Imagen referencial Colombia | Foto: @ElCuervoIngenu2
«No podíamos dejar de comparar la situación chilena con la de Colombia», es parte de lo que contó la abogada de Codepu, Mariela Santana, tras llegar recientemente a Chile luego participar de la «Misión S.O.S Colombia». Fue parte de los más de 40 observadores y observadoras de 13 países distintos, que pudieron constatar los casos de violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones sociales, los que incluyen asesinatos, torturas y uso de munición letal en contra de los ciudadanos. Las denuncias cobran mayor importancia dado que el próximo martes 20 de julio está convocada una masiva manifestación, mientras se desarrolle la parada militar.
La «Misión S.O.S Colombia» que visitó ese país como observadores en el contexto de las manifestaciones sociales de los últimos meses, presentó un informe en el que se constatan graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen el uso de armamento de guerra por parte de las fuerzas policiales, en contra de los manifestantes.
Las y los enviados realizaron sus trabajos de observación recolectando datos y confirmando hechos sobre el paro, entre el 3 y el 12 de julio. La delegación correspondió a un grupo de activistas, políticos, periodistas y miembros de organización no gubernamentales, que en total sumaron 41 comisionados y comisionadas, provenientes de 13 países.
Desde Chile acudieron representantes de organizaciones de derechos humanos como la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Comisión Ética Contra la Tortura y la fundación Los Ojos de Chile.
En conversación con El Desconcierto, la abogada de Codepu, Mariela Santana, relata parte del trabajo que realizaron y de los testimonios que recogieron. Tras la visita no duda en afirmar que «en Colombia se están vulnerando los derechos humanos, en forma generalizada y sistemática. Y esa violación de derechos humanos constituyen delitos de lesa humanidad».
«Colombia es el país más peligroso del mundo para la defensa de los derechos humanos», sostiene por su parte, Karinna Fernández, abogada defensora de derechos humanos que también estuvo en la misión.
Mientras que Santana detalla que «en un principio de las manifestaciones la protesta misma era atacada, pero con el paso del tiempo, el fenómeno represivo cambió a los ataques y hostigamientos después de las marchas».
Ahora, estamos a pocos días de una convocatoria de masivas manifestaciones en el país, cuando el próximo 20 de julio se realice una parada militar, lo que se suma a que el Presidente Iván Duque presentó recientemente una nueva reforma tributaria. Proyecto de ley que fue el catalizador de las protestas.
Fernández relató al El Desconcierto que fue destinada a Cali. Allí «pude constatar en particular en el valle, en la región del Cauca, víctimas de munición de guerra». Asimismo, hubo «persecuciones a defensoras a través de la carretera, por largas distancias recibiendo ataques de armas letales».
«Jóvenes que están con esas heridas en el cuerpo, que no se pueden sacar esas balas porque no están las medidas de seguridad suficientes, ni tienen acceso a la salud. Y, en el caso de que lo tuvieran, hay jóvenes que han ido a los hospitales y no los han atendido. En otros casos también tienen miedo que los asedien en los centros hospitalarios», relata.
Recibió testimonios de brigadas de salud que «tuvieron que estar muchas veces rodeados bajo fuego policial con cadáveres. Tirados todos en el suelo protegiéndose y al mismo tiempo protegiendo los cadáveres».
«Después del paro hubo diversos días de represión muy violenta en las distintas regiones. En particular por los bloqueos y lo que significan en términos económicos para la élite empresarial colombiana», la abogada también hizo hincapié en que Cali «está rodeado de caña, las policía muchas veces cuidan las cañas porque son de ciertos grupos empresariales». La colusión entre las fuerzas de orden y las empresas privadas es parte de lo que los testimonios revelaron.
«Recibimos denuncias de que los policías cuidan cierta infraestructura privada, más que la pública, por ejemplo los peajes», cuenta y detalla que «los chicos corrían entremedio de los cañaduzales y la policía también los asesinó, golpeó, al interior de estos, que la policía protegía con mayor cuidado por ser de grupos empresariales relevantes, estoy hablando incluso del uribismo».
«En Cali en este contexto particular el Éxito (supermercado local) fue, según las denuncias que yo recibí, utilizado como centro de tortura y también desde ahí la policía disparaba hacia las personas que se manifestaban», explica. A cambio, «le daban beneficios a la policía durante el paro: descuento, albergue y eso fue muy frecuente».
La abogada de Codepu, Mariela Santana, estuvo en la costa del caribe colombiano. Cuando llegó a Santa Marta vio como «todo el mundo estaba muy preocupado, muy asustado y procuraban andar siempre acompañados, nunca solos».
