Los dueños del subsuelo: Especuladores inmobiliarios bajo nuestros pies

¿Qué pensaría usted si se enterara que gran parte del subsuelo del centro de Concepción tiene dueño? La laguna Tres Pascualas, el Cerro Amarillo, la Plaza Condell y varias cuadras con casas, edificios y locales comerciales están bajo una concesión que, según la ley, permite explorar los recursos naturales que están bajo nuestros pies. Pero, ¿cuáles son los reales objetivos que tiene una inmobiliaria que compra los derechos mineros de un paño de la  ciudad donde viven miles de personas?

La actual legislación del rubro fue creada en la década de 1980, y establece que cualquier territorio y pedazo del subsuelo chileno está sujeto a ser concesionado con fines mineros. Sin embargo, empresas dedicadas a la producción de electricidad, a la industria inmobiliaria e incluso particulares, utilizan la propiedad minera para proteger sus intereses, como la Inmobiliaria PY S.A., que es dueña de un área del subsuelo importante de la ciudad penquista. Posee 200 hectáreas (equivalentes a 185 canchas del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos) que abarcan, además de los hitos mencionados, más de 100 manzanas y parte de las avenidas Los Carrera y Paicaví (ver imagen 1).

Este fenómeno se produce debido a que una persona puede ser dueña del terreno superficial, mientras otra es propietaria de los minerales que se encuentran bajo ese sitio, es decir, coexisten dos derechos de propiedad para un mismo predio. En ese sentido, “la Constitución chilena establece la dominancia del titular de los derechos mineros, lo que significa que el dueño de la tierra superficial está obligado a permitir el acceso al titular de derechos mineros”, afirma el abogado Agustín Martorell, autor del estudio “Titulares de Derechos Mineros y Energías Renovables en Chile: Un Conflicto No Resuelto”.

La inmobiliaria PY S.A obtuvo una concesión minera de exploración, por lo que se encuentra supuestamente estudiando el subsuelo del terreno para desarrollar un proyecto en el futuro. La empresa pagó $5.200.600 por 200 hectáreas de importantes zonas del territorio de Concepción, y con dicho pago puede impedir cualquier tipo de obra que se realice en el subsuelo como, por ejemplo, algo tan usual como la limpieza de alcantarillas.

Una concesión de exploración dura cuatro años como máximo. Sin embargo, el especulador puede cambiar el nombre del titular al de un trabajador, familiares, amigos, o abogados que sean parte de la organización, utilizándolos como palos blancos para así mantener el derecho minero dentro de su pertenencia hasta que estén seguros de adquirir la concesión de explotación, la que dura indefinidamente. Según Martorell, “el titular del derecho minero está obligado a explorar o explotar el terreno, sin embargo, no existe un estatuto o regulación que lo obligue en la práctica, por lo que, esta norma no tiene efecto alguno”.

EL SUBSUELO CONCESIONADO 

Durante el 2019, la noticia de un mecánico que obtuvo los derechos sobre el subsuelo de algunas zonas urbanas de Puerto Montt llamó la atención de la opinión pública, ya que en estos terrenos está construido el edificio de la Gobernación Regional, la catedral de la ciudad, la Corte de Apelaciones e incluso la Plaza de Armas, en predios que suman 57 hectáreas. Lo más preocupante es que esta situación no se hubiese conocido de no ser por la oposición del concesionario minero a la reconstrucción de una pileta en la capital de Los Lagos.

Ésta es una práctica realizada durante años por los especuladores. Un estudio de Chile Transparente identificó algunos de los riesgos de corrupción más significativos dentro de la minería, dando cuenta de entidades no mineras que piden concesiones del subsuelo para proteger la explotación de sus terrenos. “Son empresas inmobiliarias, hidroeléctricas, entre otras, que no tienen como fin la explotación minera. La ley establece que una concesión minera se pide para exploración o explotación, sin embargo estamos viendo que se solicitan concesiones para otro tipo de uso”, advierte Emilio Moya, ex director de estudios de Chile Transparente.

