Discapacidad: Más de 3 millones de personas excluidas del anteproyecto

Somos todos iguales ante la ley: sí. Y al mismo tiempo somos todos diferentes, y tenemos derecho a vivir en una sociedad que reconozca y garantice esa diversidad que nos enriquece.

En Chile existen un poco más de 3 millones 290 mil personas con discapacidad (PcD). Se trata de un sector de la población chilena que ha sido históricamente invisibilizado.

Solo por citar un ejemplo; hasta la fecha no existe catastro de personas autistas. Actualmente estamos a la espera de un primer tamizaje, comprometido en la Ley de Autismo. Pero hablamos de un segmento de la ciudadanía que representa con creces al 20% de la población nacional.

¿Cómo se explica que estén omitidas en el Anteproyecto de Constitución?

El por qué de esta invisibilización quizás podría responder a un problema cultural de discriminación y vulneración de derechos que lleva demasiado tiempo, donde las PcD sobreviven a una desigualdad por sobre otras desigualdades, en un país que ha naturalizado el que no tengan derechos, y que deban confrontar permanentes barreras de exclusión, en todas las etapas de la vida.

Estamos en presencia de un Estado que ha actuado, y sigue actuando, en ignorancia deliberada permanente, permitiendo la existencia de espacios para la vulneración de los Derechos Humanos de PcD, neurodivergentes y de quienes ejercen el cuidado.

En este contexto es importante recordar que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue ratificada por nuestro país en el año 2008, comprometiéndose a garantizar condiciones de igualdad en DD.HH., calidad de vida y libertades fundamentales.

Además suscribimos la Agenda 2030, que señala claramente que nadie debe quedar atrás, en especial los grupos en riesgo de exclusión y vulneración. Sin embargo, en Chile, las limitaciones al ejercicio de la autodeterminación se evidencian en el día a día.

El proceso constituyente se levantó como una primera señal en un camino que ha sido demasiado duro. La inexplicable omisión en el actual Anteproyecto de Constitución de la ciudadanía con discapacidad, neurodivergente, y del derecho al cuidado, resulta desolador, violento y desesperanzador.

Reconocer y legitimar su existencia en la nueva Constitución, así como respetar y garantizar sus derechos, es una oportunidad para iniciar procesos de cambios que nos permitan avanzar desde el paradigma del enfoque centrado en el déficit y en la “capacidad productiva/capacitista”; hacia uno centrado en la persona, su futuro y la eliminación de barreras del entorno, que permita ejercer ciudadanía de pleno derecho y alcanzar una vida de calidad.

“Reconocimiento constitucional de la discapacidad”, es la frase que ha resonado con fuerza en un sector importante de la ciudadanía desde hace muchos años. Esperamos que esta consigna encuentre eco transversal en el Consejo Constitucional y que permita que todo el catálogo de derechos encuentre al fin garantía, en todas y todos sin exclusión.

En definitiva, estamos ante un momento histórico que podría dar inicio a un nuevo acuerdo social, integrador, interdependiente y solidario, que promueva la autodeterminación, incluyendo la participación y contribución de los colectivos de personas con discapacidad y neurodivergentes, en la planificación de políticas públicas, cambios en los entornos y en las actitudes.

Un pacto social que fortalezca nuestra convivencia democrática, en que se garanticen sus derechos a la educación, accesibilidad (cognitiva, física y sensorial), a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la cultura, capacidad jurídica, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Pero este momento histórico está en riesgo. Actualmente las Iniciativas Populares de Norma que piden que estos temas sean debatidos por el Consejo Constitucional, llevan reunidas en promedio solo 5.500 firmas. Ciertamente, el desgaste, el menoscabo sufrido ante tanta vulneración de derechos, ha incrementado la desafección de la ciudadanía con discapacidad, neurodivergente y de quienes ejercen el cuidado, con todo el proceso constituyente. Y si a eso sumamos las falencia de accesibilidad que posee el portal web para realizar la firma con clave única, quedamos ante un escenario complejo para propiciar la participación.

La protección y promoción del espacio cívico, para fomentar una gobernanza abierta, integradora, participativa, transparente y responsable, conlleva la posibilidad de debatir sobre la importancia de resguardar el ejercicio pleno de ciudadanía sin exclusiones.

El llamado urgente hoy es a sumarnos. Porque las vulneraciones de derechos no pueden ser razón para restarnos de nuestro espacio cívico, del ejercicio de nuestra democracia. Les invitamos a firmar las Iniciativas Populares de Norma de Conadis (Nº 2.911), por los “Derechos Fundamentales de las PcD”; y de Fundación FUAN (Nº 10.631), por un “Chile neuroinclusivo, interdependiente y solidario”. Probablemente no alcanzaremos las diez mil firmas, pero debemos defender nuestro derecho a existir, participar y contribuir en el espacio cívico.

La diferencia en condiciones de igualdad hace posible y fortalece la democracia. Debemos garantizar como sociedad y Estado, las mejores condiciones para una vida plena que valga la pena ser vivida. En que podamos elegir y convivir, desde nuestras legítimas diferencias, que nos nutren y enriquecen, para un presente y futuro transformador.