«Uno de los casos más graves que me tocó recibir testimonio, y que está con una judicialización muy incipiente, es el caso de dos chicos de 19 y 20 años», cuenta, «dentro de un contexto de manifestación habían concurrido a una velatón y después de la marcha quedaban algunos manifestantes todavía congregados».
Relata que «en cada manifestación se retira el transporte público por lo tanto hay un doble juego de la autoridad, porque si bien exigen que los manifestantes lleguen antes del toque de queda, no tienen cómo trasladarse». En ese contexto, los jóvenes fueron «abordados por alrededor de 20 policías motorizados, del Esmad, que les hacen una encerrona y luego los persiguen».
«Ven como uno de los policías abordan a uno de sus amigos y se lo llevan. Entonces dos de ellos, que fueron a quienes les tomé el relato, se devuelven para buscar al amigo y en ese contexto son detenidos, son golpeados y son llevado a un CAI, que son los centros de detención en Barranquilla», sigue.
Allí fueron insultados y golpeados por efectivos policiales, sin tomarles declaración ni ponerlos a disposición de la justicia. «Los ingresan al calabozo de los presos comunes de los que están detenidos en el CAI y les indican a la población penal común que ‘llegó carne fresca’. Apagan las luces y los dejan a merced de la población penal, en donde los dos chicos son abusados sexualmente y además fueron extorsionados pidiéndoles dinero para salir con vida de ese calabozo», relata.
«Una organización de derechos humanos interpuso la denuncia, que no ha tenido ningún avance, no hay colaboración de los organismos auxiliares de justicia», denuncia.
Por otro lado, en Jamundí la semana pasada fue asesinado un joven perteneciente a la primera línea, a solo horas de haber sostenido una reunión para dialogar con las autoridades municipales. El hecho ocurrió mientras la misión estaba en plena labor.
«El hecho que nosotros estuviéramos el 6 de julio en la región y que un joven fuera asesinado después de salir de una reunión con las autoridades en Jamundí, creo que fue algo muy violento y que también demuestra un nivel de sofisticación muy preciso. Porque es como que los jóvenes participan de estas mesas de diálogo, pero cuando tú participas en mesas de diálogos con autoridades en Colombia, te matan después», explica Fernández.
«No podíamos dejar de comparar la situación chilena con la de Colombia. Desde el primer día observamos que existen patrones de conducta común del actuar de la policía chilena y colombiana», afirma Santana.
«Así como en Chile, existe una lentitud en la tramitación de la denuncia de las víctimas, hay una acelarada tramitación cuando se trata de investigaciones en contra de los manifestantes», explica. De la misma forma, «respecto a las investigaciones de las vulneraciones a derechos humanos, no hay resultados y existe un archivo superior al 40% de las investigaciones, igual que en Chile».
A lo anterior se agrega que «hay una falta de uniformidad de los criterios para la investigación de las denuncias. Cada investigación se deja a la suerte del fiscal de turno, lo mismo que ocurre aquí».
Otro punto en común para Fernández es el negacionismo: «uno puede ver los cadáveres, las víctimas, las heridas y las autoridades dicen que aquí hay un tema de crimen complejo, sin reconocer nunca las responsabilidades». «En ciudades como Vijes o Bogotá, la violencia fue muy parecida a la que nosotros vimos acá en Chile. Daño ocular, uso excesivo de lacrimógenas, comunidades enteras que se vieron afectadas, niños lesionados por las lacrimógenas en sus viviendas», agrega.
Fernández considera que también existen paralelos en cuanto a las razones de lucha y la composición de los manifestantes. «Tiene que ver con el origen del descontento popular, con la acumulación por despojo, de la desigualdad absoluta que vive en la sociedad», reflexiona.
«También tenemos un actor joven nuevo, también como ocurrió en Chile. Estuve con la primera línea en Cali y ellos estaban muy orgullosos y decían que se habían reflejado mucho de las luchas y de la esperanza de los jóvenes chilenos de la primera línea», afirma y destaca que «la figura de la mujer es muy importante, porque hay una figura de lucha feminista muy potente».
Sobre la respuesta de la comunidad internacional, Mariela Santana sostiene que «debiera ser mucho más enérgica a la condena de la situación de Colombia. Debieran hacerle llegar al Estado colombiano el mensaje de que los ojos del mundo están sobre Colombia».
«Colombia es el país más peligroso para ser defensor de derechos humanos, pero, a pesar de su contexto, la inversión nunca se ha detenido», sostiene por otro lado Fernández y agrega que «es importante que los organismos inversores y las empresas inversoras dejen de invertir en países que violan los derechos humanos».
El llamado que le hace la abogada al Estado de Chile, es «que se le exija al gobierno colombiano transparentar las cifras de víctimas y también de personas en prisión preventiva. Pero eso es súper complejo porque nuestro gobierno tampoco lo ha hecho».
Puedes revisar el informe preliminar a continuación:
