Se sigue aplicando la doctrina Barraza en el Servicio de Impuestos Internos. La querella presentada por el organismo recaudador contra Cristián Warner, ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami (MEO), vuelve a alejar del ámbito penal los casos de financiamiento irregular de la política.
Según publica Ciper, el SII decidió solo cobrar multa a las empresas que financiaron a MEO. Entre los beneficiados destaca la Constructora OAS -implicada en el escándalo de corrupción continental del Lava Jato- que pagó $59 millones a Cono Sur Research, empresa de Warner.
Además, la política de la multa también llegará a Cencosud, el holding de Horst Paulmann, a Agrícola OGF y la inmobiliaria El Peñón, perteneciente a la familia Ossandón Larraín y a SW Consulting, del empresario Rodrigo Danús.
La medida beneficia a una de las familias que protagonizó uno de los mayores escándalos tributarios del país: Los Ossandón Larraín, que en 2014 protagonizaron una defraudación tributaria que llegó a los $198 mil millones de pesos.
La familia entregó a Cono Sur $40 millones a través de Agrícola OGF y $130 millones a través de El Peñón.
En caso de la empresa de Paulmann, fueron $48 millones pagados entre enero de 2013 y 2014.