DATOS | Las claves que definirán la participación electoral del año en que todo se juega en las urnas

Han pasado más de 30 años desde que el pueblo chileno decidió en las urnas apartar al dictador Augusto Pinochet del poder. El plebiscito del 5 de octubre de 1988 abrió una nueva etapa en Chile, la de la transición, que se selló en 2020 con la celebración de otro referéndum que permitirá enterrar la herencia de la dictadura.

Se acabó un ciclo, una etapa histórica, según reconocen analistas y expertos, marcada por la desigualdad instalada por el modelo neoliberal impuesto por la dictadura. «El Chile actual proviene de la fertilidad de un ménage a trois, la materialización de la cópula incesante entre militares, intelectuales neoliberales y empresarios nacionales o transnacionales», en palabras del sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Tomás Moulian.

El aplastante triunfo de la opción «Apruebo» ha dado paso a un proceso constituyente para dejar atrás el legado pinochetista y su modelo político, social y económico. El estallido social empujó a la clase política a abrir un momento fundacional que permita debatir sobre el futuro del país. Una discusión que ponga en cuestión la estructura completa.

Participación estancada

Los resultados de los plebiscitos que marcan el inicio y el final de la transición ponen de manifiesto la realidad de dos momentos históricos diferentes, difícilmente comparables, pero a los que se puede dar una lectura contextualizada. En 1988 fueron mucho más ajustados, con un margen muy estrecho entre las opciones «Sí» y «No», mientras que en 2020 el triunfo del «Apruebo» fue apabullante en prácticamente todo el territorio.

«En 1988 estábamos en dictadura y en esa votación la derecha puso en práctica el clientelismo político, ofrecer cosas a cambio de votar al ‘Sí’, había una coacción muy fuerte hacia los electores y mucho miedo. Muchos pensaban que antes de que siguieran matando gente, era mejor darle espacio a la dictadura para que se prolongara y muriera naturalmente», explica la politóloga Javiera Arce. «En 2020 ha habido represión y violación de los derechos humanos, pero no vivimos en una dictadura. Incluso ha habido personas de derecha a favor del cambio constitucional. El escenario no es comparable en este sentido, pero sí considerando que es la segunda vez en 30 y tantos años que se le pregunta a la gente a través de un mecanismo de democracia directa y consulta ciudadana», añade.

El paso de la dictadura se percibe también más fuertemente en el sur del país, una zona rural y tradicionalmente más conservadora, donde en varios territorios como La Araucanía y Los Lagos, se impuso el ‘Sí’. «Es parte de una trayectoria larga que mantiene vínculos entre sectores conservadores de la política y grupos económicos en la ruralidad», sostiene el historiador y experto en Ciencia Política Claudio Fuentes.

El decano de la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, explica que «el sur, desde Maule hacia abajo, era la zona del latifundio y las grandes propiedades agrícolas y ha persistido durante mucho tiempo la lógica del dueño del hacendado que hacía votar a sus trabajadores de la misma manera que él». A continuación, en La Araucanía, continúa el experto, hay una zona de conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, de disputa por las tierras: «Los propietarios se sienten amenazados y por eso suelen votar por gente de derecha».

Un factor que no puede pasar por alto en el análisis de la participación electoral entre estos dos momentos es que hasta 2012 el voto fue (semi) obligatorio en Chile, con previa inscripción voluntaria para poder participar. «Fueron las reglas del juego que logró instalar la oposición de 1988», apunta Arce. Una vez inscrito en el servicio electoral, el votante tenía que sufragar de forma obligatoria, si no se exponía a una multa. Pero ese año, los inscritos respondieron masivamente a las urnas porque la participación alcanzó el 97,6%, con 7,2 millones de votantes.

«El 1988 tuvo un componente épico. Suponía poner fin a una dictadura y eso movilizó a mucha más gente que en cualquier elección posterior. Fue un hecho inédito, en el que se inscribió un 91% de los electores poder votar», recuerda Moreno. En el referéndum de 2020, ya con el voto voluntario más que instaurado, la participación quedó en el 50,9%, con un total de 7,5 millones de votantes, no muy superior al de hace 30 años.

Si bien el padrón electoral aumenta exponencialmente a partir de 2012, cuando se implementa el voto voluntario, que pasa a inscribir automáticamente al registro electoral a los mayores de 18 años, la cantidad de votos se mantiene en torno a los más de 7 millones de electores. «Vota la misma gente de siempre, los más mayores, salvo en este plebiscito», indica Javiera Arce.

