elecciones gobernadores | Agencia Uno
Obsoleto, anacrónico, colonial. La figura del delegado presidencial levanta polémica. A su cargo quedarán parte de las competencias relevantes que hasta ahora se atribuían a los intendentes regionales, recortando, así, funciones a los gobernadores y gobernadoras que asumirán el próximo 14 de julio. ¿Qué atribuciones específicas entran en choque entre ambas autoridades? ¿Cómo se preparan los gobernadores para dar la pelea al poder central? ¿Cómo se tejen las nuevas alianzas regionales? El Desconcierto pone foco al proceso de descentralización ad portas de la segunda vuelta de la elección de gobernadores.
Hay una palabra que en pocas semanas pasará a la historia de Chile: intendente. Su origen se remonta a la etapa colonial y se vincula a los reyes Borbones, que utilizaron el concepto para designar al representante de la monarquía en un territorio. Tanto la palabra como el cargo como tal dejarán de existir. En su lugar, asumirán los gobernadores y gobernadoras, nuevos cargos que se crearon para dar inicio a un proceso de descentralización que se aprobó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La diferencia de atribuciones entre el intendente y el gobernador no es menor. Algunas de las más relevantes, como las relacionadas con gobierno interior y seguridad, recaerán en otro nuevo cargo: el delegado presidencial, una figura creada para mantener parte del poder en el centro político, ante la aparición de nuevas autoridades de nivel intermedio que, por primera vez, han dejado de ser designadas por el ejecutivo central.
Los nombres de los delegados presidenciales serán elegidos a dedo por el presidente. A partir del 14 de julio, cuando asumirán los nuevos gobernadores, es probable que algunos de los actuales intendentes pasen a ser delegados presidenciales, “o puede darse otro escenario, más político, en el que se cambie al intendente por un alcalde derrotado, dependiendo de los resultados electorales”, anticipa Egon Montecinos, académico del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Valdivia y ex Intendente de la región de Los Ríos. Incluso, podría llegar a darse la contradicción de que un gobernador del oficialismo que no gane la segunda vuelta sea designado como delegado por el presidente, lo que en la práctica equivaldría a alcanzar parte importante del poder regional aunque las urnas no lo hayan mandatado. “Mucha gente cree que se elige al intendente, con todas sus atribuciones, y eso puede producir cierta decepción cuando, por ejemplo, un presidente del comité de vivienda recurra al gobernador y éste le ofrezca intermediar con otras autoridades para conseguir algo urgente”, reflexiona Montecinos.
Hay al menos tres normas clave que regulan el proceso de descentralización política: la reforma constitucional que permite la elección de la figura del gobernador (Ley 20.990), la ley que regula los comicios electorales (Ley 21.073) y la que establece sus competencias (Ley 21.074). En estas normativas, que fueron aprobadas entre 2016 y 2018, se establece que el gobernador tiene entre otras atribuciones exclusivas presidir el consejo regional, al que deberá someter el proyecto de presupuesto, y distribuir los recursos de los programas de inversión del gobierno regional. Según escribe Egon Montecinos, en un artículo de la Revista de Ciencia Política, tendrá administración “directa” del fondo nacional de desarrollo regional, que representa entre un 20 y un 30% de la inversión pública efectiva de un territorio. Su incidencia en el presupuesto de los servicios públicos regionales, en cambio, será “indirecta”. Entre el 70 y el 80% de la inversión pública total efectiva ejecutada en una región, según el mismo documento, recaerá a manos del delegado presidencial, una autoridad designada por el presidente y que tendrá como función dirigir las tareas de gobierno interior. La ley también señala que el delegado podrá proponer el nombre de los secretarios regionales ministeriales (seremis) y ejercer su autoridad sobre ellos, así como coordinar y fiscalizar los servicios públicos del territorio. De hecho, esa última función también figura entre las competencias del gobernador, lo que ya anticipa escenarios de choque entre autoridades intermedias.
