Sobre los costos de reescribir o rechazar la propuesta de la Comisión Experta

En las últimas semanas hemos sido testigos de las votaciones en materia de enmiendas al proyecto de nueva Constitución, donde la tónica ha sido la falta de espíritu de diálogo ante el predominio de la derecha más radical, distanciándose de la propuesta elaborada por la Comisión Experta. Enmiendas tales como la protección de la vida de quién está por nacer (poniendo en riesgo la ley de aborto bajo 3 causales), el procesamiento de civiles ante la justicia militar, la no adscripción de las Fuerzas Armadas al orden democrático y los Derechos Humanos, por sólo mencionar algunos ejemplos, demuestran que no se ha aprendido nada del fallido proceso anterior, prevaleciendo la introducción de enmiendas que apuntan a las identidades de un sector que hoy goza de una mayoría transitoria.

Los efectos de este camino están a la vista. De acuerdo con los últimos sondeos de opinión, la intención de rechazar la propuesta de nueva Constitución crece (59% de acuerdo a las encuestas Plaza Pública Cadem y la del Laboratorio Constitucional UDP), sumado a la presencia de un volumen no menor de encuestados indecisos que podrían acrecentar aún más la diferencia, a pesar de que una amplia mayoría estima que el país requiere de una nueva Constitución (58% según la encuesta Laboratorio Constitucional UDP y 64% de acuerdo a Plaza Pública Cadem). Esto último contrasta con un clima donde las prioridades de la opinión pública están en la seguridad, sus condiciones materiales y la lucha contra la corrupción, por lo que vemos un importante distanciamiento entre las prioridades de la mayoría del Consejo y las prioridades de la ciudadanía.

Es sumamente importante que el Consejo Constitucional comience a sintonizar con lo que espera la gran mayoría de electores, principalmente porque la demanda por más Estado todavía no ha desaparecido. Esta premisa cobra más fuerza si consideramos que la necesidad de modernizar a las policías y Fuerzas Armadas (sofisticando los mecanismos de rendición de cuentas al mundo civil), modernizar la Administración Pública para volverla más eficiente y transparente, sumado a superar la fragmentación del sistema de partidos en aras de recuperar la gobernabilidad, son efectivamente problemas que requieren de una discusión profunda y deberían ser temas prioritarios entre los representantes electos.

En paralelo, es fundamental no desfigurar de sobremanera el excelente trabajo realizado por la Comisión Experta, instancia que en un rango muy acotado de tiempo preparó un anteproyecto que dejó satisfecho a la gran mayoría de los sectores políticos representados en el Congreso (exceptuando al Partido Republicano). La propuesta redactada por la Comisión apunta a un marco regulatorio general, sin caer en aspectos identitarios extremos y que en buena medida se hace cargo de los grandes desafíos pendientes que tiene el país. Incluso su propuesta podría considerarse superior en términos de su estructura y coherencia interna a la Constitución actual (tras sus múltiples reformas), a la propuesta diseñada por la pasada Convención Constitucional y posiblemente superior a la versión que salga una vez concluido el trabajo del Consejo electo (en caso de mantenerse las enmiendas aprobadas).

No obstante, quedará por ver lo que sucede en las urnas en diciembre, si es que el Consejo pleno decide aprobar la propuesta e ir a plebiscito. Por otro lado, también está por ver los próximos intentos de la Comisión Experta por preservar su propuesta original. Asimismo, claro es el hecho de que hoy en día existe rechazo por parte de la ciudadanía hacia los expertos, pero dicho rechazo en base a prejuicios y desconfianza puede tener un alto costo para las personas.

El camino que está tomando la derecha más radical en el Consejo Constitucional es un camino que pone en riesgo el éxito del proceso constituyente, prevaleciendo las identidades partidarias por encima del interés general del país, incluso con propuestas que potencialmente podrían debilitar a nuestra democracia. Es sabido que un nuevo fracaso implicaría el fin de los intentos por reemplazar la Constitución de 1980 por un tiempo considerable.

Asimismo, seríamos un caso excepcional a nivel global, siendo la única democracia en el mundo con tres procesos fallidos en menos de una década (si sumamos el intento por iniciar un proceso constituyente por parte de Michelle Bachelet). Sin embargo, otro elemento desalentador es que difícilmente tengamos en el mediano plazo una propuesta como la elaborada por la Comisión Experta, en el que cada sector haya tenido que ceder en aras de los acuerdos, por lo que el costo como país de desfigurarla o derechamente rechazarla (si es que se preserva su versión original) será altísimo.

Para finalizar, en el caso de continuar la Constitución actual, persistirán los mismos problemas de la última década: presidentes con minoría en legislativa, creciente fragmentación, personalismo, polarización, reformas que no avanzan por bloqueo legislativo fruto de coaliciones débiles o falta de acuerdos y una burocracia mal evaluada. Hoy más que nunca es primordial el contar con las herramientas para la modernización de nuestro Estado y para mejorar la calidad de las políticas públicas, por lo que los principales perjudicados, de haber un nuevo fracaso, será la propia ciudadanía.