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Conflictos ambientales: Territorios indígenas y comunidades pobres son los más afectados

Por: Natalia Riquelme y Daniel Lillo | Publicado: 09.09.2021
Conflictos ambientales: Territorios indígenas y comunidades pobres son los más afectados |
Según datos del INDH, durante la última década se han registrado al menos 69 conflictos socioambientales en Chile. De ellos, el 81,16% ocurre en comunidades en donde el desarrollo humano es de nivel bajo o medio, mientras que un 34,78% afectan a territorios indígenas. Desde la creación del Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) y la Superintendencia del Medio Ambiente, se han ingresado un total de 10.955 proyectos al SEIA por un monto de inversión que alcanza los US $554.130 millones. Estudios y expertos apuntan a la inacción del Estado ante estos conflictos, que enfrentan a intereses productivos como el energético o el minero con los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

En enero del 2010, la expresidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 20.417 que permitía la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Junto con la cartera ministerial se creó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Medioambiental (SEA), lo que prometía mayor fiscalización a proyectos con impacto medioambiental y social. Pero lo cierto es que desde entonces, los conflictos medioambientales y sociales continuaron. 

Durante la última década se han registrado crisis medioambientales tales como la masiva intoxicación de la comunidad de Quintero y Puchuncaví o la extrema escasez hídrica que viven los habitantes de Petorca. En ambos casos, la Corte Suprema ha reconocido el incumplimiento de deberes por parte del Estado y las respectivas instituciones en torno a materia medioambiental. 

Para este reportaje se analizó caso por caso los registros de conflictos socioambientales publicados por el Instituto de Derechos Humanos desde enero del 2010 hasta el presente año. Estos registros sirvieron para confeccionar una base de datos con las particularidades y tendencias de aquellos proyectos que tuvieron y tienen impacto en las diferentes comunidades aledañas. También se consultó los diferentes registros públicos de las instituciones encargadas de la fiscalización y regulación de materia medioambiental como el Servicio de Evaluación Medioambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).

Según datos del INDH, durante los últimos 10 años se han registrado, a lo menos, 69 conflictos socioambientales en el país. Residuos, emisiones e inmisiones de material contaminante, contaminación y uso de recursos naturales, exploración y explotación por parte de grandes industrias son algunos de los causantes de estos conflictos. La mayor parte de estos enfrentamientos se deben a actividades de saneamiento ambiental (manejo de residuos) o actividades productivas como la minería y la generación de energía eléctrica. De los 69 casos localizados, 48 aún están en estado activo o latente y de ellos 37 afectan a comunidades con bajos índices de desarrollo humano. 

Otros indicadores alarmantes son el porcentaje de proyectos en conflicto en zonas de escasez hídrica (25%) o en territorios indígenas (37,8%). Derechos fundamentales como el acceso al agua o a un medioambiente libre de contaminación son vulnerados a los habitantes de estas comunidades. 

A más de una década de la reforma: el panorama no cambia 

Una mayor y más compleja fiscalización era lo que prometía la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 2010. Instituciones modernas dedicadas a la fiscalización además de una renovación de exigencias medioambientales que debían implementar las grandes empresas parecía ser el camino para combatir los conflictos medioambientales que afectan a comunidades y recursos naturales. A pesar de esta modernización de instituciones, durante los últimos 10 años los conflictos medioambientales han aumentado un 7,8% (64 se registraron la década pasada contra 69 contabilizados desde el 2010 hasta este año)

Según el informe de Derechos Humanos en Chile del INDH de 2018 la normativa ambiental ha presentado progresos durante el tiempo que lleva implementándose. Aún así, el mismo informe destaca la crisis medioambiental que se ha dejado ver durante los últimos años en las llamadas “zonas de sacrificio”.  

Javiera Valencia, geógrafa e investigadora asociada de la Fundación Terram, organización dedicada al análisis crítico de políticas públicas ambientales, estudiando entre ellos la relación de derechos y justicia ambiental, asegura que la institucionalidad ambiental chilena es muy débil, principalmente porque es una institucionalidad muy joven, de menor importancia y muy influenciada por tomar decisiones en torno al mercado, las finanzas y el sector privado, además de que el Ministerio del Medio Ambiente solo coordina y no tiene mayor potestad en las decisiones ante proyectos de inversión que impactan los ecosistemas, territorios y comunidades.

Uno de los grandes sectores económicos que genera conflictos socioambientales, es el sector energético. Javiera plantea que las formas de producir energía contaminan, incluso las renovables no convencionales: “La pregunta de fondo es para qué queremos obtener energía. En Chile la demanda de energía es por el modelo de desarrollo, que no es domiciliario ni de peatón. Es un modelo de desarrollo extractivo en base a materias primas que lo que necesita es energía para extraer las materias y después exportarla, ni siquiera para producirlas acá”.

La investigadora piensa que el hecho de que los conflictos se desarrollen en comunidades de bajo y medio desarrollo humano tiene un vínculo empresarial. Por un lado, ya que una política empresarial no instalará una carbonera en Las Condes ni en La Dehesa ni donde viven los dueños de estas empresas: “Pero por otro lado tienes una decisión política que puede ser una no decisión, una inacción, que es el aceptar los permisos ambientales en determinadas comunas (…) Las autoridades locales creen y piensan que esto les va a traer desarrollo, pero es un desarrollo en base a la contaminación que en la práctica es pan para hoy, hambre para mañana”. Actualmente, el 77% de los conflictos de la última década, activos o latentes, tienen lugar en sectores de bajos recursos. 

