Ayer, miembros de la comunidad de Temucuicui ingresaron al Tribunal Oral de Collipulli y lanzaron objetos contra el fiscal Enrique Vásquez.

Tras el hecho, todos reaccionaron. Desde Santiago, el gobierno calificó como «intolerable» la agresión al fiscal, la Corte de Apelaciones de Temuco repudió el hecho y el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, aseguró que esto «socava el Estado de Derecho».

Vásquez fue agredido una vez finalizada la audiencia de cierre de la causa por presunto secuestro del lonko de la Comunidad Autónoma Temucuicui, Víctor Queipul, a medidados del año 2015. Él mismo denunció haber sido retenido en contra de su voluntad por tres personas que no se identificaron y lo tuvieron secuestrado por casi 8 horas. Durante este tiempo le vendaron los ojos, lo amarraron y lo golpearon. Los hombres le pidieron información sobre la ubicación de supuestas armas en poder de la comunidad, le reprocharon su trabajo con las comunidades mapuche y su apoyo a una machi que está siendo criminalizada y le exigieron dejar su trabajo por los derechos de los pueblos originarios. El lonko denunció el hecho ante la Comisaría de Traiguén y posteriormente interpuso una querella formal por los mismos hechos.

Pero ayer se concretó el cierre definitivo de la investigación, en medio de denuncias de que no se realizaron los peritajes necesarios. “Hubo una descoordinación que repercutió en la comunicación que se entregaba. Siempre se dijo que la carpeta estaba en la fiscalía de Temuco, luego Victoria, Collipulli”, dijo la abogada Karina Riquelme a Radio Universidad de Chile, en respuesta al argumento de la Fiscalía de no perseverar.

«Sabemos que si hubiese sido un diputado o un alcalde le hubiesen dado mucho más énfasis pero si es una querella presentada por un mapuche siempre buscan excusas para no perseverar”, dijo por su parte el propio Víctor Queipul.

“Esta decisión sienta un nefasto precedente y da rienda suelta a quienes pretenden silenciar a las comunidades de pueblos originarios en Chile”, aseguró Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Denunciar violaciones contra los derechos humanos no es un crimen. En vez que castigar a quienes dedican su vida a luchar por la justicia, las autoridades chilenas deben proteger su trabajo y enjuiciar a quienes los agreden”, agregó.

Mira el video con lo acontecido ayer acá: