Democratizar la montaña: El debate sobre el libre acceso y la disputa con terrenos privados

Chile es un país de montañas, según la clasificación PNUMA-WCMC de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). El mismo organismo indica que 63,8% del territorio de nuestro país corresponde a montañas, lo que equivale a 47,7 millones de hectáreas. Y de estas hectáreas, 60% le pertenece al Estado, de acuerdo con un catastro de Bienes Nacionales elaborado el 2018.

Con estas cifras, sería lógico pensar que en el país es posible acceder libremente a la cordillera y precordillera nacional. Sin embargo, ya que la legislación vigente señala que los cerros y montañas son bienes fiscales, y no bienes nacionales de uso público, como las playas de mar, ríos y lagos, esto se dificulta.

De acuerdo con Christian Moscoso, economista, escalador y director regional para Chile de Acceso PanAm, “se le ha dado la espalda” a la montaña, que “ha ido quedando relegada como un depositorio de recursos que tiene que ser explotado y aprovechado. La montaña, como paisaje, podría ser aprovechada de manera sustentable, pensando también en poner a disposición este territorio, y sus recursos, para las siguientes generaciones”.

Y el ingreso a estas zonas se dificulta aún mas, considerando que muchas de las entradas a las montañas -aunque sean “propiedad” del Estado- le pertenecen a privados, quienes, protegidos por la ley, se atribuyen el poder de decidir quién accede y quién no. “Se condicionan una serie de derechos que, de una u otra manera, quedan postergados por la propiedad privada”, explicó Moscoso a El Desconcierto.

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Así lo vivió el ex futbolista Mark González, por ejemplo, cuando fue agredido mientras realizaba trekking junto a su familia en un cerro de Lo Barnechea. Según relató González, cuando estaba con su familia, “en plena luz del día, fuimos agredidos por los ‘cuidadores’ de este (terreno), de una manera violenta, verbal y física, sin importar que habían niños de 9 y 6 años de por medio”.

En el caso de González, sus agresores fueron formalizados, y los dueños del sector se pronunciaron sobre su mediático caso, asegurando que desde hace meses están “en conversaciones con el municipio para buscar una solución a este problema, que permita por un lado el tránsito de las personas, y por otro lado se conserven los atributos medioambientales del sector”.

Un proyecto de ley presentado el año 2018 por el diputado Sebastián Torrealba (RN) pretende resolver este tipo de conflictos, entregando una serie de planteamientos para regular el acceso a las montañas y cerros del país. “¿Qué es lo que hace este proyecto específicamente? Es que cuando un privado colinde con un bien fiscal de montaña, este privado debe darle una servidumbre de paso no monetizada a las personas para que puedan acceder a ese bien de montaña que nos pertenece a todos”, indicó a la presente edición sobre la denominada “Ley de Acceso a la Montaña”, o más recientemente, “Ley Juan Pablo Mohr”.

Para Torrealba, lo que le ocurrió a Mark González se da por, a su juicio, “una mala coordinación entre lo público y lo privado”. “Lo que le pasó a Mark se da porque mucha gente ya se ha volcado a los cerros, por lo tanto hay un conflicto que hay que solucionar, y yo creo que ese es un rol tanto del Ejecutivo como de los municipios y de los privados de coordinarse para solucionar esos problemas”, añadió.

“El Estado y la sociedad le tienen miedo a la montaña”

Según Torrealba, “el Estado chileno mira la montaña como un depositorio de recursos naturales que se pueden explotar, por lo tanto venderse, pero la montaña es mucho más que eso. La montaña tiene cultura, tiene identidad, tiene una biodiversidad que hay que proteger, y yo creo que este proyecto de ley va a generar este efecto, que empecemos a mirar la montaña de otra forma, como Estado y como sociedad, porque hoy día el Estado y la sociedad chilena, al parecer, le tienen temor, le tienen miedo a la montaña”.

“Hoy día pareciera ser que la montaña es un espacio donde solamente unos pueden ingresar, y yo creo que la verdad es un lugar donde nos podemos encontrar, por lo tanto creo que este proyecto de ley lo que va a ser es que el Estado va a empezar a mirar la montaña de otra forma, e incorporarla de verdad dentro de nuestra sociedad, y eso significa, finalmente, construir una cultura de montaña”, evaluó.

“Lo que yo creo, como conexión de este proyecto con lo que le pasó a Mark, es que al ser aprobado va a detonar políticas públicas en favor de la montaña, en favor de los cerros, y eso ya se está viendo”, destacó el parlamentario.

