Manuela Royo. |
La abogada y activista por los derechos humanos y territoriales profundiza sobre los principales debates que se han dado al interior de la comisión que hoy coordina y los principios que deben regir al nuevo texto constitucional. Entre ellos, asegura que darle el espacio a las comunidades más excluidas de la sociedad, como las personas privadas de libertad y en situación de calle, es imprescindible.
Ha sido abogada de comuneros mapuche, como de los hermanos Catrilaf, absueltos en el caso Lucksinger-Mackay, y querellante en el caso Catrillanca. Así también, integra el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente (Modatima). Con ese enfoque, hoy, la abogaday convencional por el distrito 23, Manuela Royo, asume el desafío de coordinar la comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la Convención Constitucional.
Para ella esta es la oportunidad de darle una bajada concreta y transversal a los derechos humanos en la redacción del nuevo texto constitucional, desde los principios éticos hasta en las actividades económicas, como la minería y la industria. Nada puede quedar, explica, fuera del manto de los derechos fundamentales.
Esa es la tarea que asumió y desde ya destaca la jornada que tuvieron durante este miércoles al Centro Penitenciario Femenino (CPF), de San Joaquín, que impulsará a la comisión a visitar otros espacios donde puedan recoger las opiniones y miradas de las comunidades excluidas.
“Algo muy relevante es cómo las propias organizaciones van conceptualizando el camino de los derechos humanos que tenemos que seguir”, sostiene a El Desconcierto.
-¿Cuál el desafío personal que tienes como coordinadora?
Que se garantice en todo el texto constitucional y en todas las prácticas propias de la Convención la perspectiva de derechos humanos, que son inalienables, desde una concepción de la intervención y la interdependencia. Hay un valor intrínseco que no se puede desatender en temas de propiedad, en minería, en desarrollo económico. No podemos estructurar el Estado sin pensar en los derechos humanos. Nuestro principal objetivo es establecer la importancia de la interdependencia en los derechos, la importancia de la dignidad y plasmar el valor intrínseco que existe en la naturaleza, los ecosistemas y la vida humana.
-Este miércoles se desarrolló una sesión histórica en la cárcel de mujeres, donde se recogieron sus miradas sobre el proceso constitucional. ¿Cómo garantizar el derecho de las personas privadas de libertad a participar?
Sí, primero, me gustaría hacer énfasis desde dónde proviene esta propuesta. Se da precisamente cuando a partir del Observatorio Social Penitenciario se propone la idea de que la comisión pueda sesionar al interior de un recinto penitenciario. Es en base a esta propuesta de la sociedad civil que la comisión toma la determinación de hacer una sesión al interior del Centro Penitenciario Femenino, se hacen las gestiones con Gendarmería y ayer, junto a una comitiva, pudimos concurrir al centro y reunirnos con diez internas. Con ellas trabajamos en torno a las expectativas que tienen con la Constitución, sobre lo que esperan del proceso. Conversamos de la importancia de la Constitución y salieron distintas temáticas y propuestas de ellas. Esto se enmarca en una propuesta de participación de los derechos humanos en la que consideramos que las personas privadas de libertad, si bien están en estas condiciones, no significa que pierdan su dignidad como personas, ni pierdan sus derechos políticos, como el derecho a voto. Es decir, tienen que participar de este proceso constitucional en el que todas y todos deben ser parte de los derechos colectivos y cómo queremos llevar adelante el proyecto que estamos levantando como país.
-¿Tienen pensando sesionar en otros lugares?
Desde ya tenemos un compromiso con todas las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle para poder sesionar con ellas, que han sido de las más excluidas. Esto es para conocer distintas realidades. Vamos a seguir ingresando a distintos recintos penitenciarios por los buenos resultados que tuvimos el día de ayer. En ese contexto, hemos pensado sesionar en la calle y con personas privadas de libertad que representan los grupos de mayor exclusión social.
-¿Qué rol debe cumplir, bajo tu criterio, la comisión de DD.HH para hacer de puente en lo que quede establecido luego en la Constitución?
Mira, ahora nos encontramos ese tipo de documentos y de decisiones, principalmente, en torno al carácter que tiene que tener una comisión definitiva de derechos humanos, qué enfoques, principios y perspectivas debe incorporar, de qué forma vamos a llevar los documentos que han sido elaborados por la sociedad civil, que también son parte de este marco general. También cómo vamos construyendo colectivamente este espacio de definición de los derechos humanos que provenga desde el derecho internacional, del derecho comparado, de lo que propone la academia. Pero, además, algo muy relevante es cómo las propias organizaciones van conceptualizando el camino de los derechos humanos que tenemos que seguir y, por ejemplo, desde los relatos históricos tenemos una perspectiva sobre las medidas de reparación a los pueblos originarios. Aquí es importante incluir a los pueblos tribales y afrodescendientes durante este proceso constitucional. Tenemos propuestas respecto a los colectivos de personas sordas y, así, muchas cosas que se han ido definiendo durante las sesiones y en lo que nos van entregando las propias organizaciones, como lo han manifestado, por ejemplo, las personas que trabajan en la cultura y sus derechos.
