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DATOS| Más de 60 menores fallecidos por balas perdidas en los últimos 4 años: “Las autoridades nos tienen abandonados”

Por: Meritxell Freixas @MeritxellFr | Publicado: 15.02.2021
DATOS| Más de 60 menores fallecidos por balas perdidas en los últimos 4 años: “Las autoridades nos tienen abandonados” bala loca | / Foto Agencia Uno
En La Pintana, 8 niñas, niños y adolescentes han perdido la vida desde 2017 a 2020. En el conjunto de la Región Metropolitana han sido 40. Las familias de las víctimas se sienten abandonadas por el Estado y acusan desatención de las fuerzas de seguridad para combatir la violencia que acecha sus poblaciones y comunas. Mientras, en el Senado no avanzan las medidas que podrían ayudar a frenar este fenómeno, que sacude las zonas con menos recursos del país.

Xhiomara Gómez, de 15 años, fue impactada por una bala mientras caminaba con dos amigos por la población Santo Tomás el pasado 28 de diciembre. Poco tiempo antes, el 11 de septiembre, Yasna Yaupe, de 18 años, recibió un disparo en su hogar mientras amamantaba a su hija de apenas dos meses que resultó ilesa. Baltazar Díaz, de nueve meses, recibió un bala mientras dormía en octubre de 2019. El proyectil atravesó el techo de su casa y le provocó la muerte. En 2017, Dylan Obregón, de 8 años, recibió una bala en la cabeza arriba de una micro del Transantiago.

61 niños, niñas y adolescentes (NNA) perdieron la vida entre 2017 y 2020 por disparos de balas perdidas. En las estadísticas, este tipo de delitos no se registran como tal, por eso es difícil establecer una cifra concluyente. En respuesta a una solicitud de Transparencia de El Desconcierto, la jefatura Nacional de Delitos Contra las Personas indicó que en sus registros no aparece el concepto «bala perdida» o «bala loca» para los casos que así son informados ante la opinión pública, por lo que las cifras aportadas se refieren a homicidios de menores bajo la circunstancia de “disparo injustificado» cuyo «punto de origen se encuentra desconocido o en estudio».

Por comunas, La Pintana es la que más víctimas fatales suma, con un total de ocho; seguida de San Joaquín, San Bernardo, Quilicura, Puente Alto, La Granja y Ovalle. Todas ellas con tres fallecidos. Solo en la Región Metropolitana se han producido 40 de las muertes, una cifra exponencialmente superior comparada con las del resto de regiones del país. El año pasado fue el más mortífero, con un total de 20 NNA fallecidos, mientras que el 2018 se anotó la cifra más baja, con ocho.

Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el último año se registraron más de 400 casos de disparos indebidos en la vía pública.

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/ Elaboración: Michel Contreras 

Un problema de clase

El caso de La Pintana preocupa en especial por el aumento de muertes en el último año. La alcaldesa Claudia Pizarro explica que los recursos económicos con los que cuenta el narco, la pasividad del Estado para combatirlo y la promesa de conseguir de manera fácil un mejor nivel económico en lugares que han estado postergados históricamente, «son el caldo de cultivo para que este fenómeno crezca sin control”.

Las muertes por balas perdidas tienen que ver con la pobreza y la clase social. El caso de La Pintana es el más claro. Tiene ocho menores fallecidos y un índice de pobreza multidimensional que, según datos del Ministerio de Desarrollo Social de 2017, alcanza un 32,7% de las personas que viven en la comuna, que es la quinta más pobre de la Región Metropolitana (de un total de 52) y en la 72ª de todo el país (de un total de 345).

Pero el fenómeno va más allá de la pobreza como tal. Como evidencia la visualización anterior, no existe una correlación tan marcada entre pobreza y víctimas por disparos injustificados. Hay territorios como Quilicura, San Joaquín o La Florida que, si bien no aparecen dentro de las 172 comunas –la mitad del total– con mayor porcentaje de pobreza multidimensional, también registran casos repetidos de muertes de NNA en esas circunstancias. Son zonas que aquejan el abandono del Estado en la calidad de sus servicios y espacios verdes, el acceso a las oportunidades y las facilidades para estudiar. “El Estado no existe en nuestros territorios y los jóvenes crecen en un ambiente desolador, pero el neoliberalismo los bombardea con expectativas de consumo y éxito”, precisa Pizarro.

Para quienes viven en estos sectores, la sensación es de un desamparo absoluto por parte de las autoridades de turno: “Si eso ocurriera en el barrio alto, lo pararían altiro. En las poblaciones, pero, vivir con los balazos es el pan de cada día”, lamenta Roberto Pino, tío de Dylan Obregón. Una realidad que ha sido normalizada por miles de vecinos y vecinas de la Región Metropolitana –y del país–, que han asumido la convivencia con balaceras y traficantes.

«Lo más duro es sentirse olvidados»

Claudia Quiñones es la mamá de Xhiomara Gómez, la última adolescente fallecida por una bala perdida. El caso de su hija se está investigando, pero la familia reclama que los avances son demasiado lentos: hay una sola persona detenida y son varios los involucrados, según alegan. Explican que los disparos, que se hicieron a menos de 100 metros de distancia de donde se encontraba la joven, se produjeron por una riña entre dos pandillas de la comuna que días antes de la muerte de la joven “ya se pescaban a balazos día y noche”. Los familiares denuncian la falta de atención de la policía. Señalan que la PDI ha acudido una sola vez al sector por este caso, pese a sus reiterados llamados: “Ni siquiera podemos ir a prenderle velitas a la Xhiomara porque ellos viven en el lugar donde la mataron”, lamenta Claudia. “Los culpables viven al frente de mi casa. Los tengo que ver todos los días por la calle porque siguen libres”, dice la tía de la adolescente.

