José Matías de la Fuente |
Desde que la Fiscalía emitió un informe que corrobora las graves omisiones cometidas por el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, Marcela Guevera no ha hecho más que reafirmar la necesidad de materializar cambios en el sistema de educativo que protejan a niños, niñas y adolescentes de la discriminación. Hoy, en paralelo, persevera en acciones legales contra aquellos que considera culpables de la muerte de su hijo, y además impulsa un proyecto de ley que prevendría este tipo de casos.
La vida de Marcela Guevara De la Fuente (39) dio un giro absoluto la tarde del 23 de mayo de 2019, cuando su hijo mayor, José Matías (15), se suicidó producto del bullying y las negligencias del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó. Desde ese día, su profundo dolor lo acompaña de un activismo comprometido con que casos como el de su primogénito no se vuelvan a repetir.
Marcela le había brindado apoyo a su hijo desde el comienzo de su transición, pero el panorama era distinto en el colegio. Allí fue aislado, humillado e incluso agredido sexualmente, según aseguran fuentes que declararon ante la Fiscalía. Sin embargo, la madre nunca fue advertida de estas situaciones y sólo se enteró de ellas tras el suicidio de su hijo, cuando un amigo del joven le reveló, en medio de la culpa por no alertarla antes, las distintas vulneraciones que había soportado José Matías en el liceo.
Por ocho meses, Marcela Guevara esperó la resolución de la Superintendencia de Educación, que acreditó que el establecimiento no resguardó la integridad de José Matías; y hace sólo un mes recibió el informe de la investigación desformalizada de la Fiscalía, que sólo reforzó su convicción de conseguir justicia para su hijo y otros niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de bullying.
Hoy, se prepara para enfrentar importantes procesos que apuntan a cumplir estos objetivos. Por un lado, alista la presentación del proyecto de ley José Matías, que busca prevenir estos casos mediante una serie de medidas en el mundo escolar. En paralelo, presentará acciones civiles contra el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó y la Superintendencia de Educación, instituciones que apunta como los grandes responsables de la muerte de su hijo.
El informe de la Fiscalía, emitido el pasado 22 de septiembre, vino a respaldar las negligencias del liceo sancionadas con una multa de $2,7 millones por la Superintendencia de Educación, en enero de este año. Al respecto, el Ministerio Público ha indicado que existen “antecedentes en la investigación de acciones y omisiones” cometidas por profesores y autoridades del Liceo Sagrado Corazón que podrían sostenerse “como fundamento o explicación de la decisión que tomó él de quitarse la vida”.
Leyendo este informe fue que Marcela se enteró de otro doloroso hecho: un mes antes del suicidio del joven, sus compañeras habían alertado que José Matías se estaba autolesionando. Esta situación fue advertida a la encargada de convivencia escolar del liceo. Sin embargo, la funcionaria se limitó a consultarle al adolescente si esto era verdad, a lo que el joven respondió que no era cierto.
“Las lesiones eran en unas partes que no eran visibles, por eso yo no me percaté, y del colegio no se preocuparon de llamarme y contarme lo que estaban diciendo. La encargada de convivencia le preguntó a José Matías, y él dijo que no era verdad y hasta ahí lo dejó. Con eso se quedó (…) Un mes después mi hijo ya estaba muerto”, lamenta la madre.
José Matías
Otra omisión determinante en el desenlace de José Matías fue la no socialización a la comunidad educativa, y particularmente a su madre, de la circular 768 de la Superintendencia de Educación, un ordenamiento que apunta a la protección de los NNA trans en el ámbito educativo.
“Era mi derecho leer la circular, porque en la primera hoja dice que mi hijo está en un tremendo riesgo de suicidio. ¿Por qué mi hijo murió y yo no pude leer esa hoja? Esa hoja me abría los ojos con respecto al peligro enorme en el que estaba José Matías. Como colegio tenían que tomar todas las medidas, porque el gobierno de Chile les mandó la circular a ellos, no me la mandó a mí”, reclama Marcela Guevara.
En esa línea, el informe de la Fiscalía señala que el establecimiento no dio “un trato adecuado a su condición de transgénero” y asegura que “no hay registro alguno de que dicha situación se haya tratado adecuadamente por la comunidad estudiantil y profesorado”. El texto agrega que no existieron “los canales adecuados de confianza para develar estas situaciones”, detallando que “sólo después de la muerte de José Matias se abordó la temática con profesores y alumnas”.
Todo lo que salió mal en el caso de José Matías es lo que pretende corregir el proyecto de ley que llevará su nombre. La intención de Marcela es que ninguna madre vuelva a vivir lo que ella enfrentó y, para eso, advierte, se debe partir por asegurar que los establecimientos educacionales sean espacios propicios para acompañar a los niños en toda su diversidad.
