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El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, que presentó un oficio a Contraloría para que investigue los criterios utilizados por el Minsal para seleccionar a las dos agencias como gestoras exclusivas de los hoteles de tránsito, asegura que, de detectarse alguna irregularidad, «dependiendo de la falta, entramos en temas judiciales o responsabilidades políticas».
La polémica por la contratación sin licitación alguna de dos agencias de viajes dirigidas por ejecutivos que han mantenido vínculos empresariales con el presidente Piñera llegó hasta la Comisión de Salud de la Cámara. Su presidente, Miguel Crispi (RD) presentó hace unos días un oficio a Contraloría para que investigue los criterios utilizados por el Ministerio de Salud para la selección de Cocha y Travel Security como gestoras exclusivas de los hoteles de tránsito que utilizan chilenos y residentes que ingresan al país en esta fase de la pandemia.
En entrevista con El Desconcierto, el parlamentario asegura que, de detectarse alguna irregularidad, «dependiendo de la falta, entramos en temas judiciales o en responsabilidades políticas«. Si bien es partidario de que la cuarentena de llegada se lleve a cabo fuera del domicilio, con mayor fiscalización, considera que los estudiantes que regresan a Chile deberían confinarse en las residencias sanitarias, que corren a cargo del Estado, porque los jóvenes «vuelven con lo puesto». Critica la poca transparencia del Gobierno y, en particular, del ministro Paris en la estrategia del fortalecimiento de fronteras y asegura que de su parte –desde el poder legislativo–, tiene «las manos bastante atadas» para promover cambios.
¿Por qué decidió presentar el oficio ante la Contraloría?
Es parte de nuestras labores como fiscalizadores. Es un tema que a mi me llama la atención porque los ingresos que tuvieron las dos cadenas de turismo [Cocha y Travel Security] como parte de una estrategia sanitaria son muy abultados. Durante más de tres meses y medio tuvieron cierto monopolio en relación a las cuarentenas de las personas que ingresaban al país, que eran de cinco días. Eso hoy ya no se está haciendo, por lo que no se entiende cuál es el criterio sanitario de haberlo realizado de esta manera en aquel momento. Solicitamos conocer los criterios y las razones mediante la cual se adjudicó esta licitación sin concurso público a estas dos empresas. Nos interesa despejar todas las dudas por si hubo algún conflicto de interés o algún negocio encubierto en una materia que es muy sensible para la población y que requiere plena transparencia y claridad de que las cosas se hicieron bien.
¿Cuál es el recorrido del oficio ahora?
No sabría decir, porque cuando se solicita información por transparencia hay plazos establecidos, pero cuando se pide el oficio a Contraloría no es así. Espero que, dado que es un tema bien contingente, puedan revisarlo y dar una respuesta clara, pero no podría dar una fecha.
¿Qué acciones se pueden emprender en caso de que se demuestre que había conflicto de interés o que el cambio de criterio fue arbitrario?
No se si es bueno adelantarse tanto, pero acá hay una situación de permanentes tomas de decisiones que están al límite de la norma. Por ejemplo con espacio Riesco, que fue la primera gran polémica, en la que al final se vio que se arrendó un lugar a un precio exorbitante al que no se dio todo el uso; y otras situaciones de este tipo con las licitaciones que le generan problemas al Ministerio. El ex subsecretario de Redes [Arturo Zúñiga] salió y no alcanzó a dar cara por esto y hoy es delegado constituyente. Por lo que nos interesa tener una visión oficial de Contraloría porque, si hay una irregularidad, dependiendo de la falta, entramos en temas judiciales o en responsabilidades políticas.
En cualquier caso, lo que se sabe es que no hubo licitación y que las dos agencias están dirigidas por personas con algún vínculo con el presidente Piñera. Más allá de la respuesta del fiscalizador, hay un tema al menos cuestionable en ese punto.
La justificación que dieron es que había solo cuatro empresas en el aeropuerto, que a las cuatro se les consultó si querían ser parte de este negocio y que dos respondieron. Tienen una comisión de un 20%. Esto da cuenta de que hay un Gobierno que falta en comprender su rol público. Independientemente de que en estado de excepción es posible hacer contrataciones sin licitación, también hay ciertos criterios de sentido común de cómo hacer las cosas. Aquí vemos un negocio millonario en que dos empresas muy dominantes de la industria del turismo se llevan una licitación millonaria por nada. Y si además hay vínculos con el presidente, es importante que Contraloría lo esclarezca y diga que, efectivamente, no hubo conflicto de interés ni un procedimiento irregular.
Esta semana ha enviado una carta a la subsecretaria Paula Daza solicitando que los estudiantes puedan hacer la cuarentena en residencias sin costo porque gran parte de la gente que quiere entrar ahora al país son estudiantes que no tienen dinero para pagar los hoteles de tránsito. ¿Qué respuesta espera obtener?
Pedimos una reunión a la subsecretaria, pero hasta el momento nos señaló formalmente que lo están trabajando pero no hemos tenido la reunión. Esperamos que se razone este problema: es muy distinto una persona que viaja por turismo o por negocios, que va a tener que ir a un hotel y pagarlo, del caso de los estudiantes. Ellos no vuelven forrados, vuelven con lo puesto. Muchos no tienen la posibilidad de pagar eso y, además, hay el problema de que se les terminan sus visas de estudiante en el extranjero. Si son jóvenes que salen a estudiar y que, en el caso de los becarios, van a hacer una apuesta que también hace el país, lo razonable es que les permitamos realizar la cuarentena en residencias sanitarias, que son gratuitas.
Muchos piden hacer la cuarentena en el propio domicilio porque acusan que los hoteles de tránsito tienen mal servicio por el precio tan alto que cobran, sobre todo en relación a la comida. ¿Ve viable la opción de hacer una cuarentena domiciliaria?
Es difícil porque hay un bien superior que es el control de la pandemia, pero la solución alternativa es la residencia sanitaria. El control de las fronteras en relación al ingreso de nuevas cepas y a la trazabilidad es un tema muy delicado en la estrategia sanitaria. Hacer una excepción podría generar un daño mayor. La solución intermedia para mantener el control sin cargar con el costo a los jóvenes es la residencia sanitaria.
Otras de las quejas de quienes regresan es el procedimiento y el trato que reciben en el aeropuerto. El ex ministro Mañalich habló de la posibilidad de que haya un brote epidemiológico en el aeropuerto. ¿Qué opina?
Ha sido bien complejo el manejo del aeropuerto. El gobierno, cuando se siente pillado en alguna noticia, es cuando comienza a dar explicaciones. Pasó así con los primeros ingresos de variantes Delta, que tuvieron un control vergonzoso, y más vergonzosas fueron las respuestas del Gobierno para dar explicaciones de lo ocurrido. El Gobierno anunció un fortalecimiento de las fronteras, pero no sabemos de cuántos recursos estamos hablando ni cuántos funcionarios adicionales hay. Sobre las acciones concretas que se tomaron para ese control pregunté al ministro [Paris] en la interpelación en qué se invirtieron esos recursos, pero no me contestó. Hay muchas cosas con las que se hacen anuncios pero luego se pierde la pista de lo que se ha hecho.
Los chilenos y residentes que entran a Chile alegan de largas filas, hacinamiento durante horas, mientras paralelamente los obligan a presentar su PCR negativo; además critican el trato que reciben de los agentes de la Seremi y el Minsal. ¿Haría falta un cambio de medidas en el aeropuerto?
Se anunciaron recursos para fortalecer el control de las fronteras pero no tenemos conocimiento sobre en qué se ejecutaron estos recursos. Si uno quiere tener un mayor control, eso implica un gasto, no es solo una decisión administrativa. El gobierno anuncia cosas y no las concreta. Se pueden hacer muchas cosas en torno al cuidado de las fronteras, de los aeropuertos y los tiempos de espera, pero no sabemos concretamente qué significó este plan de fortalecimiento de las fronteras.
¿A nivel político y como presidente de la Comisión de Salud, pueden presionar de alguna manera para que mejoren las condiciones de chilenos y residentes que quieren entrar a su país?
Esto es un problema en el que desde el poder legislativo tenemos las manos bastante atadas, es parte del excesivo presidencialismo. Hay muy poca incidencia en temas de carácter administrativo. Esto se debe haber oficiado y se ha comentado en la Comisión de Salud, pero es muy difícil generar efectos y cambios en la política sanitaria. Nosotros hemos tenido un permanente conflicto con el Minsal porque cada uno de los comentarios o sugerencias que se hacen en términos de mejorar, se toman como ataque.
Sobre el oficio que hicieron llegar al ministro Paris por las quejas de los alcaldes por la cantidad de vacunas, ¿han tenido respuesta?
No. Sumado a eso, los alcaldes le entregaron una carta al ministro. Me reuní con los alcaldes de Maipú, Ñuñoa y La Pintana y la situación es similar: no hay coordinación ni información respecto al flujo de vacunas. Un día puedes tener 250 vacunas, al día siguiente más y después menos y eso complica a la Atención Primaria para poder comunicar de buena manera a la comunidad la disponibilidad de vacunas. Eso genera mayor ansiedad, personas que no logran vacunarse el día que le toca, después van y ya no le toca porque ese día es para los rezagados, etc. Reconociendo el trabajo del Gobierno en relación a la disposición de vacunas, hay un problema en relación a la coordinación y comunicación que está generando incluso focos de violencia en los consultorios. Las personas llegan con ansiedad para vacunarse y cuando el funcionario dice que no se puede, muchas veces lo que recibe de vuelta son golpes.
Esta semana el Gobierno ingresó el proyecto para el cambio de Código Sanitario, y ha sido muy aplaudido. Sin embargo, algunos gremios como las matronas se quejan de que perderían entre el 60 o el 70% de sus funciones actuales y aumentaría la espera de las atenciones. ¿Cómo se va a resolver eso?
Después de que el Gobierno haya ingresado el proyecto con 11 meses de atraso, lo que correspondía era empezar a votarlo. Sin embargo, en la Comisión de Salud acordamos de manera transversal detener la tramitación para volver a conversar con las organizaciones. El lunes 30 de agosto vamos a tener una sesión larga de la Comisión para reunirnos con las organizaciones y escucharlas. No hay que esquivar ese bulto y es un tema complejo. Se tratará de buscar la mayor armonía posible para dar garantías laborales a los trabajadores y, por otra parte –y este es el bien mayor–, entregar la mejor atención posible a los pacientes. El Gobierno no logró anticipar de buena manera estos conflictos, pero nosotros vamos a convocar a las organizaciones y ver si hay algún camino común.