Además del dolor por la pérdida, a menudo se da que las familias de las víctimas tienen que convivir con los responsables de su desgracia porque suelen ser parte del vecindario de la comuna. Nataly Castro, madre de Yasna Yaupe, también dice saber quién fue el autor del disparo que mató a su hija mientras amamantaba a su nieta, que hoy tiene cuatro meses. “Era una persona conocida de la comuna, del pasaje de atrás donde vivimos”, señala. Según le informaron desde la PDI, estaría prófugo. Sin avances judiciales y con poco respaldo policial, Nataly optó por mudarse a la comuna de San Bernardo, donde vive de arriendo con sus tres hijos y su nieta, la hija de Xhiomara: “Nos fuimos y la casa quedó ahí vacía y abandonada”, dice. Aún así, tiene claro que no es una garantía de nada: «En cualquier lugar puede pasar algo y no estamos a salvo en ningún lado, ni siquiera en nuestra propia la casa«. 

Familiares de las víctimas coinciden en que se sienten solos. Dicen que si bien en el primer momento, cuando irrumpe la noticia, todo el mundo presta apoyo, “de repente la gente desaparece» y se quedan solos «lidiando con la angustia y el dolor que nos dejaron”, describe Roberto Pino. Según él, las muertes por balas perdidas son “la gran deuda de los gobiernos” con las familias de las víctimas. “Las autoridades nos tienen abandonados, importamos poco”, espeta.

A pesar de las críticas, tanto la familia de Xhiomara como la de Yasna y Dylan reconocen y agradecen el apoyo que particularmente han recibido desde la Municipalidad de La Pintana. El gobierno local les ofreció apoyo tanto legal, social como psicológico y ahora impulsa la primera organización para unir a los afectados por este tipo de casos. “Hemos asesorado a los familiares de las víctimas para crear la Agrupación de Familiares Víctimas de la Violencia Delictual, que busca visibilizar este problema”, comenta la alcaldesa Claudia Pizarro. “Después de perder a un ser querido, lo más duro para una familia es sentirse olvidados, que no importan, que son otro dato en una planilla de Excel”, añade.

El subsecretario (s) de Prevención del Delito, Fernando Salamé, dice a El Desconcierto que el Gobierno ha estado «acompañando a las víctimas” y señala como ejemplo el programa de apoyo impulsado por su subsecretaría y que entrega “reparación psicológica, apoyo jurídico y social a las familias y sus cercanos». Según Salamé, desde ese espacio se entregó “contención” en los casos de Yasna, Xhiomara y Baltazar. Consultadas por este apoyo, las mamás de las dos jóvenes reclamaron mayor acompañamiento de parte del Estado.

Pocos avances en las medidas

Desde octubre de 2019 el Senado tiene en cola el proyecto de Ley de Control de Armas, una iniciativa que prácticamente no ha avanzado en su tramitación. Si bien desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, Salamé asegura que el gobierno está trabajando en esa nueva ley marco, parlamentarios de oposición señalaron al Gobierno como responsable de este atraso.

El proyecto pretende incrementar los requisitos para quienes reciben una licencia de porte de armas e incidir en la trazabilidad de la munición, es decir, crear una especie de “banco de ADN balístico” donde queden almacenados los datos de una arma. “Esa base de datos de huellas balísticas podría dar respuesta al tema de las balas perdidas”, asegura Héctor Casanova, director del Departamento de Balística y Explosivos del Colegio de Criminalistas de Chile. Hasta hoy no se puede hacer una prueba a la munición para saber de qué arma procede, dice el experto. Para él, es indispensable, también, avanzar en el control de las municiones: “Las armas de fuego pierden la capacidad letal sin munición. Si cortamos ese suministro a la delincuencia, no podrán ocupar las armas”, precisa.

La anterior, es una propuesta que también recoge la alcaldesa de La Pintana: “Desde el 2019 vengo planteando el marcaje de las municiones como algo básico para permitir la trazabilidad”, indica. Según cifras del Ministerio del Interior, en Chile existen 700 mil armas privadas y 800 mil del Estado. El 60% de las armas incautadas cuentan con municiones inscritas, pero más del 30% se encuentran perdidas, robadas o asociadas a personas que han fallecido.

Claudia Pizarro subraya la necesidad de buscar una solución “multidimensional”. En este sentido, recuerda que hace tres años su gobierno local presentó al Ejecutivo un plan “integral, concreto y detallado” para recuperar la zona de El Castillo, “la más compleja de la comuna”. El plan beneficiaba a cerca de 40 mil personas, pero –asegura– nunca obtuvieron respuesta. “Es lamentable decir esto, pero no se destinan los mismos recursos para una balacera en Las Condes o el sector oriente de Santiago, que para la periferia”, concluye. Es esa la misma idea que expresan y denuncian las familias de Xhiomara, Yasna y Dilan.

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