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Las recomendaciones del organismo internacional se centran en la derogación de los artículos 264 del Código Penal y 284 del Código de Justicia Militar que tipifican los delitos de amenazas y desacato, despenalizar la calumnia e injuria, y convertirlas en una acción de carácter civil así como fortalecer el derecho de periodistas y medios a la protección de las fuentes informativas.
El pasado 28 de abril la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe especial con las conclusiones de su visita oficial a nuestro país con el objeto de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión Chile. La visita, que se realizó entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2016, concluyó en 45 páginas que felicitan avances pero también prende las luces de alerta.
Así, según señala la CIDH, en el país persisten “normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado”.
Un punto especial de preocupación, según alertan desde el Grupo de Acción para Comunicadores en Conflicto (GACC), área de la Defensoría Popular que presta asesoría legal a actores como radios comunitarias allanadas o periodistas víctimas de violencia policial, es la preocupación por la persistencia de normas que permiten que periodistas puedan ser procesados y condenados penalmente.
«Observamos que hay una serie de ámbitos en que es muy notorio el problema de la libertad de expresión en Chile», explica Javier García, jurista y miembro del GACC. «Lo que viene a decir el informe es que Chile mantiene enclaves autoritarios heredados de la dictadura que impiden el ejercicio de la libertad de expresión. Desde la defensa judicial de comunicadores en conflicto tratamos de denunciar estas cuestiones, intentando generar informes que den cuenta de las restricciones existentes, que aún soy muy desconocidas y no están en la agenda de los propios periodistas, no se preocupan de estos temas. En los medios masivos no se le ha entregado atención a este informe», critica García.
Foto:PEDRO CERDA/AGENCIAUNO
«El informe critica en distintos ámbitos el excesivo uso de herramientas penales para sancionar el ejercicio informativo. Se ve en los delitos de injurias y calumnias, el que se sigan manteniendo partes del delito de desacato y además el 36B que se usa contra las radios comunitarias. Hay una resistencia estatal que busca poder seguir ocupando el derecho penal», explica García.
Estos procesos penales, tal como se vio, por un lado, en el caso de Caval y revista Qué Pasa, y por el otro en cuanto al periódico El Ciudadano y dos reportajes sobre un senador y otro respecto a Carabineros, se producen a partir de investigaciones sobre funcionarios públicos o asuntos de interés público. Así, la CIDH se mostró especialmente crítica con el hecho de que se impulsen nuevas medidas para penalizar el ejercicio del periodismo y la denuncia de hechos de corrupción. En este apartado las recomendaciones se centran en la derogación de los artículos 264 del Código Penal y 284 del Código de Justicia Militar que tipifican los delitos de amenazas y desacato, despenalizar la calumnia e injuria, y convertirlas en una acción de carácter civil así como fortalecer el derecho de periodistas y medios a la protección de las fuentes informativas.
En otro aspecto, el informe de la CIDH también critica duramente la persistencia de la norma que exige autorización previa para realizar manifestaciones.
En el texto referido a Chile se alerta sobre el uso excesivo e ilegítimo de argumentos de seguridad nacional para restringir el acceso a la información pública así como la existencia de leyes de carácter secreto. Las recomendaciones principales se dirigen a eliminar las restricciones de acceso y a la publicidad de la normativa cuyo texto permanece bajo secreto así como garantizar a los tribunales acceso a la información en manos del Estado que sea necesaria para cumplir con sus obligaciones de justicia y la derogación del artículo de la Ley 19.992 que dispone el secreto durante 50 años de los antecedentes de la Comisión Valech I.
Además se menciona la necesidad de promulgar leyes que protegen a informantes (whistleblowers) que denuncien irregularidades y violaciones de la ley sin represalias. «Es llamativa la persistencia de las doctrinas de seguridad nacional restringiendo la investigación, algo evidente en el caso de la comisión que investigó el Milicogate», apunta Javier García.
En cuanto a internet, el informe destaca como principal desafío de Chile la incorporación de un verdadero enfoque basado en los derechos humanos en el diseño, desarrollo e implementación de estas políticas, y alerta sobre los vacíos en cuestiones como la neutralidad de la red y los y los controles a la vigilancia estatal y privada de comunicaciones privadas. Entre las recomendaciones se se orientan en una mayor atención hacia las comunidades excluidas y los grupos en situación de exclusión o discriminación así como establecer la participación equitativa de todos los actores relevantes para la gobernanza de Internet, fomentando la cooperación reforzada entre las autoridades, la academia, la sociedad civil, la comunidad técnica y el sector privado, en especial en la Agenda Digital 20.
Foto: MARCELO SEGURA/AGENCIAUNO
«Lo que plantea el informe es que hay una concentración de la propiedad de comunicaciones muy llamativo, que tiene problemas estructurales en tres niveles: la concentración privada, la inexistencia de medios públicos y la persecución al ámbito comunitario», señala Javier García.
La CIDH destaca que Chile exhibe uno de los sistemas mediáticos con mayores índices de concentración de la propiedad de medios por lo que resulta necesario implementar las normas aprobadas sobre transición a la televisión digital, publicidad en la propiedad de los medios públicos, reconocimiento del sector comunitario y asignación de publicidad oficial de forma plena así como dotar a los medios públicos de financiamiento adecuado y de un mandato preciso vinculado a la difusión de contenidos e información de interés público.
Las recomendaciones son la realización de estudios sobre concentración en el sistema de medios. También capacitar y promover políticas a nivel de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia en relación con la prevención de las prácticas oligopólicas en los mercados de la comunicación y aplicar al control de adquisiciones y fusiones de medios con criterios de promoción de la diversidad y el pluralismo.
Respecto a la discriminación y obstáculos que encuentra las radios comunitarias se propone revisar la Ley No. 20.433 sobre Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, modificar el artículo 36.b) de la Ley General de Telecomunicaciones que establece persecución penal a las emisoras sin autorización y formular una política integral de impulso al sector, que abarque de manera especial a los pueblos indígenas.
