Rifas, bingos y deudas: Así han costeado sus tratamientos las víctimas del estallido social

El viernes 20 de diciembre del año pasado el “copamiento preventivo” del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, volcó a cientos de carabineros a las calles de Santiago. En el perímetro donde se concentraban las protestas, las lacrimógenas hacían el ambiente irrespirable, además de los disparos de perdigones y el carro lanzaguas que dispersaba a los manifestantes. Una imagen de esa tarde es difícil de olvidar: dos carros blindados de Carabineros aplastando a un joven en la “Plaza Dignidad”. Su nombre es Óscar Pérez Cortéz, de 20 años.

Lo que vino después de ese día para Óscar y su familia ha sido un recorrido por clínicas, controles, consultas particulares con kinesiólogos, psicólogos y otros profesionales. El joven llegó de urgencia a la Posta Central con fracturas de pelvis, sacro, rodillas, hematomas múltiples, internos y externos, y también una cistomía, es decir, se cortó el conducto de la uretra. Después lo trasladaron a la clínica Las Condes donde lo operaron y permaneció internado casi dos semanas. Entró por Ley de Urgencias por el riesgo vital en que se encontraba. “Son lesiones graves y operaciones complejas”, le dijeron los médicos, quienes luego lo derivaron a otros especialistas.

En estos meses Óscar se ha sometido a seis cirugías y un examen que también requirió de hospitalización. “Son tantas cosas que en el momento no sabes qué vas a tener que hacer. Van apareciendo después y dependen de la recuperación”, cuenta su mamá, Marta Cortéz. 

Todos los costos ambulatorios los han ido cubriendo con recursos propios. En esto, recibir el 10% de sus fondos previsionales también les ayudó, más lo de otros familiares que les han ido aportando recursos. Marta, por su lado, tenía ahorros de su indemnización porque hace menos de un año había quedado sin trabajo. Aunque también ha visto reducido el tiempo para su nuevo proyecto laboral por los cuidados de su hijo. “Es poco lo que estoy trabajando, no me ha ido mal, pero hay meses que tengo ingresos y otros que no tengo”, dice.

Los cuatro primeros meses después del atropello, Marta dice que las cuentas superaban los 500 mil pesos mensuales solo en gastos relacionados a consultas, medicamentos y exámenes. Han tratado de abaratar costos comprando en la farmacia popular de Macul, donde algunos medicamentos tienen una rebaja significativa; también consiguiendo muestras médicas. “Había un medicamento que se tenía que comprar una vez al mes y que salía casi 100 mil pesos la caja”, detalla. Por otro lado, las cirugías esperan que, en parte, sean cubiertas por el plan de isapre del papá de Óscar. Solo una de esas cirugías tiene un costo de 12 millones de pesos.

Cuando vino la seguidilla de operaciones, Óscar organizó una rifa por Instagram. Los aportes voluntarios permitieron recaudar casi 2 millones y medio de pesos. “No era ni la mitad de la primera operación, pero iba sumando”, expresa Marta. Decidieron hacer una segunda actividad y el mismo día ya tenían cerca de 30 premios donados. Entre ambas rifas reunieron casi 10 millones de pesos. “La gente ha sido maravillosa, todos donaron cosas, incluso, gente en el extranjero ha hecho aportes. Calculo que con eso podemos cubrir algunas cuentas. Me han preguntado si necesito más apoyo, pero tampoco quiero abusar. Espero que podamos con eso, aunque tampoco estoy en condiciones de rechazarlo y decir que no más, porque no sabemos lo que se puede venir para adelante”, dice.

También han recibido ayuda del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras) y profesionales que se han acercado de manera particular para ofrecerle terapias especializadas de manera gratuita.

Cuando Marta enumera a quiénes les han prestado apoyo en estos meses, el gobierno queda completamente excluido. “Jamás se han acercado a nosotros”, reconoce la mamá de Óscar. Recuerda que cuando llevaba 48 horas hospitalizado, la encargada de prensa de la clínica Las Condes les comentó que algunas autoridades querían tener antecedentes sobre su hijo. En ese momento un familiar dijo que, si el gobierno quería ir, primero tenía que reconocer la violación a derechos humanos que había cometido. “Si ellos quisieran ahora contactarnos, podrían conseguir nuestro número, porque nosotros no andamos escondidos de nadie”, sentencia hoy Marta.

Apoyo para viajar

Hasta antes de marzo de este año, Michel Damian Hurtado (19) era repartidor de sushi en Mejillones. Entre sus hermanos y su mamá habían acordado trabajar para terminar los arreglos de la casa antes del invierno. Ellos viven en el campamento “Internacional” de esa ciudad. Su madre trabajaba como temporera en Copiapó donde también le ayudaban sus hijos menores.

Una tarde de marzo, cuando Michel ya había terminado su turno e iba de vuelta a la casa, se cruzó con una protesta. Carabineros dispersaba a los manifestantes y lanzaba lacrimógenas. Él paró a saludar a unos amigos y se quedaron en el lugar. Al poco rato, llegó otro furgón policial del que comenzaron a disparar perdigones. Michel no tuvo tiempo para escapar. Sintió un impacto que lo desvaneció. Vio que sangraba sin tener certeza de qué parte del rostro. Un paramédico que estaba cerca lo auxilió y lo llevaron a la urgencia. Ahí le dijeron que el impacto le había reventado el globo ocular. Michel no volvería a ver por su ojo izquierdo.

A Neidy Hurtado, su mamá, la llamaron pasado medianoche para darle la noticia. No podía creer lo que le estaban contando. Sintió mucha angustia sobre todo por estar lejos. Le encargó los niños a su vecina y se fue a comprar pasajes para viajar a Antofagasta donde estaba su hijo. Michel a esas horas ya estaba en pabellón.

