La crisis en Ecuador

Para entender el presente clima de inseguridad que se vive en Ecuador es importante señalar que la delincuencia común ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, evidenciándose un aumento considerable de los asesinatos y los delitos de alta connotación pública; sin embargo, el problema “mayor”, y principal responsable de la desestabilización política actual, se ha generado por el actuar de grupos delictuales organizados, quienes -a través del asesinato y otros crímenes- han logrado controlar algunas zonas del territorio, alcanzado un importante poder económico a partir del narcotráfico y la minería ilegal, lo que les ha permitido corromper a funcionarios públicos en busca de protección en aras de alcanzar un poder de tipo estructural.

Al respecto, es importante recordar que el año pasado fue asesinado Fernando Villavicencio, quien era el candidato presidencial oficialista. Fue en ese crispado ambiente en el que Daniel Noboa llegó al poder, prometiendo devolver la seguridad a la ciudadanía a través de una política de tolerancia cero a la delincuencia y la no negociación con las bandas de crimen organizado; no obstante, y a pesar de que en su primer mes de gobierno cumplió con algunas promesas en materia económica, las respuestas en el ítem seguridad quedaron al debe.

Fue en ese contexto, en el que la amenaza de muerte que recibió la Fiscal General provocó que el gobierno tomase la decisión de trasladar a una cárcel de alta seguridad a los cabecillas más importante de los grupos “Los Choneros” y “Los Lobos”. Estos grupos, y a partir de la información entregada por colegas internacionalistas que viven en Ecuador, tienen el control no sólo de 9 de las 36 cárceles del país, sino también de algunos territorios y rutas de tránsito del narcotráfico, desarrollando un poder que ha condicionado por años la estabilidad de la democracia ecuatoriana.

Pues bien, y antes de que se materializara el traslado, uno de los principales líderes de “Los Choneros” se fugó, lo que sirvió de justificante para que Noboa dictase un decreto de excepción constitucional a fin de posibilitar su recaptura y optimizar la lucha contra estos grupos.

Al tenor de este decreto, el mandatario declaró que en Ecuador había un “conflicto armado interno”, mientras que desde la Asamblea Nacional se adoptó -en el caso de ser necesario- el compromiso de indultar y/o amnistiar a policías y militares que lucharan contra los grupos criminales organizados, posiciones que -por sus potenciales interpretaciones- han abierto una puerta muy difícil de cerrar.

Así entonces, la crisis de seguridad que se vive en Ecuador ha evidenciado la débil calidad de su democracia, la pérdida sistemática del Estado de Derecho, el empoderamiento de bandas criminales y el asentamiento de la corrupción.