«Hay una teoría que plantea que en coyunturas críticas, fundacionales, se producen momentos electorales que marcan identidades electorales, comportamientos. El plebiscito del 88 generó un habitus en la gente, fue un momento demarcatorio en la trayectoria personal e individual de algunas personas, e hizo que se mantuvieran en el tiempo votando, porque valoran el ejercicio como momento fundante o crítico», expone Claudio Fuentes. «Eso dejó de pasar a lo largo de los años, por lo tanto, muchas generaciones que no se inscribieron [al servicio electoral] al principio de la transición se marginaron de la política y dejaron de percibir la participación electoral como relevante para sus vidas y para la sociedad», añade. En su opinión, este análisis responde a un factor generacional que apunta a los jóvenes como el sector menos interesado en la política.

«Cuando se promueve el voto voluntario se pensó que al registrar a los jóvenes automáticamente a los 18 años para ir a votar se podían generar estímulos para promover el voto, pero eso no fue así: la gente se registró automáticamente pero dejó de ir a votar», sostiene Fuentes. En su libro ¿Cuándo se jodió Chile? Memorias para la democracia recuerda este episodio: «En el año 2015, la presidenta Bachelet sostuvo: ‘Cuando apoyé el voto voluntario fue porque estaba segura de que los chilenos teníamos un espíritu cívico más alto […] Me equivoqué’. Chile se jodió cuando el voto voluntario redujo la política a un simple acarreo de unos pocos votantes», escribe el historiador.

En opinión de Arce, «la participación electoral es baja porque la oferta también es baja». La politóloga critica que los partidos «no han hecho nada» para incentivar la el voto y que este modelo de participación electoral «restringida» les ha permitido «conservar el poder para que sean siempre los mismos los que van a votar por los mismos».

Participación y tendencia política

Desde el inicio de la transición, el sistema político chileno se ha caracterizado por un bipartidismo entre la centro-izquierda y la derecha que ha gobernado en alternancia, sobre todo, en la última década.

«El dominio de la Concertación [coalición socialdemócrata] y la Alianza [coalición de derecha] se deriva de la restricciones creadas por el sistema binominal [se eligen dos cargos por circunscripción o distrito]. Esas mismas limitaciones pueden hacer que los partidos individuales sean menos relevantes para la competencia política y la lealtad de los votantes que los grandes pactos electorales en los que los partidos se han unido desde transición a la democracia», afirman Juan Pablo Luna y David Altman en la investigación Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization. Los autores concluyen que «las raíces sociales del sistema chileno se ha debilitado significativamente en los últimos tiempos». Según su estudio, la pérdida de significado e importancia de las corrientes ideológicas ha ido acompañado de un aumento del rechazo a identificarse con cualquiera de ellas. Existe, dicen, «una disminución de las raíces partidistas en la sociedad y un debilitamiento de la legitimidad de las organizaciones partidistas como instituciones». 

A pesar de que tanto en 2009 como en 2015 aparece otra opción electoral distinta que toma fuerza en las presidenciales, en ambos casos de tendencia de izquierda, la participación no aumenta y tanto en 2009 como en 2015 estas opciones alcanzan un 20% de votos volátiles respecto a comicios anteriores. «Es la misma participación electoral, pero los que votan habitualmente cambian las preferencias y eligen a una nueva fuerza política; hay pocos nuevos electores, pero esto se rompe en el plebiscito del 2020», sostiene Javiera Arce.

Cuando se contraponen los datos de participación con los de la tendencia o color político se hace evidente que no existe una correlación entre ambos indicadores. Más bien se mantienen ambos de forma sostenida en cada región y durante cada convocatoria electoral.

Plebiscitos vs presidenciales

Los plebiscitos suelen ser mucho más convocantes que una elección regular, por un partido o por persona. En los dos referéndums, en general, la participación ha sido superior que en los comicios anteriores o posteriores. «En el plebiscito se vota por un proyecto o por un cambio y eso es más movilizador, sobre todo cuando hay una crisis profunda como la que se vive hoy en Chile, con una profunda crisis de la representación», sostiene Marco Moreno.   

Las zonas del sur del país, pero, se desmarcan de esta tendencia, y registran menos participación tanto en los plebiscitos respecto a otras elecciones presidenciales como en evolución de los resultados de las elecciones presidenciales entre sí. El legado latifundista y el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche son algunas de las razones que lo explican, como se ha dicho. Pero también una presencia militar más acentuada en ese territorio. «En Aysén, por ejemplo, había mucha población militar tanto por ser una zona geoestratégica, de defensa de esos territorios, como por ser una zona aislada que requería de esa protección. También hay militares que hicieron las labores de trabajo, como la construcción de la carretera Austral, y algo de eso persistió», argumenta Marco Moreno. 

