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“Muchos han dejado de ir porque no consiguen horas”: Víctimas de trauma ocular desnudan falencias del programa de reparación estatal

Por: Natalia Figueroa | Publicado: 12.05.2021
“Muchos han dejado de ir porque no consiguen horas”: Víctimas de trauma ocular desnudan falencias del programa de reparación estatal |
El Programa de Reparación Integral (PIRO), que depende del hospital El Salvador, hoy atiende a 229 pacientes, de 373 que han ingresado desde el año pasado. Durante los primeros meses de 2020, cada persona fue atendida en promedio dos veces para recibir tratamiento de especialidad oftalmológica. Esto disminuyó a la mitad durante el segundo semestre de ese año, según la subsecretaría de Redes Asistenciales. Aquí víctimas de traumas oculares, provocados por la violencia policial durante el estallido, relatan sus experiencias en el programa y los urgentes cambios que requiere para dar reparación oportuna.

Por tercera vez Albano Toro Cárdenas (42) tenía cita en abril con el especialista de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador, para ser intervenido en su ojo izquierdo impactado por un proyectil durante el estallido social. Viajó desde Iquique, después de varios controles médicos esperando mejorar la afectación al iris que le produjo una pérdida importante de visibilidad.

El día que se presentó, confiado en el equipo del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), le explicaron que la máquina anestesiadora había tenido un desperfecto, que no era posible operarlo y le reagendaron la cita para la semana siguiente. Antes, la operación ya había sido pospuesta por la falta de un insumo que debía ser pedido al extranjero. La noticia lo descolocó. “Es como si estuvieses en lista de espera para un trasplante, te encuentran un donante y en último momento te dicen que se arrepintió”, lamenta el técnico de enfermería.

Esta vez, cuando le confirmaron nuevamente la fecha, Albano fue intervenido sin problemas. De todos modos, el episodio le dejó una sensación de cierta improvisación en el programa que depende administrativamente del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Los meses siguientes a su creación, en noviembre de 2019, fue el periodo en que se requirió la mayor cantidad de intervenciones quirúrgicas. Aun así, explica Matías Vallejos Gesell, director ejecutivo de la Fundación “Los Ojos de Chile”, en ese periodo las operaciones fueron reducidas y, luego, se descontinuaron por la pandemia. “Durante el último trimestre del año pasado comenzaron a retomarse los tratamientos y las atenciones de las víctimas con cierta normalidad”, detalla.

Actualmente el programa atiende a 229 pacientes, de un total de 373 que ingresaron desde el año pasado, según contabiliza la dirección del Hospital. La Subsecretaría de Redes Asistenciales, en tanto, ha señalado que, de las atenciones del primer semestre del año pasado, el 78% se concentraron en controles de tratamiento por especialidad oftalmológica. Durante los primeros meses del año pasado, cada persona fue atendida en promedio dos veces para recibir este tratamiento. Esto, sin embargo, disminuyó a la mitad durante el segundo semestre de ese año.

Referencia: Agencia Uno

Equipo insuficiente

Natalia Aravena Contreras (26), es víctima de trauma ocular y hoy candidata constituyente por el distrito 13. Ha hecho su tratamiento a través del programa PIRO, en la UTO, en el que le instalaron una prótesis ocular y ha continuado con controles periódicos. Hace unos meses fue derivada al Instituto Chileno de Terapia Avanzada para recibir atención psicológica. Ellos se ofrecieron voluntariamente a atender a las víctimas de violencia policial del estallido. En el fondo, aclara Natalia, han suplido las falencias del propio programa por los “cuellos de botella” que se generan ante la falta de profesionales.

El equipo está conformado por dos tecnólogas médicas, una psicóloga, una trabajadora social, un protesista, un oftalmólogo y un terapeuta ocupacional. Las agrupaciones de víctimas advierten que la actual dotación de profesionales no logra cubrir integralmente las necesidades de los pacientes. “Muchos han abandonado el programa, han dejado de ir porque no consiguen horas. Muchos llegan temprano y terminan siendo atendidos a las dos de la tarde o más”, asegura Natalia Aravena.

Matías Vallejos, de la Fundación “Los Ojos de Chile”, cuenta que en las últimas reuniones, desde la dirección del Hospital, han dicho que “no tienen mayor injerencia en contrataciones por parte del programa”. En ese encuentro también les dieron a conocer los cambios que harían: “Se comprometieron que el programa tendría macrozonas, una en el sur, otra en Valparaíso, RM, con eso iban a hacer el esfuerzo para descentralizar. Así también, trasladarlo a otro recinto hospitalario. Esto, sin embargo, fue sin fechas específicas ni presupuesto”, precisa.

La directora subrogante del Hospital El Salvador, Verónica Pinto, respondió que “los profesionales que existen en la actualidad dan cobertura a la demanda que existió considerando los requerimientos en tiempo de pandemia”. Reconoce que han iniciado un proceso de reclutamiento de profesionales para fortalecer las atenciones de reparación y rehabilitación oportunas, sumando con esto un psicólogo más con jornada completa, un psiquiatra y un oftalmólogo exclusivo para el programa. “A esto se sumará la incorporación de otro trabajador social, una vez que nos encontremos funcionando en las nuevas instalaciones”, detalló.

