del Estado, tanto, en sus escuelas y colegios como en sus universidades estatales. El mercado educativo nos subsumió en una vorágine, con moralidad conservadora incluida, que la famosa libertad de enseñanza resultó ser una competencia feroz en la elección de instituciones educativas y de carreras con jóvenes, que cada año, quedaban al arbitrio de un sistema donde solo veían sus puntajes, a través de una prueba, discutible además en su formato.

Más allá de los rankings y de los diversos indicadores que el país exhibe en acceso a la educación superior, empleabilidad, aseguramiento de la calidad, productividad científica, y otras denominaciones que caracterizan el escenario del sistema universitario, el tema es cómo nuestro país normalizó una forma de hacer universidad sin importar lo que significa concebir la educación como un derecho fundamental y como un derecho social. Para integrar aún más estos puntos de vista, hay que indicar otro elemento importante a la discusión: asumir, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que fue ratificado en Chile en el año 1972 y que recién entró en vigencia, en su primera etapa, en el año 1989, pero que todavía no es asumido de manera completa por las autoridades de ningún gobierno. El dilema aún es largo.