Desde la creación de la nueva normativa ambiental, todos los proyectos industriales deben someterse a un proceso de evaluación ambiental a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Desde el año 2011 se han ingresado un total de 10.955 proyectos por un monto de inversión total de US $554.130,5 millones. En cuanto a proyectos ya finalizados, el Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA) ha publicado 30.235 expedientes de fiscalización, de los cuales solo 1.548 se han llevado a proceso sancionatorio. De las 662 sanciones finalizadas, el sector minero es por lejos la actividad que ha debido desembolsar más dinero en pago de multas con un total de 52.619 unidades tributarias anuales (UTA), alcanzando un 61,6% del total de multas cursadas desde el 2013. 

Esta problemática se acentúa en contexto de emergencia climática y escasez hídrica. Según datos obtenidos desde el registro del INDH, uno de cada cuatro proyectos en conflicto se desarrolla en zonas de escasez hídrica y uno de cada tres en territorios indígenas. (Infografía de elaboración propia aquí: https://infogram.com/conflictos-ambientales-1hmr6g7799vgz6n?live

 

El rol estatal: Fallas y cómo repensar su función en la nueva constitución

El estudio “Los territorios que habita(re)mos: ¿Qué futuro existe para las zonas de sacrificio?” de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, menciona que el Estado de Chile ha incurrido en un abandono de estas zonas, donde los conflictos socioambientales han llegado al nivel de afectar gravemente, y en algunos casos hasta de manera irreversible, los derechos fundamentales de comunidades como Quintero y Puchuncaví, Tocopilla o Coronel. 

El 2019 se dio a conocer un histórico fallo de la Corte Suprema donde se acogió una serie de recursos de protección interpuestos por los vecinos y organizaciones ambientalistas que acusaban a empresas e instituciones del Estado por la masiva intoxicación de pobladores el año 2018. En la resolución se puede leer “(en cuanto a la responsabilidad del Estado en el caso)… a los segundos, en general, el incumplimiento de sus deberes en esta materia, sea por no adoptar medidas de prevención, sea por no ejercer sus deberes de control, de sistematización de la información pertinente, de fiscalización y de represión de conductas ilícitas conferidas por el ordenamiento jurídico, resultando evidente además, según se reprocha, que no actuaron de manera coordinada”.  (Fallo completo en el siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1nX0iyEMSgO6GOhumdsd5RsN9PeS13WV8aHvdO0amJsg/edit?usp=sharing

Para Camila Zárate, constituyente por el distrito 7 y parte de la bancada eco constituyente, el problema institucional se debe a las limitaciones de las instituciones ambientales para regularizar y fiscalizar a las empresas que instalan grandes proyectos en comunidades. “Lo que pasa con este sistema de evaluación de impacto medioambiental es que está exclusivamente dirigido a la aprobación de los proyectos. Porque responde a una mirada de desarrollo extractivista que se instaló en nuestro país. Y que se fue acentuando con el avance del desarrollo industrial en los territorios, generando estos polos de desarrollo en los 70 y que hoy son los llamados territorios de sacrificio en donde se entendió que ciertas partes tenían que sacrificarse en pos del desarrollo del país”, asegura. 

La constituyente analiza que los conflictos socioambientales en Chile se dan por variados y complejos factores, tanto institucionales como de la concepción que se tiene de la naturaleza. Es por esto mismo que la dirigente cree que los derechos medioambientales se pueden abordar desde dos perspectivas para integrarlos en la Nueva Constitución: “Una tiene que ver con una perspectiva más bien antropocéntrica, la que considera este derecho como uno que se da desde los Derechos Humanos. Este es el que tenemos ahora y nosotros vamos a reformular, ya que establece el derecho que tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es un derecho bastante restringido, no solamente porque está establecido al ser humano, sino que también por el hecho de que el término contaminación depende de la superación de ciertos parámetros que están establecidos por ciertos expertos. El problema es que cuando hablamos de contaminación, tenemos que echar ojo a las normas que existen, en otros términos, es igual a decir que los técnicos determinan qué es lo saludable o lo permitido, para mantener nuestro sistema económico. Es una fórmula bastante perversa en tal de que haya desarrollo”, concluye Camila.

Por otro lado, Zárate expone que es necesario que en el marco legislativo a la naturaleza se la reconozca como un sujeto de derecho para su conservación. “A diferencia de la (perspectiva) anterior, que nace de la relación entre el ser humano y la naturaleza, esta estima que la naturaleza es superior al ser humano por su presencia en el espacio tiempo. En este sentido la naturaleza tiene derecho a existir independiente de nosotros, y nosotros le hemos generado un daño. De esa relación nace una suerte de obligación en restaurarla, ya que la naturaleza ha visto vulnerado su derecho. En Chile hemos tendido a cosificar la naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico. Con esta perspectiva queremos introducir una nueva mirada en la Constitución, dotarla incluso de una característica central, más allá de un elemento técnico de salud, tal como lo hacen algunas de nuestras comunidades con su cosmovisión. La naturaleza está al centro y debemos reconocerla y agradecerle; no podemos, por ende, destruirla y afectarla de sobremanera, algo distinto al sistema que hoy tenemos que es antropocentrista y responde a una mirada económica extractivista”, añade la constituyente. 

Actualmente existe un proyecto de ley de reforma constitucional que busca reconocer los “derechos de la madre tierra”. El proyecto presentado por la diputada PPD, Cristina Girardi, considera reconocerle diversos derechos al medioambiente como por ejemplo el derecho a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, a la restauración, a vivir libre de manipulaciones genéticas, entre otros. La reforma constitucional fue presentada el 23 de abril del presente año y aún se encuentra en su primer trámite legislativo.

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