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Migrantes y Convención Constitucional: Las trabas para asegurar la representación de las personas extranjeras

Por: Meritxell Freixas @MeritxellFr | Publicado: 04.12.2020
Migrantes y Convención Constitucional: Las trabas para asegurar la representación de las personas extranjeras catalina bosch-manuel hidalgo | catalina bosch-manuel hidalgo
La legislación chilena requiere que para que una persona migrante pueda presentarse a un cargo de elección popular, no solo es necesario disponer de la nacionalidad chilena, sino que además la norma exige que hayan pasado cinco años desde la fecha en que esta se obtuvo. Esto se convierte en la mayor barrera para las personas extranjeras que quieren participar activamente del proceso constituyente. Por ahora, Catalina Bosch y Manuel Hidalgo, ambos de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, figuran entre las precandidaturas. La comunidad migrante, sin embargo, no descarta que se sumen otros nombres en el norte del país. Hay tiempo hasta el 11 de enero.

Si la Convención Constitucional fuese 100% representativa de la sociedad chilena actual, según el Centro de Producción del Espacio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas (UDLA), siete de los 155 representantes que se escogerán en las elecciones de abril deberían de ser personas migrantes. Idealmente, procedentes de Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, Haití y Ecuador. De momento, sin embargo, son solo dos los precandidatos extranjeros que concurrirán a la elección.

Se trata de dos nombres levantados por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, una de las mayores agrupaciones de personas extranjeras del país: la psicóloga cubana de madre chilena Catalina Bosch y el ingeniero comercial peruano Manuel Hidalgo, residente en Chile desde principios de los años 70. “Queremos instalar las demandas específicas de la comunidad migrante en comunión con las demandas que levantan los otros pueblos de Chile, para construir una Constitución que responda a los parámetros de dignidad, equidad, no discriminación, plurinacionalidad y equilibrio con medio ambiente”, comenta Hidalgo, que en 2012 vio frustrada su postulación a concejal por la comuna de Santiago.

Ambos fueron elegidos por consenso a comienzos de noviembre, en una asamblea de la Coordinadora. Además de la nacionalidad chilena, que es el requisito que solicita la ley, la selección se determinó por criterios como ser independientes, respetar la paridad y priorizar personas con trayectoria comprobada en organizaciones sociales de migrantes o a su favor.

“Nuestro interés sería ir en pactos independientes”, asegura Bosch en relación a la fórmula en que se presentarán los precandidatos. Sin embargo, el proyecto aprobado este martes en la Comisión de Constitución no permite pactos ni entre independientes ni con partidos políticos. Mientras la norma sigue su tramitación, los precandidatos mantienen todas las opciones abiertas y conversan tanto con organizaciones sociales independientes como con partidos de Unidad Constituyente y de Chile Digno, explica la psicóloga, que prefiere no mencionar siglas.

Nacionalización

Para que una persona migrante pueda presentarse a un cargo de elección popular no solo es necesario disponer de la nacionalidad chilena, sino que además la ley exige que hayan pasado cinco años desde la fecha en que esta se obtuvo. “Hay personas migrantes que solo tienen la residencia, pero llevan viviendo en Chile 40 o 50 años.  Como no se han nacionalizado, no pueden optar por a una serie de derechos”, explica Vanessa González, presidenta de la Coordinadora. “En nuestra organización hay gente super valiosa para eventuales constituyentes, pero ni siquiera se lo pudieron plantear por culpa de la nacionalización”, añade Catalina Bosch.

Según datos de la Dirección de Extranjería y Migración (DEM), desde el año 2006 hasta el 2014, 7.800 migrantes adquirieron la nacionalidad chilena. Cifras muy inferiores al total de visas de permanencia definitiva que se entregaron en ese mismo período, que superaron las 210.600.

“En el proceso de migración hay una sensación general de que uno está de paso, pero en efecto, no es así y las personas se terminan quedando participando en la vida social, política y económica, aunque nunca se contempla como opción nacionalizarse”, explica González. Según ella, “no todas las personas migrantes desean nacionalizarse en el país en el que están viviendo, pero sí tienen deseo de vivir y quedarse en este país, porque ya es su país también y no hay que nacionalizarse para demostrar eso. La dirigenta comenta que para muchos extranjeros no nacionalizarse es una forma de “reivindicar la propia procedencia y las propias raíces en el proceso de convivir con otras culturas migrantes”.

Más allá de lo personal y simbólico, destaca también las dificultades que impiden empezar un proceso de nacionalización: “Hay que tener la residencia y hay mucha gente que ha tenido la residencia luego de vivir décadas en el país por la dificultad que existe de regularizar la situación migratoria”.

Para evitar este tipo de barreras, la presidenta de la Coordinadora considera fundamental garantizar la representación de la comunidad migrante en la Convención Constitucional. “Los migrantes residentes son como ciudadanos de segunda categoría y no pueden optar a participar políticamente”, alega. Entre los otros temas que los constituyentes quieren poner en el tapete están la promoción de la interculturalidad; el derecho de las personas nacidas en Chile a acceder a la nacionalidad, independientemente de la situación administrativa de los padres; y el reconocimiento del derecho a migrar como derecho fundamental: “Que la política migratoria tenga enfoque de derechos entendiendo los motivos que empujan a migración y que es un fenómeno global”, apunta Vanessa González.

¿Precandidatos en el norte?

Casi 380.000 extranjeros fueron habilitados para votar en el plebiscito del 25 de octubre. Un derecho que tuvieron que pelear porque inicialmente la comunidad migrante fue excluida del proceso. “Reclamamos el derecho a participar políticamente en procesos en los que también estamos involucrados porque también somos parte de este país, decidimos hacer nuestra vida aquí”, señala González. La presión de los activistas promigrantes consiguió el derecho a sufragar para los residentes con más de cinco años desde su primera visa. Las organizaciones participaron activamente en la previa de la votación y desplegaron campañas como “Migrantes por el Apruebo” o “Todos participamos”.

Tras el éxito del plebiscito, la comunidad migrante quiere seguir participando activamente del proceso constituyente, a pesar de las barreras legales que está encontrando en el camino. Si bien hasta ahora han surgido dos precandidatos, hay tiempo hasta el 11 de enero para hacer crecer esta cifra. Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante (MAM), que es parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, “no descarta” que aparezcan otros nombres. “Esto se está decidiendo en los territorios”, afirma. Según él, “a pesar de que es tan difícil para las organizaciones poder llevar sus propios candidatos en el marco jurídico impuesto”, aún hay posibilidades de que en el norte surja algún otro representante «que la Red apoye», dice. “No vamos a disputarnos entre migrantes y pro-migrantes los mismos espacios”, subraya, en referencia a las candidaturas de Bosch y Hidalgo, que se presentan en los distritos 9 y 10, respectivamente.

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