El 7 de junio se comenzó a vivir la segunda puesta en marcha del proceso constitucional de cara a la redacción de la nueva Carta Magna. Por un lado, se instaló formalmente el Consejo Constitucional en el Congreso Nacional en Santiago, que quedó compuesto en total por 50 mujeres y hombres elegidos por la ciudadanía. Y, por otro lado, la Comisión Experta entregó el anteproyecto constitucional para que ahora sea deliberado por el Consejo, cumpliendo así con lo establecido en el proceso constituyente.
Poniendo en el centro un aspecto valioso del proceso, se tendría que mencionar que la Comisión Experta logró llegar a mínimos sustanciales y confluir en un proyecto común, sin perjuicio de sus evidentes diferencias ideológicas, que se enmarcan clara y sustancialmente en temas de perspectiva de género. Sin perjuicio de lo anterior, es muy importante que el espíritu del consenso sea el que prevalezca en los próximos cuatro meses, que es el plazo con que cuenta el Consejo para evaluar este anteproyecto y proponer cambios.
Pero ¿qué sucederá con este nuevo Consejo Constitucional, que quedó compuesto por 25 mujeres, donde el 68% de ellas pertenece a partidos de derecha y extrema derecha? ¿Ellas estarían representando a las mujeres de Chile en el proceso constitucional 2023?
Si vamos al desglose de representatividad dentro del órgano, este muestra sintonía con los resultados generales del proceso, donde las consejeras constitucionales electas pertenecen en un 40% al Partido Republicano, un 32% a Unidad para Chile y un 28% a Chile Seguro. Con un liderazgo marcado por la derecha y la extrema derecha, las consejeras de izquierda cargarán en sus espaldas la instalación de una agenda de género en la Constitución, considerando que esta no sería el “plato fuerte” de este proceso y que las demandas de las diversidades sexuales y de género “enfrentarán mayores resistencias y vetos” debido a una mayoría conservadora y que se pondrá como un punto de tensión entre la mayoría constitucional.
Esto marcado a su vez por un liderazgo femenino de izquierda que aún no está claro, y que no se ve humo blanco de tener claridad sobre la definición del mismo. Y cómo este podrá ser capaz de llevar a la discusión constitucional temas vinculados a la agenda de género como, por ejemplo, establecer la paridad como principio democrático buscando que no solo signifique que las mujeres estén sentadas en las mesas de discusión y en la toma de decisiones, sino que también permita mayores avances en el reconocimiento de nuestros derechos.
De eso se trata: que la paridad no sea solo un mecanismo de elección, sino que se incorpore como un principio democrático que tiña cada espacio social y político en temas tales como: las labores de cuidado, las desigualdades que vivimos en los distintos ámbitos de la vida o la violencia, y por sobre todo no retroceder en relación a una mirada retrospectiva sobre la propuesta anterior, que sentó las bases constitucionales de una agenda de género que incluyó mayores derechos para las mujeres y diversidades sexuales, que se extendieron también a otros grupos históricamente excluidos del sistema político-administrativo, como personas neurodivergentes, con discapacidad, pertenecientes a pueblos originarios y otras minorías.
Cabe señalar que, de acuerdo a un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con Plataforma Telar, en el anterior proceso constituyente se comprobó que la perspectiva de género también fue una condición importante para el desarrollo y resultados de distintos temas dentro de la Convención.
Si perjuicio de lo anterior, algunos puntos que tampoco podemos dejar fuera del análisis, tanto electoral como del mismo proceso constituyente con proyecciones al plebiscito de salida, son los siguientes:
- Lo primero tiene relación con la instalación de nuevos liderazgos en el Consejo, donde las distintas bancadas ya han comenzado a disputar comisiones, donde sólo la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos será presidida por una mujer, quien es María Ángeles López, del Partido Republicano. Otra comisión que ha reunido mujeres en su composición es la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la que también estaría compuesta por 9 consejeros de derecha y extrema derecha y 5 consejeros de izquierda.
- Lo segundo, guarda total relación a que la ciudadanía muestra desafección con el proceso. Algunos sondeos han mostrado que la opción de rechazar el nuevo texto va liderando. Otros expertos señalan que existe un cansancio cívico por parte de la población en consideración a que el proceso constituyente se comenzó a levantar como debate dentro de la opinión pública desde el año 2015, y de ahí no se ha detenido, existiendo entonces un cansancio electoral.
- En relación a lo anterior, y con presidencia o no en comisiones por la evidente falta de representatividad de la izquierda, ¿qué consejera tomará el bastión y llevará al Consejo la discusión sobre temas de género? O bien, ¿recaerá en las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su totalidad el levantar el debate? En ambos casos, lo crucial es dejar plasmado en el texto de la nueva Constitución las propuestas de los movimientos sociales de mujeres, disidencias y feminismos para lograr una Constitución del siglo XXI, que Chile necesita.
- Finalmente, y en marco del mes de la participación ciudadanaque promueve la Secretaría de Participación del proceso constitucional, es en donde el gobierno, el Consejo Constitucional y los partidos deben desplegar a partir de ahora esfuerzos mucho más significativos para informar adecuadamente, de modo que exista un voto informado. Y no se vuelva a tropezar con la misma piedad de la falta de información respecto del proceso y que el bajo involucramiento de la ciudadanía sean factores incidentes. Esto es clave para asegurar que todos los esfuerzos desplegados hasta aquí para llegar a buen puerto no terminen otra vez desvaneciéndose.