Jaime Bassa | Agencia Uno
Posiblemente, dice el abogado constitucionalista y candidato a la Convención Constituyente por el distrito 7, este ha sido el comité político más débil de un gobierno en los últimos años, que ha llevado a hundir al mandatario, como se ha visto en esta tensa pasada del tercer retiro. No solo eso. Cree que no hay que perder de vista a Cristián Larroulet, que representa los sectores más dogmáticos y conservadores de la derecha, y su “mal asesoramiento” a Piñera. Sobre esto y su propuesta de un nuevo sistema de justicia constitucional, profundiza en esta entrevista con El Desconcierto.
La voltereta del gobierno en menos de 24 horas por el tercer retiro dejó varios coletazos: el respaldo ciudadano y político del presidente en la cuerda floja, el propio oficialismo criticando mal asesoramiento en La Moneda y la oposición pidiendo “enmendar el rumbo” en los últimos meses de su gobierno.
Así las cosas, el cambiante escenario de estos días deja un vacío que, para el abogado constitucionalista y candidato a la Convención Constituyente, Jaime Bassa, no se resuelve con una política de contingencia como esta, sino con un cambio de fondo al sistema de pensiones. «La propuesta no es seria», sostiene.
Y no tiene dudas, comenta a El Desconcierto, en que este episodio, así como el deficiente manejo de la pandemia y, antes, del estallido social, van a tener repercusiones en las próximas elecciones para la coalición oficialista, por la «tozudez y la improvisación» que han demostrado.
Ha sido una voltereta del gobierno que a última hora decide promulgar el proyecto aprobado por el Congreso. ¿Se vio acorralado el gobierno?
Estamos ante un escenario bien particular y cambiante que está caracterizado particularmente porque el gobierno no solamente tiene minoría en ambas Cámaras, sino que en todas las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Eso es muy importante de considerar porque este ha sido un gobierno que ha llamado mucho al diálogo y a la unidad, pero ha tenido una práctica política más bien de confrontaciones con el Congreso. Esa confrontación, esa forma adversarial que ha tenido el Presidente lo ha dejado en una posición aislada y solitaria. Es un gobierno no solamente de minoría, sino que ha perdido el apoyo de parlamentarios y parlamentarias que han terminado votando en varias ocasiones con la oposición. Eso es lo que explica que se haya aprobado este tercer retiro de fondos previsionales porque en cuanto al quórum necesita votos del oficialismo. El Presidente se encuentra en una situación bastante compleja. Ahora, además, ha perdido la última línea de la defensa de los gobiernos de derecha que era el Tribunal Constitucional.
-Se ha dicho que Piñera está gobernando más solo que nunca. ¿Compartes esa apreciación?
La comparto y creo, además, dice mucho de un jefe, de un líder, el tipo de colaboradores que tiene y probablemente el comité político sea el más débil que hemos tenido en los últimos 30 años. Me atrevería a decir que nunca un presidente había tenido ministros tan débiles políticamente, pasando por Interior, Segpres, Segegbob y hasta Hacienda. Eso dice mucho del tipo de liderazgo que ejerce Sebastián Piñera, que pareciera escuchar poco y dar poder a personas que no significan mayor contrapeso. Recordemos que el ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, fue su primo-hermano. Entonces, esa soledad se debe mucho a los liderazgos que tiene.
-Sobre esto, parlamentarios oficialistas han apuntado directamente a Larroulet, pidiendo, incluso, su renuncia por mal asesoramiento a Piñera…
Sí, es importante considerar el rol que ha cumplido Cristián Larroulet, muchos lo sindican como el responsable de esa política tan adversarial que llevó al gobierno a esta posición de soledad. Aparentemente ha sido importante este factor, porque representa posiblemente a los factores más dogmáticos y conservadores de la derecha chilena, muy anti izquierda, en general, muy bueno para llamar al diálogo, pero malo para dialogar. Eso ha puesto al gobierno en una encrucijada muy compleja. Por ejemplo, ayer se conoció la decisión de la TC respecto al requerimiento, pero el Presidente se apresuró en promulgar la ley y yo creo que ese es un punto importante en los malos consejos que está recibiendo. Independiente del fallo del TC respecto al 10%, hay errores en el requerimiento que solo se justifica que se rechace su admisión solo después de ser subsanados. Para eso el Ejecutivo tiene plazos y decidió renunciar a él y no se sabe muy bien por qué.
– El ministro Iván Aróstica sostuvo que «el punto central no es quién hace la ley, sino que tiene que hacerse para solucionar los problemas de la gente». ¿Qué te pareció?