Las concesiones mineras se rigen por la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Nº 18.097) y el Código de Minería, normativas que se comenzaron a crear desde 1980 con el único objetivo de proteger la extracción de minerales del país como el cobre, el hierro o el plomo. (ver infografía) 

Para el profesor de Derecho de Minería de la Universidad de Chile, Máster en Derecho en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Denver y director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), Marcelo Olivares, existe un segundo tipo de especulador, que es aquel “que prohíbe realizar actividad minera a cambio de una compensación económica. Eso es un fraude a la ley porque esa persona tiene una concesión minera no con el objeto de realizar esa actividad, es más, tiene una concesión no respecto de un sector que tenga interés geológico sino con el solo objeto de lograr compensación económica”.

La disputa sobre la reconstrucción de la pileta de Puerto Montt es un claro ejemplo de las acciones que puede llevar a cabo el especulador. En este caso el dueño de la concesión interpuso una acción judicial ante el Segundo Juzgado Civil de la ciudad para detener la obra, ya que “en la construcción de la pileta ornamental se habrían efectuado instalaciones subterráneas”, según informó Cooperativa Regiones. 

Para la abogada experta en derecho minero de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Sotomayor Mesa, quien participó de un dictamen que resultó favorable para el dueño del terreno superficial, los especuladores no buscan tener una respuesta definitiva y favorable para ellos, sino que le paralicen las obras al dueño del predio.

El fallo de Sotomayor en la Corte de Apelaciones de Concepción fue una nueva interpretación del artículo 565 del Código de Procedimiento Civil, ya que el propietario minero no tenía pruebas que comprobaran que quería desarrollar un proyecto, por lo que se determinó postergar la decisión de suspender provisionalmente las obras.

Gracias a la preponderancia que en Chile tiene el derecho minero sobre otros, los especuladores se sienten con la tranquilidad de llegar a un tribunal para que un juez determine paralizar las obras mientras se investiga el caso, situación que significa un gasto importante, se hablan de millones de dólares, obligando al dueño del predio superficial a llegar a un acuerdo económico con el especulador. En esto consiste puntualmente el modus operandi de esta especulación.

Un abogado que no quiso revelar su identidad por motivos de confidencialidad, contó que esta situación ocurre con frecuencia. “Estoy negociando con un concesionario minero en el norte, en Antofagasta. Una empresa me estaba cobrando montos que hacían inviable el proyecto, quiere sumas ridículas”, dijo el profesional.

María José Sotomayor explica que “los propietarios mineros que son especuladores no tienen una intención real de extraer mineral, sino que identifican dónde se van a desarrollar ciertos proyectos para luego llegar y paralizar las obras de la empresa y, por ende, obligarlos a negociar”.

Según J.U., perito mensurador de Sernageomin de la Región del Biobío, “los especuladores son personas que tienen información privilegiada, que saben dónde se van a realizar futuros proyectos y también pueden ser personas que trabajan en el rubro, ya que es cosa de ingresar a la Evaluación de Impacto Medio Ambiental, donde aparece toda la información del terreno, coordenadas, información que es pública”.

A pesar de lo anterior, hay casos en que los propietarios han encontrado una salida que les permite no ceder en primera instancia a la presión de los especuladores. Esto se debe a las acciones posesorias mencionadas en el artículo Nº 916 del Código Civil, que tiene como objetivo “conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos”. En otras palabras, se obliga a los especuladores a demostrar que tienen la intención de realizar un proyecto minero en dicho lugar y que su derecho a explorar o explotar la tierra no se verá afectado.

BALANCE REGIONAL DEL CATASTRO MINERO 

Según el Anuario de la Minería de Chile 2019, 27 millones 264 mil 634 hectáreas están bajo algún régimen de concesión minera en todo el país, lo que equivale al 36,06% del territorio nacional. De este total, más de 15 millones de hectáreas tienen licencia para ser explotadas (ver imagen 2)

En el caso de la Región del Biobío, que cuenta con 23.890 km² de superficie, el 12,75% del suelo está bajo concesión de exploración y el 5,7% bajo régimen de explotación (ver imagen 3).