La iniciativa cuenta con el patrocinio de la diputada socialista por Copiapó, Daniella Cicardini (PS), quien señaló a El Desconcierto que el texto debería ser presentado este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Al respecto, la parlamentaria señala que este proyecto implica “un reconocimiento al propio José Matías y especialmente a su madre, que ha sabido sobreponerse a su dolor para resignificar la pérdida de su hijo, y perseverar en esta idea como una señal a toda la sociedad, pero especialmente a los establecimientos a estar atentos a las alertas, a prevenir este dolor y discriminación, y a hacerse cargo de la responsabilidad de tomar todas las medidas para evitar todo tipo de acoso o discriminación”.
Según explica la diputada, entre otras cosas, la iniciativa busca establecer nuevos requisitos para los profesionales a cargo de la convivencia escolar, procurando que su experiencia se ajuste a los estudios y conocimientos recientes sobre la identidad de género en niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se busca que existan sanciones para los establecimientos y profesionales que incurran en omisiones o faltas que afecten a las y los estudiantes, estableciendo consecuencias para quienes maltraten física o psicológicamente a los alumnos. Asimismo, se pretende establecer la obligación de denunciar la existencia de vulneraciones a NNA ante tribunales de familia y que no sólo se apliquen los reglamentos internos de cada recinto escolar, tal como indica actualmente la Ley General de Educación.
La diputada Cicardini añade que otro elemento clave del proyecto es asegurar el respeto, la aplicación y la fiscalización del cumplimiento de medidas y ordenamientos ya existentes en el sistema educativo, como por ejemplo la circular 768 o el documento de Orientaciones para la inclusión de personas de la diversidad sexual en el sistema educativo.
Desde Fundación Selenna, organización dedicada al acompañamiento de niños, niñas y jóvenes trans, su vocera Evelyn Silva ha comprometido con Marcela su apoyo a la iniciativa y en conversación con El Desconcierto señala que en estos momentos trabajan por sumar a más agrupaciones que se comprometan. Hasta ahora, más de una veintena de organizaciones locales y nacionales han abrazado esta causa, entre las que destacan Colectiva Transforma y Todo Mejora.
De esta forma, Silva hace un llamado a las y los parlamentarios a tomarse en serio la niñez trans y tramitar con celeridad esta iniciativa, argumentando que hoy por hoy el bienestar de esta comunidad no está asegurado debido a una Ley de Identidad de Género que excluye a menores de 14 años, una ley de garantías de la niñez que aún descansa en el Congreso y el rechazo de la Ley de Educación Sexual Integral.
«Sería bueno que los parlamentarios de una vez por todas puedan legislar para los niños y no pensando en los adultos responsables de ellos. Dense el tiempo de generar acciones para conversar y escuchar a niños y niñas trans, que son los que van a los colegios y necesitan de esta ley», invita la activista.
Marcela sabe que nada ni nadie le devolverá a su hijo, pero también está convencida de que el cambio institucional y la sensibilización que realiza a diario con el caso de José Matías tienen el potencial de salvarle la vida a muchos menores víctimas del bullying y la transfobia. Eso la empuja a no detenerse.
“Mi hijo fue vulnerado de muchas maneras como para que yo me quede tranquila y diga ‘hasta aquí llegamos’. Voy a continuar hasta el máximo que se pueda con todo esto”, asegura la madre, quien adelanta a El Desconcierto que en las próximas semanas presentará acciones civiles en contra del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó y también en contra de la Superintendencia de Educación.
Según detalla su abogado, Patricio Arriagada, al colegio se le apuntará por su responsabilidad administrativa en la muerte de José Matías, ya acreditada por el ente fiscalizador, mientras que a la Superintendencia se le acusará por “falta de servicio”, al no haber corroborado la aplicación de las normativas existentes que pudieron salvar la vida del adolescente.
“La Superintendencia está interviniendo sólo a raíz de alguna denuncia, y la verdad es que en este tipo de materias no podemos ser reactivos, porque muchas veces vamos a reaccionar demasiado tarde. Tal como sucedió en este caso, donde vinieron a fiscalizar después de que José Matías se suicidó, no antes”, reclama el jurista.
En el caso del liceo, el profesional precisa que las acciones legales no están dirigidas en contra de personas particulares. “Este es un problema institucional, que viene de arriba”, explica, haciendo referencia al proyecto educativo del establecimiento, vinculado a la Congregación Argentina de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús.
“En general, los proyectos católicos son bastante intolerantes con la realidad de la comunidad LGTBI. En este caso, los llevó a resistirse tenazmente a aplicar una circular que la consideraban una injerencia ilegítima, indebida por parte del poder temporal”, señala Arriagada.
Por su parte, Marcela sincera que su fin último es que las personas que dañaron, o permitieron que le hicieran daño a su hijo, no vuelvan a trabajar con estudiantes, por lo que no descarta también presentar querellas en contra de los adultos que eran responsables de José Matías en el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó.
“Mi satisfacción más grande sería que ellos no vuelvan a ejercer con alumnos, porque no tienen la capacidad humana ni profesional para hacerlo. Tuvieron un adolescente en frente que les dijo que necesitaba apoyo, pero en ellos pesó más la transfobia que el bienestar y los derechos de mi hijo. Podrían hacerles daño a otros niños”, advierte Marcela.
