Frontis Intendencia y Gobierno Regional del Gobierno Regional de Ñuble | Agencia Uno
Entre 2019 y 2020, las dos empresas Sociedad Comercial El Almendro Limitada y Sociedad LLahuén, se habrían adjudicado licitaciones por montos cercanos a los $700 millones. El problema, es que el hijo del dueño de estas empresas trabajó en dicho período como Jefe de Finanzas del Gobierno Regional, por lo que habría podido influir en estas licitaciones. El caso es investigado por Contraloría y será llevado a la justicia en estos días, mientras todos los involucrados niegan la comisión de algún tipo de delito.
Un espeso manto de dudas se ha posado en los últimos meses en la Región del Ñuble en torno a las licitaciones de camiones aljibe para la distribución de agua potable. Un servicio que mueve montos millonarios y del cual dependen más de 22 mil personas en las 21 comunas de la región.
Las dudas tienen su origen en una denuncia a la Contraloría por parte de la diputada del PPD Loreto Carvajal, quien acudió en julio de este año al ente fiscalizador para que se investigue un caso que podría involucrar los delitos de lavado de activos, negociación incompatible y robo al Fisco, por montos que alcanzarían los $700 millones.
En su escrito, la parlamentaria explica que “el Jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Ñuble, Diego Riffo, posee un parentesco directo con Gustavo Riffo Pastén, representante legal de la Sociedad Comercial El Almendro Ltda., empresa que en la actualidad ha conseguido millonarios contratos con el Gobierno Regional por la entrega de agua en diversos sectores de la región”.
En esa línea, Carvajal agrega que “la relación de parentesco entre las personas individualizadas es de padre e hijo, lo que hace aún más dudosa la adquisición de dichos contratos por parte de la empresa en mención”.
Y en efecto, Diego Riffo, hijo de Gustavo Riffo, ejerció como “Jefe de la División de Administración y Finanzas”, desde julio de 2019 hasta septiembre de este año, según consta en los registros del Gobierno Regional del Ñuble.
Más aún, su padre, a través de las empresas El Almendro y de la Sociedad Llahuén, efectivamente se adjudicó contratos millonarios por el servicio de distribución de agua potable a través de camiones aljibes en el periodo mencionado, según él mismo lo reconoció en entrevista con nuestro medio.
«El padre del Jefe de Administración y Finanzas del Gore se ha adjudicado contratos con la repartición pública en la cual su hijo tiene directa injerencia, donde resulta ser persona cercana y de confianza del actual Intendente, Martín Arrau, sin que a la fecha del documento se haya reparado en la situación. Así, durante el año 2019, Riffo Pastén obtuvo contratos por 367 millones 733 mil 240 pesos, mientras que en lo que iba corrido hasta julio de 2020, la suma se empina por los 345 millones de pesos», agrega la denuncia de la parlamentaria PPD.
Ante esta denuncia, la Contraloría General de la República confirmó a El Desconcierto que se encuentran investigando los hechos, pero aclararon que no pueden entregar mayores antecedentes en este punto.
A este respecto, la presidenta del PS del Ñuble, Gina Hidalgo, criticó las demoras investigativas y llamó a entregar explicaciones por las presuntas irregularidades.
«Acá hay más de $700 millones en adjudicaciones a dos empresas ligadas directamente al padre de un funcionario recién renunciado de confianza del Intendente, pero los delitos se habrían estado produciendo por dos años de manera consecutiva, por lo que nos parece importante que alguien salga a explicarnos qué es lo que está sucediendo. Acá son cientos de millones que salen de los recursos de todos los chilenas y chilenas y que estarían manejándose en un grupito de amigos», señaló Hidalgo.
En esa línea, anunció que desde su partido llevarán el tema a la justicia, para que sea ésta la que determine las posibles irregularidades y potenciales responsabilidades.
«Creemos que existen antecedentes suficientes que darían cuenta de acciones reñidas con el principio de probidad administrativa y con el buen manejo de los recursos públicos, y en ese contexto, como partido hemos resuelto recurrir a la fiscalía por estas millonarias irregularidades«, sostuvo.
Por otra parte, Hidalgo también cuestionó al que ha sido sindicado como el responsable final de esta situación, el Intendente del Ñuble.
«Hemos visto una falta completa de fiscalización por parte del Intendente, nos parece que tiene que darle una explicación a la comunidad. Nos parece impresentable, además, la demora en los procesos de investigación, y a lo menos sospechoso la lentitud con la que los entes fiscalizadores han tomado este caso que cuenta con las pruebas suficientes para haberse pronunciado», asegura.
Como este, Gustavo Riffo se habría adjudicado una docena de pagos menores que conformarían los $700 millones denunciados por la diputada del PPD. Fuente: Mercado Público.