La realidad es distinta en el norte, con una tradición mucho más anclada a la izquierda, que Arce detalla así: «Allí hay la herencia de las salitreras, hubo un movimiento obrero muy fuerte, el desarrollo del Partido Comunista parte en el norte, en Iquique; o, por ejemplo, las feministas en ese tiempo también invitaron a Belén de Sárraga».

En el análisis detallado por sexos, llama la atención que prácticamente no existe diferencia en la participación entre hombres y mujeres, ni en el total ni, en general, por regiones, lo que refuerza la tesis de la participación estable e inmóvil. Al menos, hasta 2020.

El análisis de datos más acotado en el tiempo muestra un aumento general de 4 puntos entre las últimas elecciones presidenciales (primera vuelta) y el plebiscito de octubre de 2020. En la Región Metropolitana y Antofagasta, en el norte, esa diferencia se multiplica por dos, hasta llegar a los 8 puntos. «Son sectores más urbanos, que sufrieron mayor represión de las fuerzas policiales durante el estallido social de octubre», comenta la politóloga.

Aunque no se ha hecho público desglose de votantes del referéndum constitucional por edad y sexo, ya se ha constatado un aumento del voto joven en las zonas urbanas. «En octubre vimos que por miedo al contagio del coronavirus, dejó de votar gente mayor que lo hacía tradicionalmente, los que tienen más vocación de participar y que ha votado sistemáticamente desde el 1988; en cambio, ingresaron los jóvenes, votantes primerizos y gente que quizás había votado ocasionalmente, pero no por sistema», añade el decano de la Universidad Central. «Hubo un recambio de electores, pero está por ver si estos jóvenes van a votar de nuevo en las próximas elecciones presidenciales (2021); eso dependerá mucho de la oferta electoral», opina Arce. Según ella, la participación electoral será muy parecida a la anterior al 2017, pero hay una diferencia: «La ciudadanía ahora está mucho más alerta y enojada, y la protesta social puede durar hasta los dos años que se alargará el proceso constituyente». 

Claudio Fuentes también cree que es difícil que esa tendencia al alza se mantenga, porque un plebiscito genera mayor participación que otro tipo de elecciones, como las que se celebrarán en cuatro meses para elegir a los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna o las presidenciales de 2021. «Estimo que en abril va a haber una tendencia a la baja en la participación y va a estar seguramente un poco por debajo del 50%», dice. En cambio Marco Moreno considera que se puede producir «un efecto tendencial» de participación parecida o algo mayor a la del plebiscito de octubre, si las condiciones sanitarias lo permiten. «La teoría dice que cuando hay una elección se produce un efecto inercial y, probablemente, la gente que fue a votar en octubre lo haga también en abril, porque te motivaste por ir a votar y te gustó la experiencia porque decidiste cosas importantes», precisa. 

Participación en clave de género

Bajo el sistema de voto obligatorio, el voto de hombres y mujeres fue similar, aunque ligeramente superior para las mujeres. Sin embargo, tras la ley de voto voluntario de 2012, las mujeres aumentaron su participación de forma considerable respecto de los hombres.

La historiadora e investigadora de la Fundación Sol Andrea Sato apunta que la participación política de las mujeres a partir de los años 80 está muy vinculada a los centros de madre y organizaciones de derechos humanos que han sido lideradas por mujeres hasta hoy. “La persecución política en la dictadura se enfocó mucho (aunque no solo) en los varones, por tanto, muchas veces sus madres, esposas e hijas eran quienes empezaban con el proceso de politización en la defensa de los derechos humanos”, señala. Las que pertenecían a los sectores de derecha y de clase acomodada, explica, se vincularon con la organización CEMA Chile, presidida hasta 2016 por Lucía Hiriart, viuda de Pinochet. Esta fue, dice, la forma como las mujeres “salieron a hacer política” al final de la dictadura. En ambos sectores, “hay un proceso de politización que no es incipiente”, afirma Sato.

Con el retorno a la democracia, a partir de 1989, se recupera el sufragio y con ello se abre otro espacio de participación política “menos exigente que la militancia política, que para muchas suponía casi una tercera jornada laboral, además de la carga de trabajo dentro y fuera de los hogares”, precisa la historiadora.