La ley indica que el delegado presidencial supervisa los servicios públicos regionales, pero también coloca al gobernador como coordinador de ellos cuando se relacionen con el gobierno regional (aunque no dependa de ellos). “Va a haber una cohabitación entre dos autoridades de una misma unidad territorial que en algunos temas tienen similares competencias”, apunta Egon Montecinos. Además de los servicios públicos, menciona también la gestión de las emergencias como un segundo elemento que favorecerá el choque entre gobernador y delegado porque la norma asigna roles a ambas autoridades. “El delegado presidencial coarta el proceso de descentralización, es obsoleto y anacrónico. Tendrá funciones específicas de coordinación con el Ministerio de Interior y supervisión del funcionamiento y el gasto”, señala el gobernador electo por la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.
Para esclarecer las atribuciones entre autoridades, la bancada regionalista presionó al Gobierno para impulsar una ley corta que, dice Montecinos, “corrige o disminuye la posibilidad de una cohabitación conflictiva” y pretende mejorar la coordinación entre gobernadores y delegados presidenciales. “En la ley actual, un delegado puede ir con un seremi de vivienda y con un comité de vivienda de cualquier comuna a hablar con el ministro de Vivienda y traerse los subsidios que le faltan al comité sin [intervención de] el gobernador regional”, ejemplifica Montecinos. La ley corta, que incentiva a la cooperación, obligaría al delegado a hacer la gestión junto con el gobernador, “sin dejarlo al margen”, dice.
“Lo que se discute en la ley es insignificante, mezquino y egoísta”, espeta el senador Alejandro Navarro, quien se mostró muy crítico también durante la tramitación de la ley en el Senado, hace dos semanas. “Tenemos gobernadores desnudos y decorativos. Se debate si estos pueden coordinar y convocar a seremis, pero no los dirigen y nos los determinan, no son los jefes ni mandan, porque las funciones de autoridad van a radicar en los delegados presidenciales designados por Piñera”, añade.
Para la diputada Andrea Parra (PPD), presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde se encuentra ahora la normativa, la mejora de la coordinación entre gobernadores y delegados presidenciales, que se agregó en el Senado a través de una indicación, es “de sentido común”, porque –dice– el proyecto de ley corta es “casi una burla”. Pese a todo, la parlamentaria rescata el rol que la norma asigna a Contraloría para resolver los conflictos de competencia: “Eso le agrega un mínimo grado de certidumbre al sistema”.
Parra asegura que tramitará el proyecto “a la brevedad”, pero critica “la irresponsabilidad del Gobierno” porque lo presentó en octubre, el mismo mes en que estaban contempladas originalmente las elecciones de gobernadores. De hecho, cuando falta poco más de un mes para que asuman los nuevos gobernadores y gobernadoras la propuesta aún se encuentra en su segundo trámite parlamentario. El equipo de la diputada Catalina Pérez (RD), quien también integra la comisión, considera que al tratarse de un proyecto “extenso y complejo”, “es esperable al menos un mes o mes y medio de tramitación como mínimo en la Comisión, para que pase luego a sala”.
Otro punto caliente del proceso de descentralización pasa por las competencias concretas y ejecutables que en la práctica tendrá el gobernador. En la campaña, candidatos y candidatas prometen propuestas que quizás llegado el momento no puedan cumplir porque no tengan las atribuciones.
Por ahora, hay 15 competencias de cuatro ministerios distintos (Vivienda, Economía, Desarrollo Social y Transportes) que han sido transferidas a los gobiernos regionales, como la elaboración del anteproyecto del Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, la prohibición de circulación en la vía pública por causa justificada u otorgar concesiones de radiodifusión comunitaria. ”Son funciones que ya tienen ahora los gobiernos regionales”, aclara Montecinos. Más allá de estas, a partir de marzo de 2022 esta lista podrá ampliarse si los gobernadores lo solicitan y siempre que así lo valide el poder central. Pedirlas no significa que se cedan: “Pueden ser denegadas y no hay garantías de que se otorguen, ni siquiera hay claridad sobre los criterios [para su aceptación o denegación]”, señala el ex intendente. “Es iluso pensar que el propio centro político, el propio gobierno, decida transferir algo que probablemente es estratégico para él, ya sea en términos electorales u otras razones”, añade.
