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Laura González-Vera, viuda del editor y diplomático madrileño Carmelo Soria, torturado y asesinado en 1976; Josefina Llidó, hermana del sacerdote valenciano Antoni Llidó, detenido y desaparecido en 1974; y Marina Alsina, hermana del sacerdote catalán Joan Alsina, ejecutado ocho días después del golpe de Estado, hablan con El Desconcierto sobre las consecuencias que tiene para ellas, como familiares de víctimas de la dictadura, la reapertura en España, 10 años después, de la causa contra la entidad financiera por presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador.
No hay plazo definido para que la Corte Suprema decida si acoge o no la solicitud que la Audiencia Nacional de Madrid dirigió el 7 de julio a “la autoridad judicial competente” en Chile, a través de una comisión rogatoria, para notificar formalmente a los querellados en la causa que investiga el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Pinochet: el Banco de Chile, su presidente Pablo Granifo y sus filiales Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos. “Si [la Corte Suprema] acepta [la comisión rogatoria] la entrega de ella a los imputados corresponde a un juzgado de Santiago”, asegura a El Desconcierto el abogado Joan Garcés, presidente de la Fundación Presidente Allende de España, impulsora de la causa.
El visto bueno del máximo tribunal a esta solicitud es importante para que en España avance la indagatoria que la Audiencia Nacional ha decidido reabrir después de 10 años. En una resolución del 13 de enero de 2021 la entidad jurídica, que también estuvo a cargo de la causa por genocidio, terrorismo y torturas sistemáticas contra el dictador en 1996, entregó sus argumentos a favor de retomar el caso: “El único procedimiento abierto que figura en las presentes actuaciones, incoado y terminado en Chile, sobre delitos económicos en los que participaron diversas personas relacionadas con Augusto Pinochet, no hace referencia alguna a los que fueron descritos en la querella inicial seguida por el juzgado español y su posterior y detallada ampliación, por lo que, obviamente, los hechos deben seguir siendo investigados”. La parte dispositiva del texto añade que “contra esta resolución no cabe recurso alguno ordinario”.
Además de la Fundación Presidente Allende, la acción judicial que propició la decisión de la justicia española ha sido impulsada por familiares de víctimas de la dictadura como Laura González-Vera, viuda del editor y diplomático madrileño Carmelo Soria, torturado y asesinado en 1976; Josefina Llidó, hermana del sacerdote valenciano Antoni Llidó, detenido y desaparecido en 1974; y Marina Alsina, hermana del sacerdote catalán Joan Alsina, ejecutado ocho días después del golpe de Estado. Todas ellas han expresado a El Desconcierto sus impresiones.
“Esta respuesta es un poco más de justicia, más que una reparación. Es vergonzoso que puedan hacer y deshacer estas artimañas sin recibir un castigo”, lamenta Josefina Llidó al otro lado del teléfono desde Valencia. La hermana del sacerdote insiste que no es el hecho de recibir el dinero lo relevante: “Económicamente, para nosotros, no representa nada, porque hay muchas víctimas para repartir, pero es simbólico: aunque sea una peseta, es justicia”. Ya en la sentencia que condenó a los responsables de la muerte de su hermano, detenido por agentes de la DINA junto con otros militantes miristas, la Corte Suprema rechazó entregar a la familia una indemnización como reparación civil por tratarse de un juicio por vía penal, por lo que Josefina decidió desistir del dinero y cerrar el caso ahí.
Llidó, que tiene 81 años, supo de la reapertura de la causa en enero, cuando estaba ingresada en el Hospital Clínico de Valencia, junto a su marido, ambos afectados por el Covid-19. Garcés les llamó para transmitirles la noticia, pero todo quedó entonces en el aire por su estado de salud. Fue un tiempo más tarde que la mujer dimensionó la importancia de la noticia. “Este tema que ahora se reactiva, 10 años más tarde, nunca me quitó el sueño, como sí me pasó con la recuperación del cuerpo de Antoni, que siempre estaba presente en mi cabeza”, dice. Era su único hermano, cuatro años mayor que ella. “Aún así, prefiero que se reabra a que permanezca cerrado”, añade.
Tampoco para Maria Alsina, la plata con que la pueda indemnizar el Banco de Chile no tiene ninguna trascendencia. De hecho, asegura que “como familia deberíamos de renunciar a este dinero porque mi hermano siempre renunció a su pago como cura”. La mujer, de 67 años –12 más que su hermano, detenido por los militares en el Hospital San Juan de Dios, donde trabajaba– dice que aunque recibió la noticia “con ilusión, siempre es un tema que remueve, porque han pasado casi 50 años pero no se olvida”.
Laura González-Vera recuerda, desde Santiago, que cuando Joan Garcés le propuso ser parte de la acción judicial contra el Banco de Chile, “estábamos en un punto [como familiares de víctimas de la dictadura] que lo único que queríamos era esclarecer, esclarecer y esclarecer”. En su opinión, “dentro de este proceso político hay un trasfondo económico y hasta entonces Pinochet se presentaba como un hombre que había cometido todo tipo de atrocidades, pero que era honrado [con el dinero]. Esto demuestra que, además de un asesino, era un ladrón”, recalca.