Los académicos de la Universidad de Talca Paulo Cox y Mauricio Morales han estudiado la brecha de género en la participación electoral de 1988 hasta 2017 y concluyeron que parte de ese aumento se debe a las mujeres de menos de 40 años, que votan entre un 20 y un 25% más que los hombres de su misma edad. Hay que considerar que el padrón electoral femenino en algunas convocatorias electorales ha llegado a superar los 400.000 votantes respecto a los hombres, pero, según los expertos, además de sera más, las mujeres tienen una participación más activa.

En la primera vuelta de la elección presidencial de 2017, “las menores de 40 años representan proporcionalmente un grupo más pequeño de la población femenina (40%), en comparación con sus pares del grupo más longevo (60%); aún así aportan la mitad de los mayores votos que el grupo más longevo por efecto puro de participación”, resolvió Cox en la presentación virtual de su trabajo. La brecha es más alta entre las mujeres y hombres jóvenes, pero va disminuyendo con la edad, y sobre los 70 años se invierte a favor de los hombres.

Con la llegada de la cuarta ola feminista, que en Chile se empezó a originar en 2015, proliferaron los espacios de participación política sociales, populares y territoriales. Expresiones como la movilización estudiantil feminista que paralizó durante más de dos meses las universidades del país, el rol del feminismo en el estallido social de octubre con la representación de “Un violador en tu camino” de LasTesis o la aprobación de la paridad en el proceso constituyente, son algunos de los hitos de este período. Sin embargo, “está por ver si esta participación política de las mujeres desemboca en un aumento de la participación electoral femenina, por ejemplo en el plebiscito de 2020”, advierte Andrea Sato.

A la espera de que el Servel publique esos datos en los próximos meses, lo cierto es que en Chile “hay un proceso de politización ascendente desde 2006 hasta 2019 que convive con una disminución electoral porque los mecanismos, estrategias y prácticas de los sectores más populares que entran en la política no devienen en participación electoral o militancia de partido por la gran desconfianza que genera hoy la política tradicional”, reflexiona Sato.

El informe del PNUD Diez Años de Auditoría a la Democracia: Antes del Estallido sostiene también esa idea: “A partir de la “revolución [estudiantil] pingüina” (2006) se observa una creciente politización de la sociedad chilena. Hoy no solo más personas sienten que tienen cosas que decir, sino que, desde 2008 en adelante, más personas participan en acciones políticas diversas y ha aumentado la aceptación normativa de distintos tipos de acción política, incluidas aquellas de carácter disruptivo, como bloqueos de calles y tomas”. El texto identifica dos características básicas de esta politización: “ocurre al margen de la política institucional –de hecho, aumenta mientras decrece la participación electoral, especialmente tras la introducción del voto voluntario– y coexiste con una escasa asociatividad o pertenencia a organizaciones sociales, lo que le confiere un carácter desarticulado”.

Territorio y clase social

El proceso de politización que experimenta Chile, apartado o incluso contrario a la institucionalidad (Congreso, Tribunales de Justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc.), tiene su artista socioeconómica. “La repolitización no es un fenómeno transversal, sino que se concentra en grupos específicos de la sociedad. Por ello la desigualdad política es otro de sus atributos centrales”, se lee en el informe del PNUD. Ésta refuerza la desigualdad socioeconómica y da lugar a un mapa en el que converge el voto, la clase social y el territorio.

El arquitecto Francisco Vergara Perucich, doctor en Filosofía en Desarrollo y Planificación y director del Centro Producción del Espacio de la Universidad de las Américas (UDLA) ha mapeado, junto con su equipo, la participación electoral del plebiscito comuna por comuna en Chile. Sus gráficos correspondientes a la Región Metropolitana revelan que las tres únicas comunas donde ganó la opción de rechazar la nueva Constitución (Las Condes, Vitacura y Lo Barnecha) corresponden a la zona más acomodada del área Metropolitana. Si bien son tres zonas que registran alta participación, son casi las únicas del Gran Santiago que pierden votantes respecto a elecciones anteriores.

La correlación siguiente muestra, a través del cruce del indicador de pobreza multidimensional del año 2017 y de la diferencia (en porcentaje) en la participación política entre las presidenciales de 2017 y el plebiscito de 2020, como las comunas o distritos más vulnerables (Lo Espejo, Huechuraba, Cerrillos, Conchalí y San Ramón) son los que, por norma general, registran un mayor aumento de la participación electoral. “En estas comunas de menores ingresos hay un hastío con el modelo actual y ven la oportunidad, una esperanza de cambiarlo a través de la votación como un primer paso hacia las transformaciones”, argumenta Vergara. Según él, se trata de zonas que durante el estallido social y la pandemia “han sido dejadas de lado por parte del Estado, por lo que han vivido un resurgimiento de la vida común por la necesidad de reactivar redes de solidaridad. Se ha activado mucho el trabajo de base ahí y quizás eso se reflejó en el aumento de la participación del plebiscito”.

