Política de colecciones patrimoniales en museos del Estado a 50 años del Golpe

En esta conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado resulta pertinente introducir una pregunta por la política de colecciones/patrimonio que poseen los museos del Estado precisamente de esos 17 años de dictadura. Por esta política, entendemos las directrices del conjunto de objetos que conservan los museos, desde su ingreso a la institución hasta las prácticas de resguardo.

Haciendo una somera revisión en el principal motor de búsqueda de colecciones en museos, el resultado para este periodo histórico es un porcentaje marginal del total disponible: de un total de 66.924 objetos ingresados a la plataforma, la búsqueda no alcanza al 2,5%. La pregunta cobra relevancia en la medida que es a través de sus colecciones que un museo planifica y desarrolla exposiciones con las cuales pretende interpelar a la sociedad.

Los Informes Rettig y Valech, además de las sentencias judiciales y gran parte de las ciencias sociales han sido taxativas en caracterizar al Estado de Chile como articulador de una política sistemática de violaciones a los Derechos Humanos a través de sus agentes y recursos en los años 1973 – 1989, incluyendo centros clandestinos de detención, torturas y exterminio de opositores políticos. Entre los íconos de esta política se encuentran la DINA y la CNI, pero la represión operó en todas las instituciones y servicios, aunque con distintas intensidades.

Los más de 60 bienes inmuebles declarados como Monumentos Nacionales en su condición de sitios de memoria por todo el país, en los cuales agentes del Estado perpetraron violaciones de DDHH y que organizaciones de víctimas, familiares y en general de la sociedad civil llevan tiempo recuperando para resignificarlos en lugares de encuentro y convivencia democrática, dan cuenta de un patrimonio equiparable a Auschwitz desde la perspectiva de su razón instrumental, al haber sido un engranaje perfectamente planificado para el despliegue de prácticas genocidas. Pero, por otra parte, estas declaratorias también forman parte de las medidas de reparación a las que debe propender el propio Estado hacia las víctimas directas y, por añadidura, a la sociedad que en su conjunto se vio afectada.

Con este horizonte en perspectiva los museos del Estado también son instituciones y espacios con el mandato institucional de promover reparación y que entre sus formas de operar en el entramado sectorial e intersectorial de políticas públicas se encuentran el desarrollo de colecciones, que pueden ser entendidas como “un conjunto de objetos materiales e inmateriales (obras, artefactos, mentefactos, especímenes, documentos, archivos, testimonios, etc.) que se han reunido, clasificado, seleccionado y conservado en un contexto de seguridad para comunicarlo, por lo general, a un público más o menos amplio” (Desvallées, 2010).

Allí cabe la interrogante por ¿cuál es la política de colecciones que debieran implementar los museos para definir qué objetos incorporar y preservar en sus depósitos para la conmemoración de, por ejemplo, los 60, 80 y 100 años del Golpe? La ausencia de una política clara que defina aquello que deba ser adquirido o gestionado como donación y sus correspondientes fundamentaciones, torna la decisión en una arbitrariedad que recae en la buena voluntad de la autoridad de turno y no en una política de Estado.

Este vínculo entre colecciones y reparación no pareciera tan evidente, pero la selección de objetos que hacen los museólogos, entre otras cosas por su función de testimonios irrefutables de algún proceso tiene un correlato con la dimensión simbólica y de autoridad que la sociedad les atribuye a los museos. Por ello cuando un objeto de gran significación para un individuo o una familia ingresa al museo en forma de colección, pasa a formar parte del patrimonio de una comunidad o de la sociedad en su conjunto, adquiriendo tanto protección legal como medidas de conservación que garanticen su acceso a generaciones futuras. Este ejercicio parece aséptico, pero en cada uno de sus recovecos se encuentran operando decisiones articuladas por el poder que van a impactar directamente en las condiciones de posibilidad de desplegar una política de la representación, en este caso, del pasado histórico de la dictadura.

Al respecto, parece necesario pensar en cómo fortalecer iniciativas que articulen colecciones sobre la dictadura militar en cada museo estatal. En ello una instancia como el Plan Nacional de Búsqueda. Verdad y Justicia en el que trabajaron instituciones del Estado junto a agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos -presentado al país pocos días atrás- puede servir para pensar concretamente qué objetos, fotografías y testimonios de su puesta en funcionamiento podrían ingresar oportunamente a las colecciones públicas en las que toda ciudadana y ciudadano pueda acceder a ellas.