–La comisión de Ética hace unos días aprobó la definición de “negacionismo”, como cualquier acción que minimice o justifique violaciones a derechos humanos, también lo planteó en el caso del genocidio cultual. ¿Llevan un trabajo conjunto con esta comisión?
Bueno, estamos justamente precisando cómo es que se le va a dar una coordinación y transversalización desde la perspectiva de derechos humanos a las otras comisiones. Esto tiene que ver no solamente respecto a temas éticos, sino que en pensar cómo se resuelven los derechos humanos en el sector de la minería, los derechos ambientales, con la propiedad, con Fuerzas Armadas. Estamos pensando en cómo podemos realizar una coordinación permanente para trabajar temas de fondo. Tenemos un mandato para realizar aquello y es lo que tenemos que elaborar. Por eso, estamos discutiendo el mejor mecanismo, que sea integrador, participativo y democrático respecto a estas decisiones.
-Que el convencional y ex almirante Jorge Arancibia esté en la comisión de DD.HH. ha sido muy cuestionado, sobre todo por familiares de detenidos desaparecidos por su rol en la dictadura, como edecán de Pinochet. ¿Cómo se deben dar a tu juicio estos debates?
Creo que es muy sano y positivo que tengamos la capacidad, no solamente dentro de la Convención, sino como sociedad, de definir hasta qué punto que quienes han sido parte de la dictadura tengan responsabilidades por su participación y qué queremos respecto a eso. Como lo hemos dicho, son 30 años en que se adoptaron medidas de transición negociadas donde aún existe silencio, donde todavía hay personas que no han obtenido justicia. Son temas muy relevantes y creemos que lo que pasó con Arancibia, más allá de trascender de una política particular, nos hizo situarnos a un nivel potente de discusión por las deudas pendientes y por mecanismos de no repetición y de reparación.
-En estos días se presentó un requerimiento a la comisión de ética por hostigamiento y discriminación y, además, una declaración por violencia que han sufrido mujeres activistas y convencionales. ¿Qué situación están enfrentando?
Sí, ha pasado que en estas semanas hemos llegado a límites de situaciones que han generado mucha odiosidad. En mi caso, por sectores de integrantes del Partido Republicano que en su página pusieron mi perfil, como videos cortados y desde ahí recibí muchas amenazas a mi persona. Pero eso no solamente me pasa a mí. Les ha pasado a muchísimas compañeras, entre ellas a la machi Francisca Linconao, que han sido objeto de ataques de muchos sectores, de ataques racistas coloniales, patriarcales y machistas, que queremos desterrar de nuestra sociedad. Es muy importante no permitir estas actitudes hacia nuestras compañeras y con el aporte de organizaciones territoriales estamos en una campaña de solidaridad para poner fin a esa violencia a las defensoras de la naturaleza y los derechos humanos.
-¿Cómo debería actuar la convención frente a esto?
Bueno, hay que identificar quiénes utilizan la violencia política como mecanismo, como recurso racista y para discriminar. Me parece que la machi tiene mucho sentido cuando presenta su requerimiento planteando, por ejemplo, que la discriminación se da ante el uso del mapudungun. Son cosas que están lejos de ser menores. La Convención nos lleva a pensar en la violencia política e identificar desde dónde proviene, cuáles son los objetivos y sentarnos a ver las problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con las publicaciones en redes sociales, que sigue siendo política y desde ahí debe ser abordada.
-Has llevado la defensa de casos de comuneros mapuche, algunos que hoy se encuentran encarcelados. ¿Se ha abordado la prisión política y los alcances que debe tener en la nueva Constitución?
Sí, es un tema muy importante que se ha hablado especialmente en la comisión de Verdad, en el caso de las víctimas del Estado en el estallido social, de las personas con traumas oculares. Ha sido algo recurrente. Cuando nosotros hacemos este compromiso, la sistematización de los testimonios, nos dimos cuenta que necesariamente tenemos que hacernos cargo, establecer y graficar cómo el Estado ha sido un dispositivo de violación de derechos humanos y, además, que siguen existiendo situaciones pendientes de presos y presas de la revuelta, personas que han perdido la vida, que han perdido sus ojos. Tenemos que plasmar aquellas demandas de las organizaciones en este espacio político y también de las organizaciones internacionales que han manifestado lo mismo, como la propia ONU.