Dentro de los mayores propietarios mineros de concesión de exploración de la región están la minera Ree Uno, más conocida como Biolantánidos, quienes poseen 74 mil 800 hectáreas. En segundo lugar, se encuentra Manuel José Barros Lecaros, quien fue asesor del subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irrarázabal, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y posee 54 mil 700 hectáreas. Le siguen Inversiones Bosquemar y sus filiales, que en conjunto acaparan 46 mil hectáreas.

En el caso de quienes tienen más concentración de concesiones de explotación, Inversiones Bosquemar es la sociedad que posee mayor superficie bajo su propiedad con 19 mil 854 hectáreas, con presencia en Lebu, Los Ángeles, Arauco, entre otras. Por su parte, la minera Ree Uno tiene 7 mil 847 hectáreas bajo este régimen.

En un ranking sobre los titulares de derechos mineros de la región, la mayoría pertenece al rubro de la energía, seguido por personas naturales que pueden representar a cualquier compañía como una forma de asegurar las pertenencias, y luego las empresas inmobiliarias, dejando relegado al sector minero.

A través de un análisis de datos obtenidos del Sernageomin, los cuales presentan un desfase en la actualización según informaron desde la propia institución, el 115% de la superficie de Tomé está bajo concesión de exploración, es decir, más que el tamaño de la comuna. Junto con Penco (59%) son las zonas donde la minera Biolantánidos concentra sus intereses para extraer tierras raras, las cuales se usan para la fabricación de baterías, medicamentos, entre otros. Por su parte, Hualqui alcanza el 66%, donde se han encontrado indicios de yacimientos de oro.

Martorell señala que la situación de Tomé se debe a que hay concesiones que se superponen. “Hay casos que hay dos, tres, incluso cuatro capas que ocupan la misma extensión. Esto no debería suceder, el sistema está pensado para que no pase pero en la práctica ocurre”, explica el abogado.

Según un estudio elaborado por Chile Transparente en 2018, “la obtención de licencias mineras de exploración que no son utilizadas para desarrollar actividad minera, sino que busca una especulación económica de dichas concesiones, pueden generar concentración de mercado y la reducción de barreras de entrada a distintos competidores, ya que las concesiones no estarían siendo utilizadas para los fines que se crearon”.

“Yo siempre le he dicho a la abuela materna que si quiere proteger sus tierras se haga una concesión”, dice el ex director de estudios de Chile Transparente Emilio Moya, como una forma de graficar la supremacía de la propiedad minera en Chile.

LOS DUEÑOS DEL SUBSUELO: EL CASO DE LA FAMILIA PÉREZ YOMA

La familia Pérez Yoma llegó al poder político chileno de la mano de Edmundo Pérez Zujovic, histórico militante de la Democracia Cristiana y ministro del Interior y de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Pérez Zujovic fue asesinado a manos de un grupo de extrema izquierda en Providencia, en 1971.

Su hijo mayor, Edmundo Pérez Yoma, siguió los pasos de su padre y formó parte del gobierno de Frei Ruiz Tagle, y tiene varias denuncias por desviación ilegal de aguas en Petorca. El otro hijo, Francisco Pérez Yoma, también es empresario pero no en el agua, sino en la industria de la construcción.

La Inmobiliaria PY pertenece a un holding de empresas dedicadas a la construcción con 40 años de experiencia en el sector, y presencia en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Atacama, O’Higgins, Coquimbo y Los Ríos. El empresario se hizo tristemente conocido en 1997 por ser el responsable de las “Casas Copeva”, viviendas sociales que se construyeron con materiales inservibles. Al tiempo después se supo que Francisco Pérez Yoma le había regalado un caballo corralero al ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla, quien debió renunciar a su cargo luego de conocerse el escándalo. De hecho, tuvo que cambiarle el nombre a su inmobiliaria al acrónimo del apellido Pérez Yoma para no seguir cargando con el peso de su antecesora.