La esposa de Soria, que pasó 40 años en España tras la muerte de su marido, donde dice que “recibió una ayuda infinita”, comenta que “si bien la causa de la familia fue la de buscar justicia por Carmelo, el tema de la plata también es parte de todo esto, no es secundario”. Con 89 años, hace cuatro que regresó nuevamente a Chile, donde residen sus hijos, nietos y bisnietos.
En los últimos días y tras la llegada de la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional española, los querellados han intercambiado varios escritos con la justicia para resguardarse de la arremetida judicial. Según publicó La Tercera, el representante del Banco de Chile, Raúl Tavolari, presentó un escrito en el que sostiene que “los tribunales españoles son incompetentes para conocer los hechos” y que “desconocer la competencia y jurisdicción de los tribunales nacionales importaría una vulneración del orden público chileno”.
Por su parte, la defensa de Pablo Granifo, que encarnan los abogados Carlos Balbontín, Hugo Rivera y Waldo Bown, expuso a la Suprema que la decisión de reabrir el caso “se ha dictado bajo supuestos equivocados o incompletos” y rechazó la conclusión que saca la justicia española de que nunca se investigaron ni juzgaron los hechos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales: “La causa 1649-2004 consta de varios cuadernos, entre los cuales está el cuaderno separado de ‘Alzamiento de bienes y otros’, que es el que contiene la extensa y completa investigación sumarial de los hechos objeto de la querella que la Fundación española Presidente Allende dedujo 28 de abril de 2005″, señaló el medio.
Los primeros indicios de la implicación del Banco de Chile en el presunto alzamiento de bienes de Pinochet se detectaron en la investigación que el Comité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos llevó a cabo tras la detención del dictador en octubre de 1998 y el posterior embargo de todos sus bienes que el abogado Joan Garcés solicitó para garantizar la responsabilidad civil con las víctimas, explicó el propio Garcés en entrevista con La Red. Ese fue también el origen del caso Riggs. Según comentó el abogado, la Fundación Presidente Allende interpuso querellas tanto en Chile como en España por los delitos económicos. En 2005 lo hizo en Santiago por alzamiento de bienes en contra de Pinochet, Lucía Hiriart y Oscar Aitken, albacea del dictador. Fue aceptada a trámite en primera y segunda instancia, pero la Corte Suprema la sobreseyó al considerar que los Tribunales de Chile no pueden investigar los actos cometidos en Chile de alzamiento de los bienes de Pinochet embargados por el Tribunal español a fin de indemnizar a las víctimas.
En España, la querella (ampliada a Pablo Granifo y el Banco de Chile y sus filiales) fue presentada en 2007 y “desde entonces se sigue la investigación siempre en relación con los hechos no [ocurridos] en Chile, porque está la puerta cerrada, sino en relación a los hechos de alzamiento de y blanqueo de capitales cometidos en Estados Unidos”, indicó Garcés. Según explicó, cuando en 2010 llegó a Chile el requerimiento judicial español, la estrategia de defensa del Banco de Chile fue llevar a cabo una “estafa procesal”, es decir, “convenció a los jueces de que los hechos que se investigaban en España eran los mismos que se investigaban en Chile en el caso Riggs (relacionado con malversación de fondos públicos, otro delito)”. La Corte Suprema informó al tribunal español y, por consiguiente, este declinó su jurisdicción en favor de la chilena. En enero de 2021 el tribunal español “se dio cuenta de que los hechos eran distintos y las personas también eran distintas” –explicó Garcés– y decidió reabrir la investigación en España porque en Chile no se han investigado estos hechos.
“Si no hubiésemos insistido a la justicia, este caso se hubiese cerrado, como querían hacer con la causa de mi hermano en 1998, que llegaron a cerrarlo hasta 14 veces por falta de pruebas”, dice Josefina Llidó. “Ha sido un camino muy largo. Yo partí con 44 años recién cumplidos, estoy lista para morirme, y siguen saliendo a la luz atrocidades de todo tipo”, añade Laura González-Vera. La mujer confía que el máximo tribunal dará curso a la demanda de la Audiencia Nacional española: “La Corte Suprema tiene que responder a instancias internacionales porque Chile ha suscrito tratados de derecho internacional y la justicia se ha globalizado, de alguna forma, estarán obligados”.
Según detalló Garcés, en 2009 el Ministerio Público español cuantificó la responsabilidad del Banco de Chile por presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en 100 millones de dólares.
Lee aquí la resolución de la Audiencia Nacional de enero de 2021 y la comisión rogatoria enviada a Chile el 7 de julio:
Comisión rogatoria y resolución Audiencia Nacional española enero 2021