En cambio, los más acomodados o reducen su participación o si la aumentan, es en un porcentaje considerablemente menor, como el caso de Providencia, Las Condes, La Reina, Vitacura y Ñuñoa. Todas ellas pertenecientes a la zona oriente de la Región Metropolitana, donde se concentra la clase pudiente de la capital.

La evolución de la participación desde las elecciones presidenciales de 2013 hasta el plebiscito de 2020 refleja como en los distritos más empobrecidos la tendencia a las bajas cifras de votación se rompió en octubre de 2020 (excepto en las dos comunas rurales). En cambio, disminuye en las tres zonas del sector oriente de la capital.

“Los guetos de altos ingresos son un fenómeno que califican como un enclave o espacio aparentemente autónomo, que se aísla y produce relaciones sociales internas, sin necesidad de relacionarse con el entorno humano externo”, cuenta el experto. En su opinión, el cono oriente “obedece a un conjunto de sistemas y servicios que se basan en colegios, universidades, circuitos laborales y relaciones familiares que va entrelazándose por un tiempo sostenido de más de 50 años”. Si bien la dinámica es propia de la guetización, sin relación con otras clases sociales ni con el resto de la ciudad, sí que se alimentan del resto de la metropoli: “Dependen económicamente de las personas que van a trabajar a este sector, de los productos que se importan desde las otras zonas de la ciudad y del país y de la economía que generan los trabajadores que no viven en este sector”, añade.

El arquitecto Miguel Lawner, director de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante el gobierno de Salvador Allende, recuerda fue a partir de los años 50 cuando promotores inmobiliarios incentivaron el desarrollo en el sector oriental de la capital porque “está a los pies de la cordillera y domina todo el valle central”. Pero, dice, eso convivió con unas políticas públicas que “apostaban por entregar vivienda social a los sectores con menos recursos en zonas que variaban según la demanda de la población, no en la periferia”. La dictadura revirtió este enfoque: “La vivienda social se transformó en una mercancía”, asevera. Y reitera: “Las políticas públicas de vivienda propiciaron que los sectores con menos recursos se instalaran en la periferia porque fue lo que la iniciativa privada les ofreció”. Y así se ha mantenido hasta hoy. Lawner considera que la marginalidad urbana tiene efectos sobre el comportamiento político de las personas: “Se llega a una despreocupación de la política porque se sienten marginados por el propio Estado”.

Si se amplía el foco al conjunto del país, la correlación no responde a la misma tendencia. Por una parte, hay zonas empobrecidas que disminuyeron mucho su participación electoral, como Lonquimay, Galvarino o Saavedra, todas ellas situadas en La Araucanía. Se trata de zonas rurales marcadas por el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. “Para los habitantes de esta zona, la credibilidad sobre el modelo político existente se ha degradado y eso termina representándose en una baja participación electoral”, considera Francisco Vergara. La reducción de voto en los sectores rurales es generalizada, también ocurre en la Región Metropolitana, en las comunas de San Pedro de Melipilla y María Pinto. “El estallido social no llegó a las áreas rurales y eso tiene que ver con las políticas centralistas y orientadas al mundo urbano, que es donde está el gran capital reproduciéndose”, sostiene el arquitecto. “En estos territorios tienen que lidiar con conflictos que no han aparecido con tanta fuerza en las demandas de la movilización social del año pasado, como el derecho al agua, la contaminación, el acceso al suelo y a la vivienda”, agrega.

Este 2021 Chile se convertirá en un laboratorio electoral en el que la participación política podrá ser analizada desde múltiples perspectivas. Se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores regionales, parlamentarios, presidente y miembros de la Asamblea Constituyente. Todo un desafío para partidos, órganos electorales y para la ciudadanía. Lo que ocurra en abril y noviembre, meses en los que se elegirán todos estos cargos, será clave para tomar la temperatura, con bastante exactitud, de la intensidad del vínculo entre el comportamiento electoral y la sociedad chilena. Si los cambios que se espera que provoque el proceso constituyente toman fuerza, la tendencia de voto de la ciudadanía, hasta ahora poco comprometida, podría cambiar y marcar un punto de inflexión para la nueva etapa histórica.

*Este reportaje ha sido elaborado en el marco del Trabajo Final (TFM) del Magíster Universitario en Periodismo y Comunicación Digital de Datos y Nuevas Narrativas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).