La Estrategia Nacional de Litio y los derechos humanos

En días pasados el presidente Boric dio a conocer las líneas centrales de la Estrategia Nacional del Litio que su gobierno pretende impulsar. Ello en momentos en que la demanda global por el litio crece exponencialmente –lo mismo que los precios de este mineral no metálico, del cual Chile posee una de las mayores reservas del mundo– en el contexto de la búsqueda de alternativas de transición energética gatillada por la grave crisis climática que estamos enfrentando.

Entre las principales acciones que la Estrategia presentada por Boric se propone desarrollar se encuentran la creación de una Empresa Nacional del Litio y de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares. A ello se agrega la incorporación del Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama; la prospección de otros salares que no sean declarados como protegidos, promoviendo en ellos un régimen de explotación que considere el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. Según lo señalado en la página web de la Estrategia, esta tendría como objetivos centrales “incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor al sector productivo en armonía con las comunidades”.

Un elemento central de la Estrategia anunciada por Boric es la creación de una Empresa Nacional del Litio, la que estaría sujeta a un proyecto de ley a ser presentado próximamente al Congreso Nacional para su análisis, proyecto que deberá establecer el marco institucional para la gobernanza del litio.

Lo anterior es consistente con el objetivo promovido por este gobierno de que el Estado asuma un rol de liderazgo en el desarrollo del litio, rol que, como sabemos, hasta ahora no ha tenido.

Ello toda vez que, no obstante ser Corfo el dueño de las pertenencias mineras de litio en el Salar de Atacama, donde hasta ahora se ha concentrado su explotación, dicha explotación ha sido impulsada por empresas privadas. Es así como hasta ahora han sido dos las empresas que han explotado el litio en este Salar: SQM (controlada por el Grupo Pampa, de Julio Ponce Lerou) y, desde el 2018, Tianqi Lithium, empresa de capitales chinos, y Albemarle, de capitales estadounidenses.

La inclusión del Estado en el desarrollo del litio es más que justificable. Con la creciente demanda y precio del litio en los mercados globales, las ganancias de dichas empresas se han elevado sustancialmente. Solo SQM reportó ganancias por US$ 3.906 millones en 2022. Tales recursos podrían financiar políticas en salud, educación, vivienda y tantos otros ámbitos sociales deficitarios en el país.

Con todo, y a pesar de que la Estrategia presentada por Boric considera explícitamente el involucramiento del sector privado en todo el proceso productivo, esta ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte del mundo empresarial, incluyendo a sus asociaciones gremiales (CPC, Sofofa, Sonami). Tales cuestionamientos parecen ignorar la lamentable trayectoria de incumplimiento de compromisos contractuales contraídas con Corfo por los privados, como SQM, involucrados en el desarrollo del litio. A ello se agregan las estrategias impulsadas por los directores de esta empresa, abiertamente reñidos con la legislación nacional y extranjera aplicable, así como con la más mínima ética, los que tanto daño causaron a la credibilidad de las instituciones, incluyendo por cierto los partidos políticos, descrédito que fue uno de los factores que gatilló el estallido social de 2019.

Más allá de dichas críticas, las que no pueden entenderse sino por la codicia insaciable y cortoplacista que caracteriza el empresariado chileno (que ve afectadas sus posibilidades de acumular mayores riquezas que las que ya han acumulado al perder el liderazgo absoluto que han tenido en el desarrollo del litio), no podemos sino llamar la atención a los límites que la Estrategia anunciada tiene desde la perspectiva de derechos humanos.

Así, aunque en sus anuncios el Presidente señaló la importancia del diálogo y participación de los diversos actores relacionados con el litio, la necesidad del involucramiento de territorios y comunidades, incluyendo su participación en los beneficios generados por el litio, identificando como un primer hito en la implementación de esta Estrategia la conversación con el Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay del Salar de Atacama, lo que hubiese correspondido desde la perspectiva de las obligaciones internacionales que Chile ha adquirido en materia de derechos humanos es que el involucramiento y diálogo con las comunidades indígenas hubiese tenido lugar antes y no después del anuncio de esta Estrategia.

En efecto, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, ratificado por Chile, establece que estos pueblos deben ser consultados cada vez que se adopten medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. En este caso, no cabe duda que la Estrategia Nacional del Litio, como política pública, afecta directamente no solo al pueblo lickanantay que habita el Salar de Atacama, sino también al pueblo colla que habita el Salar de Maricunga, en el cual el Estado ha autorizado la exploración y explotación de litio por Salar Blanco, empresa de capitales australianos.

Se debe señalar que, hasta la fecha, ninguna de las autorizaciones estatales para la explotación del litio, tanto en el Salar de Atacama como en el Salar de Maricunga, ha sido consultada con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados en forma directa por dichas autorizaciones. Tampoco lo han sido los convenios que Corfo ha suscrito en años recientes con las empresas que explotan el litio en el Salar de Atacama, autorizando sus operaciones allí hasta el año 2030, en el caso de SQM, y hasta el año 2040, en el caso de Albemarle.

