quema furgón policial | / Agencia Uno
En entrevista con El Desconcierto, Fernando Monsalve, defensor de Nicolás Piña, apunta la tesis de agentes infiltrados implicados en el caso de la quema del vehículo policial que fue incendiado durante las protestas del viernes 12 de febrero. Comenta cómo avanza la causa y cómo se encuentra el joven que desde el sábado 13 del mes pasado está privado de libertad en Santiago 1.
Las imágenes de un furgón de Carabineros en llamas en medio de las manifestaciones que cada viernes se llevan a cabo en Plaza Baquedano, también conocida desde el 18 de octubre de 2019 como Plaza Dignidad, y sus alrededores, inundaron las redes sociales el viernes 12 de febrero. Con rapidez, llegaron a los medios y canales de televisión y, en cuestión de minutos, empezaron las reacciones de la ciudadanía y la clase política. La repercusión se estiró durante todo el fin de semana, pero pocos detalles trascendieron sobre el episodio.
Se supo que los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Pío Nono y Dardignac y que la policía detuvo a Nicolás Piña, un joven de 34 años, ingeniero de profesión, y que fue formalizado por homicidio en grado frustrado, lanzamiento de artefacto incendiario y hurto. Tras la audiencia, quedó en prisión preventiva en el recinto penitenciario Santiago 1.
El balance de ese día, según el general de Carabineros jefe de la RM, Jean Camus, fue de 32 carabineros lesionados, dos de ellos graves, y 45 detenidos de los cuales tres fueron por porte de artefactos incendiarios. Además de Piña, fueron arrestados los hermanos Victor y Ricardo Villegas. La policía cifró en 500 los manifestantes ese día.
“Creemos que hay una tercera persona implicada, que todo indica que podría ser un funcionario de Carabineros o algún infiltrado”. Con estas palabras, el abogado Fernando Monsalve define una de las principales líneas de la defensa de Nicolás Piña. “Existe la participación de, al menos, una persona diversa en lo que están imputando a Nicolás y esta persona podría tener un rol fundamental en los hechos; tenemos la certeza absoluta de que no es Nicolás», agrega.
El defensor insiste en que una de las aristas para demostrar la inocencia del ingeniero es «dilucidar el rol que tendría una persona que reviste todas las características que se han imputado a Nicolás en cuanto a vestimenta o ubicación y que no sería un luchador social, sino un agente de los aparatos represivos del Estado”.
Ahí se ve quien lleva la molotov.
Ojalá te pueda servir. pic.twitter.com/OfkvYQieBH— Pato Cisne (@Pavisant) February 13, 2021
Monsalve, abogado de otros jóvenes detenidos en el marco de las protestas sociales, como el menor del caso Puente Pío Nono, recuerda que “a día de hoy es reconocida la existencia de infiltrados en estas manifestaciones” y pone énfasis en que “una cosa es tener infiltrados que estén vigilando –y se ha discutido que la Ley de Inteligencia lo permite– y otra es tener infiltrados que causan los desmanes, que los originan y que dichos hechos se imputen a personas diversas a quienes realmente los cometieron”. Y añade: “Hay que dilucidar quiénes son y qué participación tienen”.
(Video descargado del sitio https://radioliberacionprimeralinea.net/)
Hace unas semanas salieron a la luz diversos videos que mostraban que agentes policiales inflitrados –conocidos como equipo Intra Marchas de Carabineros– habrían incitado a al menos un manifestante a incendiar la Universidad Pedro de Valdivia, según denunció la defensa del joven condenado por este caso.
Monsalve ha solicitado algunas diligencias, como ciertas cámaras de videovigilancia colocadas en lugares aledaños “para tener claridad de quiénes participaron de estos hechos y demostrar la inocencia (de Nicolás Piña) y desvirtuar los cargos que se le imputan”. También cuenta con testimonios –que todavía no ha presentado porque espera «un momento importante para nosotros”– que dan cuenta del lugar en que se encontraba el joven.
Nicolás Piña es ingeniero en prevención de riesgos y a eso se dedicaba hasta su detención. Reside en la comuna de Renca y no tiene antecedentes penales. “Es una persona con consciencia política y social y con claridad de lo injusto que es este sistema. Eso le ha servido para tener una tranquilidad, dentro de lo que se puede, estando privado de libertad”, explica Monsalve. El abogado, que dice que su caso recuerda al de Roberto Campos, el profesor que saltó el torniquete, agrega que Piña “participaba constantemente de las manifestaciones sociales y del ejercicio de su derecho a protesta”.
Tras su arresto, que tuvo lugar en Recoleta, su madre denunció a través de Twitter que la forma como fue detenido su hijo y que ella presenció, “fue ilegal”. Al respecto, Monsalve explica que fue detenido por civiles, sin lectura de sus derechos y que “la madre fue tratada de una forma violenta”.
A cargo del caso está la persecutora de la Fiscalía Poniente Pamela Contreras Matus quien, de entrada, ha planteado el caso de forma, al menos, cuestionable. En el registro interno de la Fiscalía se ha denominado el caso como “Matar a carabinero en ejercicio de sus funciones” (por el artículo 416 del Código de Justicia Militar), una terminología que “no es jurídica ni menos se mató a alguien”, critica Monsalve.
A cargo de la formalización estuvieron las fiscales Sarah Hughes y Macarena Cañas, ambas de la jurisdicción metropolitana Centro Norte. Hughes determinó que el imputado “incendió completamente el habitáculo del conductor” y que lo hizo «con el claro propósito de dar muerte a algún funcionario”. Cañas reiteró el dolo del imputado. La Fiscalía Centro Norte expuso que, el mismo día que Nicolás, el sábado 13 de febrero, fueron formalizados los hermanos Villegas por el lanzamiento de bombas molotov y que también quedaron en prisión preventiva. El Ministerio de Interior se ha querellado contra los tres. La madre del carabinero que resultó lesionado por el impacto de los objetos incendiarios en su rostro también se ha querellado contra quienes resulten responsables del delito.
Monsalve planea ahora estudiar los antecedentes que permitan analizar la solicitud de la revocación o el cambio de prisión preventiva a otra medida cautelar. Si bien el juez estableció un período de 60 días para la investigación, según el abogado, el plazo se extenderá por 60 o 90 días más, por lo que se prevé un recorrido largo hasta los primeros avances: “Es propio de estas causas que se vayan alargando”, concluye.
