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Alberto Pizarro planteó sus reparos frente a los mega edificios que desataron el debate tras las declaraciones del Intendente Metropolitano, Claudio Orrego. Además, conversó sobre la política habitacional actual en Chile, explicando por qué los subsidios entregados por el Estado son tan rotundamente diferentes a proyectos inmobiliarios privados, como los famosos “guetos verticales”.
El director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana (Serviu Metropolitano), Alberto Pizarro, tiene una mirada crítica sobre las grandes edificaciones en altura, aquellas que el Intendente Claudio Orrego llamó “guetos verticales” en redes sociales. Una de esas edificaciones, ubicada en Estación Central, tiene 30 pisos, 20 departamentos por nivel y no cuenta con áreas verdes.
La brutales diferencias con proyectos habitacionales gestionados por el Estado se explican por una serie de razones: inmobiliaria privada versus gestión pública en manos del Serviu; diseño en manos de la empresa versus diseño con participación de la comunidad. O algo más simple aún, como que el Serviu no tiene injerencia alguna sobre las construcciones de inmobiliarias privadas, aún cuando éstas admita subsidios de clase media. “Los subsidios que aplicamos ahí es porque la vivienda tiene permisos, y el subsidio de sectores medios solo exige que el departamento o casa tenga los permisos”, dice Pizarro a El Desconcierto.
Sin embargo, pese a que en los “guetos verticales” habiten beneficiarios de un tipo de subsidio estatal, el director del Serviu Metropolitano no concuerda con su modo de construcción: “Nosotros consideramos que hay una irresponsabilidad ética de la inmobiliaria”, y agrega que la sola construcción basada en lo que las normas permiten, es algo un argumento simplista, refiriéndose específicamente a la Cámara Chilena de la Construcción.
– ¿Y la Cámara es el principal obstáculo para implementar planes reguladores?
– No lo diría tan así. Pero claro, la Cámara tiene sus planteamientos de generar las mayores libertades posibles, y yo creo que es esencial tener una norma clara en materia urbanística, porque cualquiera se sale del marco y ahí tienes los resultados.
– ¿Entonces estaría de acuerdo con el Intendente Orrego cuando dijo, después de plantear toda esta crítica con un tuit, que en realidad las inmobiliarias debiesen auto regularse?
– La crítica tanto del intendente como del propio ministerio, nuestro Seremi, es mucho más antigua que ese tuit. Lo que pasa es que ese tuit marcó una inflexión mediáticamente, pero nosotros venimos cuestionándole al municipio, como ministerio y autoridades regionales, la carencia de una planificación acorde al desarrollo inmobiliario que se está generando ahí hace mucho rato. Y claro, compartimos plenamente lo que ha dicho el Intendente.
– Pero ahí tenemos dos cosas distintas, una que dice que se auto controlen las inmobiliarias privadas, y otra que dice que se les aplique una normativa más dura. ¿Con qué parte está más de acuerdo?
– Con ambas. Tiene que haber un instrumento, pero no puede ser que las inmobiliarias hagan cualquier cosa.
La aparente simpleza con que es posible aprobar y construir un mega edificio en manos de una inmobiliaria privada contrasta brutalmente con proyectos habitacionales que son destinados a subsidios -correspondientes al Fondo Solidario de Elección de la Vivienda. Una diferencia obvia es que estos últimos proyectos están a cargo del Serviu, pero si de involucrar la participación ciudadana se trata, el contraste es mayor- como se puede apreciar en esta infografía anteriormente publicada.
En la misma comuna donde están los famosos «guetos verticales» -aunque en realidad no es la única comuna-, está a punto de construirse un proyecto habitacional del Fondo Solidario en un terreno de Ferrocarriles del Estado (EFE) llamado Maestranza San Eugenio. Allí, el proceso no ha sido simple.
Según explica Alberto Pizarro, vecinos de Estación Central agrupados en Ukamau llegaron al Serviu con las conversaciones ya hechas con EFE para que ésta empresa vendiera sus terrenos y así usarlos para proyectos habitacionales. Además, la comunidad de Ukamau, al llegar con sus reclamos y demandas, también ya tenían los diseños preparados junto a los arquitectos. Uno de ellos fue Fernando Castillo Velasco, justo antes de fallecer, y hoy el proyecto lo continúa su hijo Cristian.
«Había alrededor de 150 familias que tenían el subsidio, pero sin proyecto», explica el director. «La ministra y yo hicimos las gestiones con EFE y logramos establecer una venta a través de una modalidad que se llama Acuerdo Expropiatorio», agrega.
Luego, el Serviu aplicó un mecanismo de excepción para cambiar el uso de suelo -ya que era industrial, no residencial-, el cual apareció aprobado, finalmente, este 2 de enero pasado en el Diario Oficial. Para Pizarro, este fue un paso clave y en donde se explica, para él, la gran demora en la tramitación.
Proyectos habitacionales/ Serviu
Procesos similares se encuentran aplicando en otros siete lugares que el director del Serviu denomina como «hermanos de la Maestranza de San Eugenio», formalmente denominados «Planes Maestros». Se refiere a terrenos adquiridos en San Bernardo, Puente Alto, Quilicura, La Pintana, Colina Norte, Peñalolén y Cerro Navia, donde el Serviu emplazaría proyectos de subsidio habitacional similares al del ex terreno de EFE.
– ¿Y en todos ha sido un proceso tan lento?
– Sí, en todos, si el 2014 compramos Antumapu en La Pintana, El Mariscal en San Bernardo, San Eugenio y otros más. La ministra Paulina Saball al llegar tenía una serie de proyectos colapsados y había crisis del costo de financiamiento. Éstas (las de los terrenos mencionados), suman al rededor de 6.000 viviendas, y claro, a veces se piensa que esto es un caso especial donde hicimos una distinción. Sí, aplicamos un privilegio porque salimos a comprar terrenos para resolver el problema de los subsidios sin proyectos. Eso, de alguna manera, es un privilegio, en función de que a esas familias les prometieron algo que no existía.
– Pero no deberían ser un privilegio
– No, porque todos los subsidios deberían entregarse con un proyecto armado, pero la administración Piñera entregó subsidios a diestra y siniestra. «Subsidios de papel», les llamaron: tú tienes un subsidio colectivo, 50 familias, pero no hay ni terreno. Eso es una falacia, y hoy una familia colectivamente obtiene un subsidio porque postuló con un proyecto ya calificado. Y esa fue la razón para decir bueno, aquí estas familias no es que les damos un privilegio, si no que resolvemos un problema al que el mismo Ministerio de Vivienda los llevó.
