El 8M y la educación superior: demandas jurídicas y cambio cultural

Buen día a todas, todos, todes. Los estoy saludando, pero este saludo puede leerse también como una provocación.

Para nadie es una novedad que en muchos espacios este saludo genera al menos incomodidad, cuando no abiertamente rechazo, crítica e incluso burla. Los motivos de ese desacuerdo van desde actitudes conservadoras frente al uso de la lengua, hasta distancias teóricas y políticas con su trasfondo. Sea cual fuere su posición frente a ello, no caben dudas que el hecho de que nos estemos cuestionando el género de esa palabra, “todos”, y cuestionándolo además de esa forma (con la “a” pero también con la “e”), es un logro político, y es también signo de un cambio cultural profundo, más lento de lo que algunas, algunes, algunos quisiéramos, pero al parecer, difícil de detener.

Efectivamente, su uso es un importante signo de transformación, heredero sobre todo de un hito fundamental, del que ya casi se cumplen cinco años.

Entre abril y julio de 2018 se sucedieron en Chile una serie de tomas feministas de universidades, que alcanzaron a 26 instituciones académicas. Las demandas del movimiento, plasmadas en petitorios que surgieron de asambleas horizontales, se concentraron en medidas respecto del acoso y abuso sexual en los espacios universitarios y en la necesidad de una educación no sexista. Las estudiantes visibilizaron prácticas del poder patriarcal que han atravesado históricamente la educación superior en el país, y obviamente no sólo en Chile.

Algunas autoras que han analizado el movimiento de las tomas feministas coinciden en señalar, por una parte, la existencia de un escenario de “efervescencia” del feminismo a escala internacional en ese momento (recordemos, por ejemplo, el pañuelazo argentino, o el “Me too”, algo más distante, en varias formas), y por la otra, establecen el anclaje de esos acontecimientos en el desarrollo histórico del feminismo a escala nacional, un movimiento cuya fuerza se hace públicamente evidente cada 8 de marzo, y el de este año no fue la excepción.

Aquel hito de las tomas feministas fue fundamental para la promulgación, en agosto de 2021, de la Ley 21.369, que “Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior”. Gracias a ese marco normativo, las universidades han debido crear una institucionalidad para abordar esta problemática, generar políticas sobre el tema, y establecer mecanismos de denuncia y acompañamiento.

De ese modo, las oficinas de género y diversidad, en sus diversas formas y denominaciones, han desarrollado iniciativas en las instituciones de educación superior, convocando a las/les/los estudiantes, y a las/les/los funcionarias/es/os, a contar desde su sentir, y desde sus vivencias cercanas, cómo se hacen carne las desigualdades y violencias que dieron impulso a este movimiento y sus demandas.

Los diferentes casos han revelado situaciones dramáticas, intolerables, pero también una esperanzadora valentía de jóvenes voces que se animan a enunciarlas y denunciarlas.

Estas voces son imprescindibles para que, ojalá más temprano que tarde, eso que las normas que buscan la igualdad de género obligan a las instituciones de educación superior a cumplir, deje de ser un mandato jurídico y se transforme en un convencimiento ético. En definitiva, y en términos bien concretos, que se nos deje de hacer parte por cumplir con una cuota, y se nos haga parte por igualdad y por justicia.