Estrategia Nacional de Integridad Pública: Avances y desafíos

El pasado 4 de diciembre, el gobierno presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública (en adelante ENIP), compromiso asumido por el Presidente Gabriel Boric el año 2022. La estrategia contempla un total de 210 medidas, divididas en esfuerzos legislativos, medidas administrativas y otras en materia de gestión.

La ENIP, sin lugar a duda, constituye un avance en la dirección correcta, ya que transforma el paradigma mediante el cual se ha enfrentado la corrupción en el ámbito público, centrado esencialmente en el fortalecimiento y cumplimiento de normas. Asimismo, tras el retorno a la democracia, los esfuerzos político-legislativos se han realizado mediante previa conformación de comisiones asesoras presidenciales tras escándalos de corrupción. Como ejemplos podríamos considerar lo ocurrido tras el caso MOP-GATE durante el gobierno de Lagos, el Caso Caval durante la segunda administración de Michelle Bachelet y la reciente Comisión Jaraquemada, conformada tras el Caso Convenios durante el actual gobierno. Por ende, se podría señalar que Chile como Estado ha tomado a lo largo del tiempo una actitud reactiva, basada esencialmente en el paradigma clásico.

La estrategia presentada por el gobierno constituye un paso adelante, buscando transformar el paradigma, avanzando desde un enfoque reactivo hacia uno preventivo, para, en el plazo de una década, establecer una cultura de integridad, por medio de la combinación del paradigma clásico junto con la defensa y promoción de la probidad y transparencia, cautelando el buen uso de los recursos públicos, subir el estándar en materia de financiamiento a partidos políticos y campañas políticas, fortalecer el estándar ético en el ámbito privado y promover la responsabilidad compartida en las relaciones público-privadas.

Sin el ánimo de hacer un resumen de las características de la estrategia, la ENIP es el esfuerzo más ambicioso desde el retorno a la democracia por avanzar hacia una transformación cultural en el sector público, acercándonos más a los estándares internacionales, principalmente a nivel de los países pertenecientes OCDE.

No obstante, no son pocos los desafíos. En primer lugar, se puede considerar la clásica resistencia al cambio, sobre todo cuando se busca alterar los valores y la cultura en la Administración Pública, tal y como ocurrió durante el proceso de modernización del Estado en la década de los 2000. Otro desafío a considerar son las expectativas del gobierno, ya que no necesariamente una política de gobierno se transforma automáticamente en política de Estado. Para ello deberá ser capaz de asegurar continuidad, independiente del sector político que gobierne a futuro. Si aquello no se consigue, la estrategia será meramente testimonial o simplemente una lista de buenos deseos. Es por ello que se debe comenzar a trabajar en la socialización con los distintos sectores políticos.

Un tercer desafío consiste en alinear a todo el aparato público, incluyendo a las municipalidades, donde casos como el de Algarrobo, Vitacura, Las Condes, Santiago Centro y Maipú durante la gestión de Cathy Barriga, han dañado la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Es por ese motivo que la ENIP debe poner sus esfuerzos en incorporar sin excepciones a los municipios, arena donde han ocurrido el grueso de los casos de corrupción en nuestro país. Adicionalmente, es necesario fortalecer con mayores recursos y personal a las instituciones fiscalizadoras como Contraloría. Del mismo modo, queda la duda respecto al futuro que tendrán y el tiempo que tomará la aprobación de las 92 medidas (44% del total) que requerirán esfuerzos legislativos en un Congreso dividido y cada vez más polarizado.

En síntesis, la ENIP es un paso adelante en la dirección correcta, ya que permite ir cumpliendo con los estándares internacionales e impulsar un enfoque proactivo en la prevención de la corrupción con miras a instalar una cultura de la integridad. Sin embargo, no son pocos los desafíos que tendrá el oficialismo con esta ambiciosa agenda, cobrando especial énfasis la misión de convertir esta política en una política de Estado y también el grado de éxito que tendrán las medidas que requieren aprobación en el Congreso. Al menos, dentro de la opinión pública, la corrupción se ha ido tomando la agenda, lo que constituye un momento oportuno para ir avanzando en acuerdos en esta materia.