Por ejemplo, el ministro de Bienes Nacionales, hace unos días atrás, anunció la construcción de una mesa de trabajo con propietarios del contrafuerte cordillerano de la Región Metropolitana, y “eso es una buena noticia para coordinarse con respecto a los accesos, y para que la gente pueda ir a los cerros de manera segura, sin afectar la propiedad privada, sin afectar el medio ambiente, y hay un trabajo importante que hacer, y yo creo que esta ley puso sobre el tapete esta discusión”, indicó Torrealba.

“Que el Estado esté mirando de otra forma, que el Ejecutivo haya llamado a una mesa de trabajo para tener acceso a los cerros, significa que este proyecto de ley, esta discusión que hemos venido impulsando desde hace ya casi tres años, está generando los frutos necesarios para mirar la montaña de otra forma, y eso es muy positivo”, aseguró el parlamentario.

“No es suficiente”

Sin embargo, desde Acceso PanAm, abocado a proteger el acceso a las áreas de escalada y montañismo en América Latina, esta iniciativa “no es suficiente” para poder garantizar un acceso responsable a las montañas del país.

“No es suficiente, y creemos que está mal llamado como ‘Ley de Acceso a la Montaña’, porque lo que establece el proyecto hoy día, tal como se presentó, lo único que busca es generar acceso a las propiedades fiscales en territorio de montaña, no es a las montañas en general”, señaló Christian Moscoso.

Lo anterior, ya que el proyecto de Torrealba se refiere a aquellas montañas que “son propiedades fiscales que, de alguna manera, tienen algún tipo de administración, que puede ser por CONAF o el próximo servicio nacional de áreas protegidas, pero que requieren tener a alguien a cargo del ingreso”.

“El proyecto lo que plantea es que cuando estas montañas en propiedad fiscal son entregadas a alguna empresa, para hacer algún tipo de explotación tipo minera, algún tipo de actividad industrial, ese acceso ya no es válido. Lo que vemos es que el territorio fiscal, que hoy día puede ser de 40%, con el tiempo va bajando”, indicó.

“El Estado se deshace de su propiedad de predios fiscales en favor de, por ejemplo, el fomento de ciertas industrias que son estratégicas para el país, y se entregan esos territorios en concesiones. Entonces, hoy día el derecho que te permitiría -si se aprueba- acceder, en teoría, al 40% de este territorio, con el tiempo va a ir descendiendo”, señaló el economista, ya que “el Estado no compra montañas, no compra territorios, no expropia, concesiona”.

Pese a aquello, el escalador destacó que el proyecto de Sebastián Torrealba “es un avance, ya que hoy día no podemos ni siquiera acceder a lo que la ley, por más mezquina que sea, está buscando solucionar, pero no apunta directamente a lo que trata de ensalzar”.

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De todas formas, el acceder libremente a la montaña va más allá de definir quienes son “dueños” o no de dichas zonas. De hecho, para los pueblos indígenas, la montaña tiene una connotación religiosa. Los apus (‘espíritus de la montaña’ en Quechua) son considerados los espíritus de las montañas que protegen a los pueblos de los Andes desde la época de los Incas.

Lo anterior lo destaca José Segovia “Patara”, guardián del Cerro Blanco de Recoleta, quien explicó a El Desconcierto que “para la cultura andina las montañas son sagradas, son de respeto. Es un lugar donde uno se conecta más cerca con lo espiritual, con la energía del sol, con la luna, con todo lo que nosotros de los pueblos andinos nos conectamos. La montaña, en nuestra cultura los apus, son lugares sagrados”.

“Hoy en día hay algunos que quieren ser dueños de las montañas”, lamentó Patara. “La han explotado, la han estrujado, le han quitado lo sagrado a las aguas y han explotado los glaciares, y este es el respeto que dicen. Se creen dueños de las montañas y eso no es posible. Es un espacio de todos. Los pueblos nunca usaron el espacio alto para habitar, nunca se usaron las praderas, los espacios cultivadores”, continuó.

De acuerdo con el dirigente aymara, “si acaso existiera en nuestra cultura una norma legal se condenaría a mucha gente, como lo que ocurrió en Maipú que era un vergel, Maipú era un vergel. Esas mentalidades hoy día que le faltan el respeto a todo, por explotar todo, tiraron cemento y construyeron casas sobre tierra cultivable, y eso en nuestra cultura es un delito. Nosotros vivimos de la tierra, de lo que la tierra produce”.