Dieciséis años más tarde, el empresario Gonzalo Oyanedel dijo que “(Francisco Pérez Yoma) se jactaba de haber comprado en nada basurales, que después les echó tierra, construyó casas y que se había hecho millonario a costa de los pobres». Esto, luego de recibir un golpe en la cara de parte del empresario en la Parva tras enterarse de la infidelidad de su esposa, Kate Durant, con el ex dueño de la empresa Copeva.

El hecho de que una inmobiliaria posea un derecho minero en pleno centro de una ciudad se convierte en un verdadero comodín, que puede ser usado por la empresa en caso de detectar un proyecto que se esté ejecutando – o se vaya a ejecutar – en dicha zona y que estime que afecta a su inversión o sus intereses en ese lugar.

Si la inmobiliaria decidiera desarrollar un proyecto minero en el paño que tiene concesionado en Concepción, tendría que solicitar una autorización al gobernador, ya que según el artículo 17 del Código Minero, este es uno de los requisitos para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad, además de mantener una distancia mínima de 50 metros de edificios, caminos públicos, entre otros. Sin contar que habría que indemnizar a quienes se afectaría con la ejecución de esas faenas.

El abogado experto en derecho minero y constituyente por la Región de Antofagasta, Pablo Toloza, afirmó que en el caso de esta inmobiliaria “tiene un derecho que nunca lo va a poder hacer efectivo, porque en ese lugar jamás va a poder explorar ni explotar, por ser zona urbana, por tanto, rige el derecho que tienen las personas sobre el suelo por sobre el subsuelo y, además, hay norma expresa en la ley en la cual no puedes explorar o explotar en una zona urbana, dentro de un plano regulador”.

La inmobiliaria PY fue contactada reiteradas veces para saber por qué tienen una concesión minera en pleno centro de Concepción, sin embargo, no contestaron a nuestras preguntas.

Para Emilio Moya, “la concentración de mercados es una de las causas de corrupción privadas, además el uso de palos blancos da pie a la entrada de personas corruptas a un determinado mercado”, entendidos estos como algunas de las vulnerabilidades del sistema actual de las pertenencias mineras.

El subdirector nacional de Minería del Sernageomin, David Montenegro, asegura no contar con información respecto a la especulación. “Es más, como servicio no tenemos competencia para referirnos a eventuales conflictos de ese tipo. Sin embargo, quiero recalcar que las concesiones mineras, como derecho real e inmueble, pueden ser objeto de todo tipo de negocio jurídico lícito entre particulares”, afirmó Montenegro.

INVERSIONES BOSQUEMAR 

Inversiones Bosquemar Limitada, propiedad del Ingeniero Civil Juan Pablo Young, ha comprado derechos mineros a través de distintas filiales para explorar 46 mil hectáreas de la Región del Biobío, así como en Ñuble y La Araucanía, siendo propietarios de gran parte del subsuelo de la región penquista que equivale a más de 42 mil canchas del Estadio Nacional.

A través de Consorcio Eólico, Energía Eólica Rinconada y Parque Eólico Mesamávida, Inversiones Bosquemar tiene la capacidad de controlar gran parte del subsuelo de la región. Además, en conjunto con la inmobiliaria Madesal, crearon Consorcio Eólico Santa María, el cual pretende llevar a cabo un proyecto de energía renovable en la Isla Santa María.

“El marco regulatorio actual genera incentivos perversos para el uso de las concesiones mineras”, enfatiza Agustín Martorell, entendiendo que “cualquier persona puede obtener una concesión, aunque no tenga interés o conocimientos para llevar a cabo un proyecto”.

El abogado Marcelo Olivares agrega que la actual legislación “permite que personas que son titulares de concesiones mineras no tengan la obligación cierta, más que hacer un pago, y ahí surgen los especuladores, propiamente tal, esto es: tratan de tener cautivo ciertos sectores o áreas del país”.

