Una de las demandas más sentidas por la comunidad sanmiguelina es la relativa a los edificios, su existencia, su inicial desregulación en términos de edificación, la explosión demográfica y los problemas aparejados a ello, como la congestión vial, presión de aguas, aumento de incivilidades, entre otras.
El Plan Regulador Comunal (PRC) del año 2016, vino a hacerse cargo -en parte- de la situación, limitando número de estacionamientos por departamento y alturas en zonas de la comuna. Por ejemplo, hoy no se puede construir en altura por más de 10 pisos.
No obstante, aún se pueden ver decenas de proyectos inmobiliarios (de larga data, previo a 2016) de 15, 18 y hasta 22 pisos de altura. Esto ha generado el malestar y la movilización ciudadana transversal (en cada barrio afectado), con el objeto de detener el avance voraz de las constructoras e inmobiliarias que, no contentas con depredar el territorio, incumplen la normativa ambiental, de salud y de edificación (a saber, ley 19.300, DFL 458, D.S. 47 MINVU, entre otras), afectando a barrios enteros y a la población más vulnerada (tales como Arcadia, San Nicolás, Carnot, entre otros).
No es posible pensar un San Miguel con calidad de vida sin avanzar -decidida y frontalmente- en una nueva modificación del PRC, a partir de un debate ciudadano anclado en el proceso de actualización del PLADECO 2024 a 2028.
Una comuna hacia un desarrollo sostenible no puede seguir permitiendo que se construya de manera vertical y, si o si, se debe continuar con las políticas y programas que recuperen espacios públicos, la vida de barrio y un ecosistema sin depredación inmobiliaria.
En suma, en este aniversario número 127 de mi querido San Miguel, es posible marcar un punto de inflexión para mejorar el presente y proyectar un futuro posible: con dignidad, sin exclusión y abandonando la especulación de privados, constructoras y el gran capital.