Mira, el TC siempre cumple un papel más o menos político, en el sentido que toman decisiones en la forma en que la Constitución regula el ejercicio del poder. Por lo tanto, cada vez que toma una decisión para respaldar o polemizar una decisión del Congreso o Presidente de alguna manera está formando parte de esa red de relaciones de poder que caracteriza al Estado. El problema es que a partir de lo que vimos ayer, de las declaraciones anticipadas de Aróstica, pero también de la práctica institucional que ha ido mostrando el TC en los últimos cuatro o cinco años. Estamos viendo una forma de tomar decisiones muy politizada, que no entra al fondo de la discusión propiamente jurídica que está en disputa. Ha pasado previamente, por ejemplo, cuando el TC ha evaluado el mérito de políticas públicas a propósito del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo o el proyecto que ampliaba las facultades del Sernac (Servicio Nacional del Consumidor).
Lo que pasó también ayer es que el ministro Aróstica adelanta lo que será su decisión. Primero, abre la puerta muy evidentemente para que el TC comience a considerar el mérito político de las políticas públicas impulsadas por el Presidente, es decir, no le preocupa tanto la constitucionalidad, sino que esta ayuda les llegue a las personas. Eso es algo que no le compete al TC, más allá de si está de acuerdo o no con el resultado final. Uno esperaría una declaración como esa del ministro de Hacienda o del jefe de bancada de la cámara o del Senado, no de un ministro del TC. El otro factor extralegal que ha estado rondando esto, son los propios problemas internos que tiene el TC. Hay sumarios en curso por acoso laboral, maltratos, las oficinas han sido allanadas recientemente. Hay una tensión evidente entre la presidente y quienes se conocen como los ministros del “VAR”, Vásquez, Aróstica y Romero, los más conservadores del TC. Se ha especulado mucho en la prensa que esto podría ser un ajuste de cuentas entre la presidente y ellos.
-¿El factor de la ministra Brahm y esos conflictos internos cuánto influyó en esta decisión?
Es difícil tener certeza aun, porque no tenemos los argumentos que justifican las decisiones de ayer, deberían salir esta semana. Pero me parece evidente que hay un problema de convivencia al interior. Las declaraciones que dio la ministra Brahm en La Tercera hace un año atrás calentaron muchos los ánimos entre otras cosas porque la propia ministra, presidenta del TC, reconoció que estaba operando como una tercera Cámara que está tomando decisiones políticas. Y eso se suma a la forma en que la ministra Brahm negoció, entre comillas, con los ministros y ministras de oposición para asumir como presidenta del TC. Eso generó un malestar importante entre estos ministros conocidos como del “VAR”, que son los tres que cambiaron su parecer y se sumaron a la mayoría en la decisión de ayer. La correlación de fuerzas políticas al interior del TC favorece al oficialismo en una relación de seis a cuatro. Y la decisión de ayer fue siete a tres, es decir, estos tres ministros pasaron a sumarse a esos cuatro. Eso creo que se explica muchísimo por los problemas internos.
¿Qué te pareció el proyecto que se promulgó? ¿Qué aspectos quedan abiertos a debate?
El tercer retiro que se aprobó viene con las mismas características del primero, en cuanto a límites, impuestos, etc, y la discusión que está abierta todavía es qué es lo que va a pasar con la propuesta que había anunciado el presidente ayer. Creo que ahí hay cosas importantes de considerar. Primero, que hay una parte importante de la población que no tienen fondos y esas cuentas individuales hoy están en cero y no hay una propuesta seria y coherente, no hay una propuesta que permita garantizar el derecho al ejercicio de la seguridad social de esas personas. El foco acá es importante porque cuando hablamos de la recuperación de los fondos, lo que está en entrelínea es cómo contribuir para que las AFP recuperen el capital perdido, o la liquidez, pero lo que está realmente en el fondo del debate, y que creo que no ha estado presente, es el derecho por la seguridad social y cómo garantizamos que tengan realmente pensiones dignas. No está en esta propuesta y no se resuelve con bonos de 200 mil pesos o por cotizaciones previsionales de 1 o 2%, porque eso va a significar finalmente más plata para el sistema de AFP, pero no para la mejora de las pensiones. La discusión de fondo que vamos a tener que abordar es cuáles son las condiciones institucionales para que las personas podamos jubilar con montos cercanos a las tres últimas remuneraciones.
-Queda, entonces, como una solución de emergencia sin una política permanente integrada…
Claro, por eso generó tanto rechazo el anuncio que había hecho el Presidente en el sentido de aumentar la cotización en un 2% porque eso no va destinado a hacer frente a la emergencia, sino que es una reforma al sistema de pensiones que ha tratado de implementar por años. No hay que tomar decisiones permanentes cuando estamos en situaciones excepcionales, más bien al revés, hay que aprender de las situaciones excepcionales para comprender los límites contra las posibilidades que tengan las posibilidades actuales para mejorarlos cuando esto termine. Eso significa repensar el sistema de seguridad social y que las personas trabajadoras podamos jubilar con montos lo más cercanos a nuestras ultimas remuneraciones, hoy ni siquiera están sobre la línea de la pobreza, es un sistema muy miserable.