El senador Navarro considera que la transferencia de competencias “no la resolverá la actual ley en trámite, sino la propia praxis”. Según él, el gobierno enfrenta “el desafío de calibrar cuánto está dispuesto a dar si no quiere estar en constante presión”. Para Rodrigo Mundaca, el mecanismo de entrega de competencias llega tarde y es insuficiente sobre todo, dice, en materia de medio ambiente, agricultura, ciencia, obras públicas, salud y educación. Ya ha anunciado que va a solicitar más atribuciones en distintos ámbitos: “Queremos desarrollar un servicio público regional de vivienda y habitabilidad para construir barrios con viviendas dignas; otro servicio regional de agua y medioambiente para abordar la crisis hídrica y medioambiental de la región, y otro servicio público de cuidados e inclusión a grupos prioritarios como personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, y niños, niñas y adolescentes”.
La disputa de poder entre el centro y las regiones será inevitable y los futuros gobernadores ya estudian fórmulas para ganar ese gallito. Desde Antofagasta, el candidato Ricardo Díaz (independiente-PRO) ya ha anunciado la creación de un “polo” de la macrozona norte formado por gobernadores y alcaldes para alcanzar una mayor autonomía regional. “Si pensamos en el poder que tiene un polo de acción que se levante desde el norte, regiones que concentran gran parte de la riqueza en Chile pero que a su vez son las que han sufrido un gran abandono, podemos generar transformaciones profundas para las demandas de nuestros territorios y comunidades”, explica Díaz. Como ejemplo, propone crear “bancos de suelo” para construir vivienda porque “la mayoría de los terrenos son suelos fiscales con los que el propio Estado especula”. Y asegura: “En este punto estoy seguro que todas las gobernaciones regionales del norte nos vamos a encontrar”.
Rodrigo Mundaca también está preparando una “articulación directa e inmediata” con las 38 municipalidades de la V Región. De hecho, el pasado 19 de mayo ya mantuvo una primera reunión con ocho alcaldes y cuatro constituyentes (Jaime Bassa, Carolina Vilches, Cristobal Andrade y Mairela Serey), con quienes también trazará sus alianzas: “Hablamos con mucha franqueza sobre la horizontalidad en trabajo, la cooperación y la necesidad de poner la institucionalidad al servicio del proceso constituyente para armonizar una mirada conjunta de la región”, cuenta. “Habrá muchos alcaldes van a encontrar aliados políticos en los gobernadores para hacer un contrapeso en temas regionales y nacionales y visibilizar problemáticas locales que no ve el centro político”, resume Egon Montecinos.
La unidad de autoridades locales surge como receta contra un centralismo que durante mucho tiempo ha ignorado la demandas de descentralización. “Todos los gobiernos han tenido un sentimiento hostil a esta delegación de poder”, dice el senador Navarro. Egon Montecinos apunta –también a modo de “autocrítica”– que existe una “falta de compromiso de la elite política centralista” y recuerda que la figura del delegado presidencial nunca estuvo en la reforma que presentó la presidenta, sino que fue modificada en el Congreso por la centroizquierda y centroderecha. «Los partidos políticos no han querido perder el poder que significa ganar la presidencia y, a la vez, quedarse con todas las autoridades a nivel regional», aclara. Para él, este incipiente proceso de descentralización destila “resabios centralistas y coloniales”. Resabios que, si bien se dejarán sentir durante los próximos dos años, probablemente se desvanecerán –y en eso todas las fuentes coinciden– si el proceso constituyente en marcha avanza hacia un cambio de diseño que apueste por un nuevo Estado realmente descentralizado.