En tanto, consultados por este medio, tanto Gustavo Riffo como Diego Riffo rechazaron estas versiones, acusando «razones políticas» detrás de la denuncia. Esto debido a que Diego Riffo es cercano a la UDI, al igual que el Intendente de la Región Martín Arrau, quien de hecho dejaría su cargo en las próximas semanas para reemplazar a Víctor Pérez en el Senado, con la venia del gremialismo.
El principal punto que ambos esgrimen es que la Intendencia (institución que realiza el proceso de adjudicación de las licitaciones) y el Gobierno Regional (institución para la que Riffo hijo ejerció como Jefe de Finanzas), son dos entidades separadas, por lo que Diego Riffo, jefe de Finanzas del Gobierno Regional, no habría tenido injerencia en las decisiones que se tomaron en la Intendencia.
«Yo creo que ella (Loreto Carvajal) tiene todo el derecho a denunciar lo que se le antoje. Pero aquí hay una confusión, porque la Intendencia y el Gobierno Regional son entidades distintas, tienen RUT distintos, etc», sostuvo Diego Riffo al respecto.
No obstante aquello, los denunciantes han recalcado que ambas entidades funcionan en el mismo edificio, y están a cargo de la misma autoridad pública, el Intendente, situación que sembraría dudas respecto a la licitud o irregularidad de los contratos.
«Nominalmente el Gobierno Regional y la Intendencia Regional son dos servicios públicos distintos. Aunque en este caso, sobre todo si se trata de dos reparticiones que están en el mismo edificio, y que dependen y son presididas por el Intendente, todos los funcionarios públicos tienen un deber positivo de abstención de todas las materias sobre las que pueden haber tenido conflicto de interés», expresó sobre este punto el abogado especialista en derecho administrativo, Camilo Jara Villalobos.
«Al ser dos Servicios Públicos distintos, en teoría un funcionario de la Intendencia no puede participar formalmente en un proceso administrativo del Gobierno Regional o viceversa. Sin prejuicio de eso, todos los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse -y no me refiero a solo firmar documentos- sino que en general de realizar cualquier tipo de intervención en cualquier materia en la cual él puede haber tenido algún tipo de interés», agregó el jurista del estudio Osorio Vargas, enfatizando además en la importancia de que cualquier hecho que pudiera estar reñido con la probidad sea investigado.
Por su parte, Gustavo Riffo, dueño de las empresas que se adjudicaron las licitaciones, argumentó que él lleva años en el rubro de los camiones aljibes -desde el 2016 por lo menos- y que desde antes de que su hijo fuera Jefe de Finanzas del Gobierno Regional se ha venido adjudicado licitaciones.
Ambos además, defendieron que al momento en el que Diego entró a su labor como Jefe de Finanzas, consultaron al equipo jurídico del Gore para que se evaluase un potencial conflicto. Lo mismo hizo su padre en tanto con sus abogados personales.
«Cuando él asumió el cargo nosotros preguntamos en la unidad jurídica de la Intendencia específicamente por las licitaciones, y yo lo consulté con mi abogado, y no había ninguna observación al respecto», declaró Gustavo Riffo.
En tanto, consultados respecto de la coincidencia entre que Diego Riffo haya dejado su cargo poco después de la denuncia, ambos respondieron que la causa sería retomar un negocio vitivinícola que Diego había dejado en pausa, luego de asumir el cargo y que habría retomado una vez dejado el mismo.
Si bien el Intendente regional se negó a una entrevista referida a esta denuncia, la oficina de prensa de la repartición pública indicó que la salida de Riffo del cargo no respondió a estas potenciales irregularidades, sino a una «renuncia voluntaria«.
Además, señalaron que no han sido requeridos por Contraloría por el tema, a pesar de que el ente fiscalizador recibió la mencionada denuncia en julio de este año.
«No se nos ha solicitado información al respecto. Contraloría General de la República es un aliado permanente en términos de transparencia y ha fiscalizado todos los actos de esta Administración y tomando razón de cada una de las bases de licitación del proceso. En este sentido, cada base correspondiente al proceso de licitación pública ha sido validada con toma de razón por parte de la Contraloría para resguardar la transparencia del proceso, lo que se suma a que están disponibles en Mercado Público», señalaron.
Finalmente, peses a que afirmaron no tener conocimiento sobre esta denuncia, desde la Intendencia también echaron mano del argumento alusivo a presuntas «razones políticas» para desestimar las posibles irregularidades.
«No hemos tomado conocimiento de ninguna denuncia, ya que solo se solicitaron antecedentes del proceso que se ha realizado en orden y conforme a la legislación vigente, por lo que no encontramos justificación a lo expuesto en el oficio, más allá de una razón política o de desprestigio hacia las labores que se están realizando para dar probidad a este proceso», agregaron.