Por su parte, el ex director nacional de Sernageomin, Rodrigo Álvarez, sostiene que esta práctica “es un abuso de derecho, que está reñida por la buena fé. Lo que tiene que imperar es nuestro derecho civil y en la medida que no hay regulación sucede la especulación. Entonces, tenemos empresas y personas que además cuesta individualizar porque estas se conforman por sociedad por acción, y por lo tanto cuesta determinar quiénes son. En definitiva, levantan esto con un tema de especulación”.

LA RIQUEZA DE CHILE 

Según datos obtenidos de la Tesorería General de la República adquiridos vía Ley de Transparencia, el Estado chileno en 2019 recaudó por concesión de exploración más de 9 mil 700 millones de pesos, mientras que por explotación percibió sobre 45 mil 200 millones de pesos, sumando en total 54 mil millones de pesos aproximadamente.

En 2020, el monto recaudado por el Fisco subió un 1,85% en comparación al año anterior, equivalente a 55 mil millones de pesos. Si lo graficamos con la construcción de uno de los 13 nuevos proyectos de hospitales en el país, el dinero que recibió el Estado a través

de concesiones mineras alcanzaría solo para construir el 37% del Hospital Bi Provincial Quillota – Petorca, que dispondrá de 282 camas para la población de la zona (ver imagen 4).

A pesar de la magnitud de la minería en Chile, la recaudación del Estado a través de las patentes de esta área es mínima. En comparación a otros países mineros, estamos muy por debajo de lo que recaudan Estados Unidos, Canadá y Australia. De hecho, Perú recauda 15 veces más que Chile por concesiones de explotación, según datos de la Comisión Nacional de Productividad (CNP) de 2019.

Además, el bajo costo de las patentes mineras permite a especuladores insertarse en esta industria, manipulando el mercado a través de los caminos permitidos por la actual regulación.

En ese sentido, la filial chilena de Transparencia Internacional acusa que la existencia de personas naturales que no son los verdaderos dueños de las concesiones obstruyen el mercado. “Se solicitan concesiones a nombre de empresas que no desarrollan labores mineras y que las requieren como parte de su estrategia de expansión”, indica el documento. “La existencia de beneficiarios finales no declarados puede dar lugar a la posibilidad de conflictos de intereses inmanejables, favoritismo y que ingresen en el sector actores delictivos o sin experiencia”, agregan.

Pese a la alta cantidad de empresas no mineras poseedoras de derechos mineros en el Biobío, para Moya uno de los aspectos más graves es la existencia de los “palos blancos”, pues impiden conocer al beneficiario final de la actividad económica. “Es sumamente problemático para cualquier negocio porque eso puede dar entrada a gente que esté vinculada al narcotráfico, o que haya tenido problemas de corrupción en otros países”, sostiene el sociólogo de la Universidad de Chile y Doctor en Estudios Latinoamericanos.

Emilio Moya afirma que “la riqueza de Chile tiene que ser transparente porque la concesión es un permiso que entregamos todos nosotros en esta ley, y la pregunta es saber quiénes están haciendo uso correcto de las concesiones”.

Para conocer la postura de las autoridades, se intentó concretar una entrevista con el ministro Juan Carlos Jobet y el subsecretario de Minería, Edgard Blanco, pero no respondieron a nuestras solicitudes.

DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL

El 25 de octubre del 2020 se abrió el debate sobre el modelo social y económico que imperará en Chile a través de una nueva constitución. A 40 años desde que se realizó la última modificación a la industria minera, durante el régimen de Augusto Pinochet, hoy muchos expertos coinciden en que es momento de cambiar el sistema de concesiones creado en dictadura.

Sin embargo, los defensores de la actual regulación sostienen que ésta brinda estabilidad para las empresas. De hecho, el exministro de Minería durante el régimen militar, José Piñera explicó en su libro “Fundamentos de la Ley Constitucional Minera” que la Ley Orgánica junto con el Código de Minería fueron hechas para dar «acceso libre» y «seguridad judicial» a los inversores privados.