Así, destaca que para las primeras naciones, poder acceder de nuevo a las montañas y cerros “significaría un respeto a nuestra cultura e identidad, porque a nosotros nos obligaron por muchos años a meternos a iglesias, donde las energías son distintas, la iglesia nuestra es la montaña, la naturaleza, el aire puro, para conectarnos con los dioses. Nosotros no tenemos figuras para honrar, nosotros honramos la divinidad allá. El sol, la energía, la montaña, el apu, el glaciar poderoso, ahí están nuestras divinidades. Eso para nosotros es lo más importante”.

La salud y la naturaleza

Además del valor cultural de la cordillera, Patara releva la importancia que tienen las montañas y los cerros para la salud y el bienestar de la población, especialmente considerando cómo el constante crecimiento urbano y la depredación inmobiliaria han ido reduciendo constantemente las áreas verdes disponibles para su uso.

“Si tienes a la gente, especialmente en estas ciudades, enfermas, con barrios enfermos, hay culpables. Las empresas depredadoras de los barrios que instalan un edificio, tapan la entrada del sol. Hay casas que ya no tienen acceso al sol, y el sol es salud, el sol es vida, el sol es todo para la gente, para el ser humano”, enfatizó.

Según el guardián del Cerro Blanco, “todo el mundo para sus enfermedades dice ‘voy a ir a tomar sol’. ¿Y a dónde vas a ir a tomar sol si está tapado por todos los edificios? Por todo lo que ellos mismos han construido. La gente quiere salir a montañas justamente a respirar aire puro, porque estas ciudades están completamente enfermas y contaminadas, de todo lo que existe por el sistema depredador, y más arriba no tenemos ni siquiera sol. La gente tiene derecho a ir a una parte de la montaña, yo creo que es un derecho, nadie lo puede negar”.

Misma conclusión planteó Christian Moscoso, indicando que “tener acceso a la montaña se incorpora dentro de un concepto más amplio, que tiene que ver con el concepto de acceso a la naturaleza”. Así también, aseguró que los activistas están, “de una u otra manera, peleando por una democratización del territorio de montaña, y también por una manifestación de la desigualdad”.

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En ese sentido, recalcó que, generalmente, las familias de escasos recursos son las que tienen menos posibilidad de esparcimiento y recreación al aire libre, y que esta situación ha incrementado con la pandemia, afectando especialmente la salud mental de la población, e incluso la física.

Debido a lo anterior, enfatizó en que el Estado “debería fomentar un estilo de vida en contacto con la naturaleza, y en el fondo lo que prima es la defensa de un concepto de propiedad privada. No es que nosotros estemos en contra de la propiedad privada, pero sí respecto de una forma de ver la propiedad privada, en donde yo puedo hacer lo que yo quiera”.

“Por un lado, hoy día está súper instalado el concepto de que el Estado se tiene que preocupar porque la población tenga un ambiente limpio, por el tema del calentamiento global y la crisis medioambiental, etcétera, y sin embargo no nos hemos preocupado de que la gente tenga acceso a ese medioambiente limpio. Puedes tener un ambiente limpio en la Patagonia, o en el Norte Grande, pero donde vive el 60% de la población está completamente sacrificado. La gente termina viviendo en zonas de sacrificio. El medioambiente limpio está, pero está allá, y tú no tienes acceso a él”, complementó.

Para José Segovia, “la gente debería conectarse no solamente con la montaña, sino con toda la naturaleza que existe. Con los bosques, con los ríos, con el mar… Es extraña la cosa, porque tenemos montaña desde Arica a Punta Arenas, tenemos mar desde Arica a Punta Arenas, y no tenemos derecho a comer los frutos del mar ni tampoco tenemos derecho a disfrutar de la montaña. Creo que eso es el colmo de los colmos”.

“Derecho a deambular”

El derecho a deambular, conocido en Europa como “freedom to roam”, es el derecho del público en general a acceder a determinadas tierras, lagos y ríos de propiedad pública o privada para recreación y ejercicio. Existe, legalmente, en países como Escocia, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Austria, República Checa y Suiza, y para Chris Moscoso es digno de integrar en la legislación chilena.

“El ‘Derecho a deambular’ es un derecho de tercera, cuarta generación, en donde en el fondo el propietario de un terreno no puede prohibirte el acceso, el transitar por su terreno, cuando tú lo que quieres es llegar a un lugar público. Eso viene del derecho anglosajón, tiene que ver con hacer una reivindicación del nomadismo, de que en el fondo la actividad de caminar, salir, estar en contacto con tu territorio, con tu país, con tu paisaje, es algo básico para el ser humano, y con el surgimiento del concepto de la propiedad privada entramos en choque”, señaló el economista.