Igualmente paradójico para un gobierno como el de Boric, que destrabó el año pasado las dificultades que el gobierno de Piñera puso para la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina (conocido como Acuerdo de Escazú), es el no haber seguido las directrices que este establece en relación a los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, cuando estos se ven afectados en sus derechos ambientales.

En dicho acuerdo se dispone que los Estados “facilitarán el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones” (Artículo 5.3).

El mismo Acuerdo de Escazú dispone que “las autoridades públicas realizarán esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. Para estos efectos, se considerarán los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación” (Artículo 7.14).

Toda la evidencia indica que la definición de la Estrategia anunciada por el Presidente sobre el futuro del litio fue adoptada sin la debida información, y menos con la participación de los pueblos que han habitado ancestralmente los salares en que este es explotado.

Lo anterior es especialmente preocupante teniendo en cuenta los serios impactos socioambientales que la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta ahora ha tenido en el pueblo lickanantay, los que han sido extensamente documentados tanto por entidades científicas y académicas como por organizaciones de la sociedad civil y de las propias organizaciones de pueblos indígenas que allí habitan.

En un reciente informe de Evaluación de Impacto en Derechos Humanos de SQM, realizado por el Observatorio Ciudadano junto al Consejo de Pueblos Atacameños, se identifican entre otras consecuencias adversas generadas por la actividad de esta empresa en las comunidades lickanantay del Salar de Atacama, la afectación de los derechos sobre sus tierras y territorios de ocupación tradicional; los severos impactos sobre las aguas y frágil ecosistema del Salar; y, como consecuencia de ello, de su derecho al desarrollo de sus actividades tradicionales vinculadas a la agricultura y a la crianza de animales. También se constata en dicho estudio la ausencia de procesos de consulta de las autorizaciones estatales de las operaciones de dicha empresa en el Salar y, como otra consecuencia de ello, la afectación de su derecho a determinar sus prioridades en materia de desarrollo, así como de su derecho a participar de los beneficios, no menores como veíamos, que la explotación del litio por hasta ahora ha generado.

Por todo lo anterior es que resulta fundamental que el proyecto de ley para materializar la Estrategia del Litio y su gobernabilidad futura sea consultado con los pueblos indígenas que habitan los salares donde este se encuentra. Más allá del cumplimiento de esta obligación básica contraída por el Estado de Chile ante la comunidad internacional, el oscuro historial de las empresas (en particular SQM) que han explotado el litio en el Salar de Atacama, y los intereses económicos, sociales y ambientales en juego en el desarrollo futuro –tanto por empresas públicas como privadas– de este mineral no metálico en el país, hacen pensar en la urgencia de contar, más allá de una Estrategia Nacional como la anunciada por el presidente Boric, de una estrategia país de igual relevancia sobre las empresas y los derechos humanos.

Como lo hemos señalado en columnas anteriores, Chile tiene un rezago enorme en esta materia. Ello, toda vez que no obstante haber adherido a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia, y haber aprobado en los últimos años dos Planes de Acción Nacional de Derechos Humanos –con precaria participación ciudadana el primero y con nula participación el segundo– las empresas tanto privadas como públicas en nuestro país tienen serios déficit en su performance en materia de derechos humanos.

Es importante en este sentido llamar la atención que empresas públicas como Codelco, la que de acuerdo a la Estrategia presentada por Boric tendría un rol destacado el desarrollo del litio, si bien no tiene la trayectoria de SQM antes referida, tampoco tiene un historial incontaminado en materia de impactos en derechos humanos en sus operaciones.

De acuerdo al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Codelco tiene 18 alegaciones por afectación de derechos humanos en sus operaciones tanto en Chile como en el exterior. La última de ellas refiere al proyecto minero a cielo abierto de Llurimagua, el que junto a Enami-EP, empresa estatal ecuatoriana, intenta impulsar en Cotocachi (Intag), en Ecuador, alegaciones por la afectación al medioambiente y al agua el mes pasado fueron acogidas por la justicia de ese país.

Por todo lo anterior es que sería altamente deseable que el presidente Boric cumpliese con el compromiso contraído en su Programa de Gobierno enviando al Congreso Nacional, además del proyecto referido a la institucionalidad y gobernabilidad del litio, un proyecto para ley para regular la debida diligencia en derechos humanos de las empresas que operen en Chile, así como también para las empresas domiciliadas en Chile que operan en el exterior.

Ello permitiría seguir la senda que diversos Estados europeos (como Francia, Reino Unido, Noruega, entre otros, y Unión Europea) están desarrollando para asegurar que las empresas de esos países prevean, mitiguen y respondan por la afectación de los derechos humanos generadas por sus operaciones, incluyendo en toda su cadena de valor, tanto dentro como fuera de ellos.

Se trata de una tendencia que se ha impuesto en muchos Estados del norte global. Ellos han comprobado que, sin una normatividad vinculante, los principios voluntarios hoy existentes no aseguran por sí solo que actores tan poderosos como las empresas, más allá del lucro, pongan los derechos de las personas y de los pueblos al centro de su quehacer. ¿Es ello mucho pedir para Chile? Pienso que no.