Agrega que la habilitación de un espacio físico especial es parte de lo que tienen proyectado como mejora para este año, junto con la incorporación de más horas profesionales «asociadas al fortalecimiento de las terapias de rehabilitación, son las principales mejoras a implementar».

Desde «Ojos de Chile» insisten en que fortalecer el programa es imprescindible considerando que las víctimas de traumas oculares no han dejado de registrarse, como el caso del joven mapuche, Cristián Millapan Santander, atendido en la UTO esta semana.

Foto de Natalia Aravena.

Entrega de prótesis

Gloria Moraga Henríquez (60), víctima de trauma ocular en Chillán, es testigo de las falencias que también acusa Albano. Lo suyo ocurrió hace pocas semanas. Recibió un llamado de parte del protesista alemán Roland Lautner, que el año pasado le donó una prótesis particular -sin costo para ella, al igual como fueron beneficiados otras víctimas-, pidiéndole la devolución del aparato.

Ella había tenido dificultades para utilizar esta prótesis, así que había quedado a la espera de una nueva cita con el especialista. Sin embargo, se enteró que el Minsal no había cancelado estas prótesis. Después de poner las alertas por algo que le parecía un despropósito, no solo a ella, sino que a la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y a la Fundación «Ojos de Chile», desde el ministerio le dijeron que no tenía que entregar la prótesis.

Desde esta última Fundación, intercedió su director ejecutivo, Matías Vallejos. Habló directamente con el ministro de Salud, Enrique Paris, explicándole la situación. “No imaginábamos algo más revictimizante que te soliciten una próstesis porque son intransferibles, tienen la dimensión de la concavidad del ojo de cada persona, el color y la forma”, precisa. Paris dijo no haber estado enterado.

“El me agradeció haberlo puesto al corriente porque no tenía idea de lo que estaba pasando y me derivó con Nelly Alvarado, encargada del programa de Derechos Humanos y Género del Minsal”, explica Vallejos.

La información que después recibió Gloria por parte del Minsal lamentaba que hubiese «recibido información incorrecta respecto de su prótesis y reiteramos que ella no debe incurrir en ningún pago ni devolución de ésta».

Foto cedida por Gloria Moraga.

Dudas con el presupuesto

El presupuesto destinado al PIRO quedó establecido durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del año 2020. Con esto, el Minsal se haría cargo del programa que incluiría atenciones médicas para personas víctimas de lesiones oculares producto de las manifestaciones sociales de 2019. Como se dijo en esa oportunidad, este debía ser un “programa de contingencias operacionales, destinado a brindar atención médica integral a aquellas personas víctima de lesiones oculares totales o parciales. El uso de este programa no constituye una reparación para efectos de cualquier acción judicial civil o penal posterior”.

El presupuesto del programa fue de $2.203 millones, según la información presentada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el Congreso. Basado en estos datos la Oficina de Presupuestos de la Cámara, elaboró un informe donde que indica que a junio de 2020, se ejecutaron un total de $127 millones, que equivalen a un 5,7%.

Estos datos fueron incluidos en una solicitud hecha a Contraloría, en abril pasado, por los diputados Gael Yeomans, Gabriel Boric, Diego Ibáñez y Gonzalo Winter para fiscalizar los recursos dispuestos para el programa con una auditoría al Ministerio de Salud. “Su ejecución durante el 2020 no fue realizada acorde a los estándares fijados por la ley, y quienes corresponda y se ordenen instrucciones para arreglar esta situación que afecta a las víctimas de trauma ocular y sus respectivas familias”, plantearon en el escrito.

Para este año, la directora del Hospital El Salvador indica que el presupuesto es de $769 millones de pesos, de los cuales se destinarán más del 50% a los recursos humanos asociados al programa, y el porcentaje restante en los bienes e insumos para hacer funcionar el programa y el arriendo de una sede, entre otros.

Una necesidad de fondo, sostienen desde organizaciones y la Fundación “Ojos para Chile”, es que este programa reconozca a las personas que se atienden como “víctimas de violencia institucional”, porque sin contemplar esa categoría no tendrán reparación integral considerando un su círculo familiar que también se ha visto duramente afectado.

De hecho, fortalecer el PIRO ha sido un tema discutido en medio de la propuesta de «mínimos comunes» de la oposición para enfrentar el segundo año de pandemia. Si bien no forma parte de la agenda, reconocieron la «evidente la falta de compromiso que el gobierno ha mostrado en la implementación de este programa». En este documento también agregaron que «el gobierno debe ejecutar este programa, cuyos recursos se encuentran asignados, de manera correcta, con la mayor celeridad y en las mejores condiciones, con el respeto que las víctimas del Estado merecen y necesitan, considerando las graves secuelas que ellos presentan«.

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