Desde ahí la salud de Michel se convirtió en prioridad y tuvieron que reorganizar sus vidas. “Tuve que dejar todo por estar con mi hijo”, expresa hoy Neidy. Hace dos años migraron a Chile desde Bolivia, aunque la regularización de sus documentos sigue en proceso. Eso les ha impedido trabajar formalmente. Ahora que Neidy no ha podido conseguir los trabajos esporádicos que tenía, los ingresos económicos han disminuido aún más. En este tiempo, les han llegado donaciones para comprar alimentos y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular les ha ayudado de manera permanente. “La primera vez que tuvimos que viajar a Santiago, unas niñas que nos conocieron por esto que le pasó a mi hijo nos acogieron en su casa por los días que estuvimos”, cuenta.

Después, por el programa para las víctimas de traumas oculares del Hospital El Salvador, les han pagado los pasajes, la estadía, los taxis y la alimentación. Fue la Coordinadora que exigió costear estos gastos para las víctimas de regiones.

Neidy reconoce que han pasado por momentos muy difíciles. Michel tenía metas y sueños que se han visto truncados en el corto plazo. Él quería hacer el servicio militar y después retornar a Bolivia. O quería ser un carabinero. Después de esto ya no. “Quiere seguir con sus estudios solamente de mecánico industrial en el colegio”, aclara su mamá.

Rifas y bingos en Colina

Carlos Astudillo ha sido intervenido 15 veces desde octubre del año pasado, cuando recibió un disparo de militares durante una concentración en Colina. Ingresó de urgencias a la Clínica Las Condes con una fractura expuesta. Producto del disparo perdió un área de 10 a 15 centímetros de piel. Le hicieron varios injertos para recuperar ese tejido gravemente dañado. Con el tiempo fue presentando otras complicaciones: el daño muscular provocó que parte de sus riñones funcionaran con dificultad y las diálisis se convirtieron en parte de su rutina por más de 20 días.

“También tuvo trombos con riesgo de que se le fueran al pulmón. Se pasaron sustos porque ha sido una cadena. Se alargó su estadía en la clínica porque hizo una infección intrahospitalaria y ahora apareció una infección al hueso. Es una infección crónica”, cuenta su mamá Paola Ulloa.

Ella lleva los gastos mensuales anotados: por terapias kinesiológicas tres veces a la semana, el costo de la bencina de trasladarse para ir, que son 10 mil pesos entre bencina, peajes y tag. Como las otras familias, dice que inevitablemente los ingresos familiares se han ido reduciendo a la mitad, sumado a lo que se gasta normalmente en el día a día en una casa donde viven seis personas.

Ellos también han tenido que recurrir a actividades solidarias. Al comienzo, familiares y amigos hicieron dos eventos: una rifa y un bingo. “Eso nos ayudó bastante para costear varias consultas médicas y medicamentos”, acota Paola. Por ahora están cancelando la cuenta de la clínica que tiene menor costo; solo los insumos médicos por dos meses de hospitalización, que suman casi 9 millones y medio de pesos. La isapre cubre casi la mitad de ese monto y el resto, dice, lo seguirán pagando en cuotas.

Carlos ahora está en hospitalización domiciliaria y una enfermera va a la casa a hacerle las curaciones. De esa manera se ahorran el costo del ‘día cama’ en la clínica. “Hemos ido haciendo lo que se puede a medida que pasa el tiempo. Ahora se viene otra operación”, cuenta su mamá.

Hace muy poco, por intermedio de un vecino, consiguieron atención en un centro kinesiológico de la municipalidad de Colina, ubicado a casi media cuadra de su casa. Lo van atender por el tiempo que sea necesario para su recuperación. “Era muy pesado para él ir a la clínica Dávila. Se resentía mucho en ir una hora sentado para allá, una hora en el gimnasio y una hora de vuelta”, dice la mamá de Carlos. Esa ha sido la única ayuda que ha recibido de un organismo público. “Y nosotros nos acercamos a pedirla”, recalca Paola.

UTO saturada

En agosto, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular organizó un evento para recaudar fondos y mantener una “caja chica” de emergencia para apoyar a las familias. Su vocera, Marta Valdés, dice que en esa oportunidad recaudaron sobre 13 millones de pesos. “Queríamos que fuera una actividad con mucha dignidad, que vieran que seguíamos organizados bajo pandemia y que seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación”, explica. “Al final, el pueblo se ha hecho cargo del desamparo del Estado. Aparte, tenemos un gobierno que ni siquiera reconoce las violaciones a derechos humanos, menos vamos a esperar que se haga cargo de estas mutilaciones”, agrega Marta.

Foto: Agencia Uno

Sobre el programa que se implementó en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador, Marta reconoce serias deficiencias. “Son solo ocho profesionales para un programa de más de 300 víctimas. Eso, en total, para las distintas áreas: oftalmólogos, protesistas, terapeutas ocupacionales y psicólogas. Estamos insistiendo en que se aumente el número de profesionales”. Además, ve necesario que este programa, que coordinan con la Subsecretaria de Derechos Humanos, incluya atención para los familiares de las víctimas.

En algún momento dice que se vieron sobrepasados y que las horas médicas se retrasaron. “Después empezaron a citarnos a todos a un mismo horario, entonces pasábamos todo un día esperando la atención. A eso había que sumarle los accidentes paralelos por las que la gente iba”, complementa Marta. Por lo pronto, esperan que también se costeen los traslados a las víctimas de la Región Metropolitana y que se amplíen las atenciones médicas que se requieren.

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