Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que entre enero de 2013 y diciembre de 2015, Codelco efectuó una serie de contratos irregulares que llegan a la suma de $31 mil millones. La información ya fue remitida al Ministerio Público, desde donde se abrió una causa penal para investigar posible negociación incompatible o fraude al fisco, a cargo del fiscal Manuel Guerra.
Según revela La Tercera, la auditoría buscaba revisar los contratos administrativos de bienes y prestación de servicios en la cuprera estatal. Entre otros datos, se descubrió que el 92,47% de las contrataciones se realizó por asignación directa. “La situación señalada no se aviene con lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 18.575, en cuanto a que los contratos administrativos se celebrarán, por regla general, previa propuesta pública, por lo cual la corporación deberá tender a que sus negocios sean realizados bajo dicha modalidad”, dice el informe de la Contraloría.
Específicamente, la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada se llevó contratos de más de $31 mil millones. Estos dicen relación al “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”: Uno en febrero de 2014 por más de $7 mil millones y un segundo en diciembre de 2015, por $24 mil millones.
El representante legal de Hatch Ingenieros tiene vínculos con uno de los directivos de Codelco según el órgano fiscalizador. “Existía una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el señor Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos, y el señor Fernando Vivanco Giesen, representante legal de esa empresa, toda vez que el primero era yerno de este último”, dice el informe.
Meses después de la firma, Codelco propuso modificaciones para cumplir con los plazos ya retrasados, lo que aumentó aún más los gastos.
Por su parte, el presidente del directorio de la cuprífera Oscar Landerretche se defenció asegurando que “Codelco sí siguió los procedimientos que corresponden a la ley que lo rige, que es la Ley de Sociedades Anónimas”.