Así, detalló que “en el fondo, lo que hace el ‘derecho de deambular’ no es cuestionar la propiedad, sino las atribuciones que tiene esa propiedad. Yo no estoy cuestionando de que seas dueño de un territorio en particular, sino que tú, con ese derecho, no puedes pasar por encima del mío, que es transitar por tu predio para poder llegar a la montaña, en este caso”.

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“Yo me pongo en el caso de un privado, siendo propietario de un predio en la montaña, y la ley hoy día, tal como está, no establece una obligación para que ese privado abra su territorio, para poder acceder a la montaña (…) Sin embargo, creemos que el derecho de transitar por tu país está por sobre la posibilidad de generar negocios en torno al acceso. Entonces, ese conflicto de ‘por qué yo tengo que abrir mi patio, mi territorio, mi casa, para que otros gocen de este paisaje, de este territorio’, es el gatillante de la violencia que sufrió Mark González”, aseveró Moscoso.

En ese sentido, relevó que “hay ciertos privados que intentan generar santuarios de naturaleza privados, o áreas protegidas privadas, de manera de poder darle algún tipo de gobernanza a ese territorio” y permitir el acceso a sectores particulares. Sin embargo, de acuerdo con el guardián del Cerro Blanco, resulta irrisorio que quienes pretenden ser dueños de las montañas busquen protegerlas.

“Hoy día no se respeta (la tierra), no les importa, y ¿ahora quieren venir a cuidar las montañas? Es un chiste, de verdad. Creo que indudablemente la humanidad está viendo la situación que vivimos hoy día por la falta de respeto a eso, y la prepotencia de hacerse dueños de lo que no es de ellos. La tierra es de todos quienes la habitamos, no es una cosa que hayan dicho solo los pueblos originarios, pero somos los que estamos más conectados con todo lo que tiene que ver con ese respeto”, expresó Patara.

¿Quiénes son los dueños de las montañas?

En Chile es complejo, y tortuoso, descubrir a quién pertenece cada zona de montaña. Así lo indica Chris Moscoso, descartando la existencia de algún catastro que reúna esta información, especialmente ya que las propiedades se van “diluyendo”. “Si tienes 100 hectáreas, por ejemplo, y te mueres, se las cedes a tus hijos, y tienes 5 hijos, entonces donde había un propietario ahora hay 5. Y de los 5, hay 5 voluntades diferentes a hacer 5 cosas diferentes con el territorio… Entonces si quieres solucionar el tema hay que hacerlo caso a caso, y eso no ha funcionado, históricamente”, explicó.

De todas formas, complementó que “sí nos hemos encontrado que, a través de los conflictos aislados, como de acceso a ciertas zonas de escalada, o a ciertas montañas (…) hay muchas propiedades en manos de inmobiliarias que son paños de terrenos gigantescos en la precordillera” que se mantienen sin construcción alguna.

“De alguna u otra manera lo que se ve, desde afuera, es que un grupo económico mantiene una propiedad sin darle un uso en particular, prohibiendo el acceso incluso y la visitación a la práctica deportiva, que ni siquiera debería ser algo que disminuya el valor de tu terreno, que al contrario le sube el precio, entendemos que debe haber un cierto interés de especulación. Esperar a que sea tan caro que después no lo pueda vender”, afirmó.

Frente a esta situación, “tu derecho de tránsito, de estar en contacto con la naturaleza, de conocer tu país y transitar por tu país de manera libre, queda bloqueado por un ánimo de especulación, que eso tampoco está cubierto por la ley”, señaló Moscoso. Así también, aseveró que “se debería avanzar en darle solución jurídica a estos temas. Desde nuestro punto de vista, esta es una discusión digna de incorporarla a la nueva Constitución”.

De momento, Torrealba especula que su proyecto demorará “unos dos meses” en discusión, “porque es un proyecto con alcances bastante técnicos, pero que todos los que están en la Comisión tienen bastante buena disposición para poder legislar sobre esto, y eso se demostró el otro día porque se votó con unanimidad el proyecto. Yo por lo menos ya estoy preparando algunas indicaciones, conversando con los parlamentarios de la Comisión, y también con algunas organizaciones sociales, y vamos a iniciar en tres semanas más el proceso de discusión en particular y ojalá sea lo más rápido posible”.