-¿En qué pie queda el gobierno con esto considerando además el panorama electoral?
Bueno, mañana se retoman las campaña de cara a las elecciones de mayo, muy importantes por el proceso constituyente, pero también por las elecciones de gobernadores regionales, por primera vez en la historia. Creo que el gobierno lo enfrenta muy debilitado y con poco margen para fortalecer la forma en que se ha relacionado con la ciudadanía, que ha percibido esa falta de empatía con una clase dirigente que no ha sido capaz de ponerse en los zapatos de quienes están sufriendo, principalmente, porque no tiene como conocer esa realidad social. Ese desapego estructural entre la élite y la ciudadanía que da cuenta no solamente de la crisis de legitimidad constitucional que afecta hoy, sino que también de la desafección de este gobierno con la realidad social. Eso, sin duda, lo proyecta sobre los candidatos que han sido propuestos desde el gobierno.
Lo que ha pasado con el TC habla mucho de la tozudez del Ejecutivo y la improvisación frente al desconocimiento de la realidad social, eso es estructural, lo hemos visto en el manejo de la pandemia, en el estallido social, en el «levántate más temprano», en Mañalich que no sabía de las condiciones de hacinamiento de la población. La crisis de esta semana demuestra tozudez, improvisación y desapego estructural con la realidad social, que es lo mismo que se ha venido demostrando a a largo de los tres años.
Fotografía de Agencia Uno
-Dejar un proyecto de esta envergadura, considerando las necesidades contingentes, en manos del TC vuelve a poner la discusión sobre su permanencia o no. ¿Qué debería ocurrir con el TC?
Esta discusión en particular ha sido bien compleja porque es el tercer retiro que se aprueba, pero en total se han presentado cinco proyectos de ley. El primero fue exactamente igual al que se promulgó ayer y no fue revisado por el TC. Respecto de este último sí hubo requerimiento, aunque era exactamente igual al primero. Lo interesante es que el segundo proyecto de retiro fue posible después de dos proyectos de ley distintos. Uno de ellos presentados por el Ejecutivo y otro rechazado por el TC, que era igual al primer retiro y, luego, viene este tercero. Lo que ocurre en esta combinación de proyectos de ley es que el gobierno utiliza derechamente al TC como la última línea de defensa de sus propias políticas públicas y esa es una cuestión que distorsiona la relación entre los legisladores y el TC, sino que desestabiliza el sistema democrático en su conjunto.
Lo importante es como valoramos los problemas que están ocurriendo en este momento con el tribunal para proyectarlos hacia la discusión constituyente y pensar un sistema de justicia constitucional que sea respetuoso de las competencias de los órganos del estado y que al mismo tiempo permita garantizar la supremacía constitucional. Para que eso funcione es clave entender que el tribunal no puede estar para defender un proyecto político particular, su finalidad tiene que ser la defensa del orden democrático. En ese sentido, la Constitución del 80 ha sufrido por esta crisis de legitimidad, entre otras cosas, porque es la respuesta a un proyecto político particular y el TC se ha puesto del lado de esto.
-En ese sentido, como candidato a constituyente, ¿cuál es la propuesta para transformar este organismo?
Creo que deberíamos tener un sistema de justicia constitucional que permita armonizar el control de la constitución de la ley con la protección de los derechos fundamentales. Desde mi perspectiva eso podría significar dos propuestas alternativas: primero, que ambas funciones se apliquen en tribunales ordinarios, por ejemplo, entregando a la corte suprema el control de constitucionalidad de la ley, que podría ser una sala especializada de la Corte Suprema y, en segundo lugar, entregando a un tribunal de primera instancia las competencias para proteger los derechos fundamentales. Es importante porque la mayor carga de trabajo que tiene el TC, desde la reforma del 2005 a la fecha, es el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se utiliza para defender garantías constitucionales. Esa competencia debiera bajar a los tribunales ordinarios porque son más accesibles y porque llegar ahí es más barato. En ese escenario no sería necesario el TC porque estarían distribuidos en tribunales imparciales.
La otra, viene de la mano con la discusión en torno al carácter unicameral o bicameral del Congreso Nacional. Pareciera ser un lugar común que el Congreso tiene que ser unicameral, que en principio estoy de acuerdo, pero también está la posibilidad de que el Senado cumpla funciones distintas, que no legisle, pero que cumpla con funciones de control político, de constitucionalidad, y podría funcionar para generar mecanismos más efectivos y transparentes. A mí me gusta más la primera alternativa.
