Agua, base de la vida y de la nueva Constitución

Hoy miles de millones de personas en el mundo viven sin acceso al agua potable y saneamiento de forma segura, aun cuando mundialmente se ha reconocido a ambos como un derecho humano. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010, y con 122 votos a favor, entre ellos Chile, “reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”, como por ejemplo la educación, que sin agua no hay aseo personal ni escuelas funcionando.

Además de esta importante firma, antes hubo varias iniciativas que iban en ese sentido, dada la grave crisis hídrica que ha estado enfrentando el mundo desde hace varias décadas y Chile es una de las zonas con más estrés hídrico.

A la fecha sólo 6 países reconocen en sus Constituciones el Derecho Humano al Agua, esto dista muchísimo de los compromisos acordados en los diferentes eventos internacionales.  Acá la situación es aun más grave, pues la Constitución vigente otorga la “propiedad” sobre este bien común natural que malamente llaman “recurso hídrico”, no sólo uso y aprovechamiento, sino propiedad, cuando el Código Civil es claro en señalar que el agua es un bien nacional de uso publico.

Ahora la reciente modificación del Código de Aguas, que demoró 11 años en su tramitación, señala claramente “prioridades de uso”: para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, luego de destacar que las aguas en cualquiera de sus estados (sólido, líquido o gaseoso) son bienes nacionales de uso público, y aquí tengo estos puntos:

• Que a todas luces hay una contradicción. ¿El agua es un bien nacional de uso público, en consecuencia su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación (así lo señala el Código de Aguas recién reformado), o es de propiedad de algunos en desmedro de muchos, como lo dice la actual Constitución? Y aquí está el problema. Los Derechos de Agua otorgados a particulares desde el Estado, gracias a la Constitución de 1980, fueron concedidos de forma gratuita y a perpetuidad, y al separar el agua de la tierra originan el Mercado de Agua, pues el agua se pueda transar solita y hoy los terrenos que antes eran secos, como los cerros, tienen agua y plantaciones y no hay ninguna restricción al respecto.
• Esta concesión gratuita, y el uso de información privilegiada en su momento, llevó a algunas personas a inscribir muchos Derechos de Aprovechamiento de Agua (DAA). Es así como hoy el 79% de los DAA se concentra en el 1% de los chilenos. Ello sin duda ocasiona un problema de dimensiones, pues mientras muchas personas del norte, del centro y del sur sufren por agua, otros la tienen en abundancia y para sus actividades productivas exportadoras. Nadie dice que no las tengan, pero se deben respetar las prioridades de uso para el consumo humano y las actividades agrícolas de subsistencia que producen para la mesa nacional. Recordar que en términos de porcentajes el consumo humano y agricultura campesina son los que menos consumen.
• El Código de Aguas demoró 11 años en su tramitación, es decir llegó 11 años atrasado, y no toca los Derechos de Aprovechamiento ya otorgados, sino sólo los que quedan, que no es más de un 10% de derechos superficiales y un poco más en subterráneos. ¿Es justo que el 99% de las personas no tengan DAA, y miles no tengan acceso al agua? Es clara la situación de inequidad.

Vemos cómo camiones aljibe recorren las localidades rurales para abastecer de agua a la población en cantidades ínfimas, y esto ocurre mayormente en el sector rural, pues es allí donde se comparte territorio con los sectores productivos que crecen sin medida, sin regulación y sin respeto por las comunidades. La agricultura de exportación, la mega minería y los monocultivos forestales privilegian las utilidades de las grandes empresas sin importar ir secando los territorios, forzando desplazamientos de familias y destruyendo los ecosistemas. Acá no hay conciencia de que los ecosistemas son los que generan vida. La naturaleza debe tener derecho al agua a no ser secada, de lo contrario no tiene posibilidad de recuperación propia y no vamos a solucionar este grave problema de vida o muerte.

La falta de regulación, la acumulación y el sobreotorgamiento de DAA, el crecimiento exponencial de las actividades productivas con alto uso de agua (especialmente en la ruralidad), la contaminación de las aguas, la disminución de las precipitaciones y la mala gestión del agua (el 60% de los problemas del agua son causadas por mala gestión) hacen que nuestro país se encuentre en constante estrés hídrico y, a diciembre de 2022, 101 comunas estaban con decretos de escasez hídrica.

En Chile, tanto la gestión y la propiedad del agua están en manos de privados. La gestión del agua potable urbana está casi toda privatizada y en el sector rural, con mucho esfuerzo de dirigentes nacionales, se logró parar el proceso de privatización del agua rural y hoy la administración sigue siendo comunitaria. Los territorios operacionales protegidos y blindados de la privatización (así lo señala la Ley N° 20.998 del Servicio Sanitario Rural) hacen del agua potable rural la única agua que es nuestra que es de todas/os las y los chilenos.

La propiedad, por la gran concentración y acaparamiento de DAA, tanto superficiales o subterráneos, permite que muchos ríos que comienzan en las nacientes no llegan al mar; se vacían antes o son intervenidos, poniendo en riesgo los villorrios, a gente que vive de sus huertas, de agua para sus animales.

Ya vivimos la experiencia en nuestro país del traslado de animales por forraje, desde la región de Valparaíso hacia regiones de más al sur. El costo para estas familias y para la economía local es grave. A falta del agua superficial, se explota ahora el agua subterránea para riego de amplias hectáreas de fruta de exportación, con altos niveles de consumo, agua que finalmente se exporta y se va en las frutas, como huella hídrica. Los agroexportadores construyen profundos pozos, en desmedro de los pozos de menor diámetro y profundidad del agua potable rural, lo que pone en jaque el abastecimiento de agua potable y saneamiento.

Por todo esto, es necesario definitivamente poner la pata en el freno y, dado que estamos en un nuevo proceso constitucional, urge establecer en esta nueva propuesta una redistribución del agua, de manera equitativa y con prioridades de uso, donde el agua sea protegida en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. Donde se respete el derecho humano al agua, donde exista un Ordenamiento Territorial que planifique las actividades productivas y los asentamientos humanos. Donde se proteja y fomente la gestión comunitaria de agua potable rural, que ha sido exitosa en nuestro país y reconocida internacionalmente. Y que exista una mejor gobernanza del agua; que se gestione a través de una gestión integrada por cuenca, donde todas y todos los usuarios de agua de manera horizontal, participativa y democrática, tomen las decisiones de lo que ocurre en la cuenca y no como hoy, donde el que tiene más DAA es el que toma las decisiones.

Finalmente, es importante recordar que parte de la crisis hídrica es producto de la crisis climática y ecológica de nivel mundial fruto de la actividad humana.

El planeta tiene límites; no hay que esperar a que salga la última gota de agua para recién tomar medidas.

Estamos precisamente en un punto de inflexión, como lo señala Pamela Poo en su reciente libro del mismo nombre. Hace falta más humanidad, más empatía, no solamente mirarse la punta de la nariz. El agua es un bien común natural que nos ha otorgado gentilmente la naturaleza: es la base de la vida, de la naturaleza y debemos entenderlo.

¡Feliz Día mundial del Agua!