Para el director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Marcelo Olivares, el sistema de concesiones mineras vigente ya cumplió su etapa y propone que se aumente entre cinco y doce veces lo que los titulares pagan por un derecho minero, para que así el monto sea disuasivo. “A los especuladores les va a doler estar pagando por un recurso ocioso. Tendrán que ver si hay interés geológico real, o si no lo botarán”, agregó.

El constituyente por el distrito 3, Pablo Toloza, coincide con Olivares en cuanto a subir el precio de los derechos mineros. “Eso limita la especulación. Si fuera más alto el valor del derecho que tienes que pagar de patente minera, lo pensarían dos veces en hacer esto”, dice el abogado y militante de la UDI.

“Las instituciones tienen que conversar. Si usáramos la tecnología y lográramos crear un gran mapeo del país completo, este problema no existiría, porque el tribunal pediría un informe de la zona, y aparecería que lo que se está pidiendo está en la cancha de fútbol del Ester Roa, por ejemplo, y el juzgado de letras rechazaría la solicitud. Yo no digo que tenga que haber más Estado, el Estado tiene que ser más eficiente”, explicó Toloza, quien además es exintendente de Antofagasta.

David Montenegro recalca que “el Sernageomin no posee información sobre eventuales especulaciones que se realicen sobre concesiones mineras, ya que dentro del rol fiscalizador de este servicio no incluye advertir o impedir su otorgamiento, sino sólo prestar asesoría técnica a los juzgados”.

La abogada Laura Novoa, quien participó en la creación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, cree que “la principal modificación que convendría introducir sería que la concesión de exploración pueda hacerse por técnicos y no por decisión judicial”.

El carácter indefinido de la concesión de explotación debe ser objeto de modificación para Rodrigo Álvarez: “no puede haber concesiones mineras permanentes. Si dentro de un plazo razonable, que en su mayoría son proyectos a largo plazo, no se explotan, deberían volver a ser parte del Estado y eso hoy en día no sucede”, dijo el exdirector del Sernageomin.

Actualmente en Chile existen 126.169 concesiones mineras que posiblemente van a sufrir modificaciones por la nueva Constitución. En ese sentido, Agustín Martorell cree que “en algún momento la regulación se va a tener que hacer cargo de esto y va a tener que, de algún modo, limitar los derechos del concesionario minero, aunque a nadie le guste, pero es algo que va a ocurrir”.

Los exministros de Minería, Laurence Golborne y Karen Poniachik, fueron contactados para conocer su opinión, sin embargo, ninguno quiso responder al tema de concesiones mineras, ya que hace años que no se encuentran trabajando en el área minera y política.

Este 2021, Chile vivirá una nueva elección presidencial con 11 candidatos. Solo uno presenta una propuesta relacionada a la modificación de las concesiones mineras: el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En su programa de gobierno, Briones afirma que en contraste con otras jurisdicciones mineras relevantes, el costo de las patentes en Chile es demasiado bajo, lo que “no solo significa una menor recaudación, sino que también genera incentivos perversos para no explotar los recursos disponibles” y agrega que “las bajas patentes actuales bloquean la entrada y con ello el desarrollo, al tiempo que fomentan la especulación”.

En esa línea, el exmiembro del directorio de Codelco cree que los precios de las concesiones mineras debieran aumentar gradual y considerablemente si se busca llegar a un nivel similar de aquel cobrado por otras potencias mineras. Además, afirma que se tiene que “transparentar la verdadera duración de exploración, incentivando la entrega de información geológica” y propone que la concesión de explotación dure como máximo 30 años.

No obstante, la Convención Constituyente se enfrentará a una ley de concesiones mineras en Chile que tiene un carácter orgánico constitucional, es decir, requerirá para su modificación o derogación, el apoyo del 57% de los diputados y senadores en ejercicio.